En un artículo publicado el mes pasado en la revisita noticiosa norteamericana, The Nation, el gobierno de Estados Unidos le dio dinero a compañías con lazos con los paramilitares derechistas colombianos responsable por la matanza de miles y envueltos en el narcotráfico.

Coproagrosur, compañía que cultiva palma de aceite, recibió $161.000 de la agencia USAID a través del Plan Colombia. Supuestamente este dineral fue para ayudar combatir el tráfico de drogas, pero al contrario, puso dinero en las manos de Carlos Mario Jiménez, un jefe paramilitar responsable, según sus propias palabras, por las muertes de 4 mil civiles.

El accionista de Coproagrosur actualmente se encuentra encarcelado en Washington desde mayo 2008 donde será juzgado por tráfico de drogas. Jiménez, conocido como “Macaco” dejó la vía armada bajo un programa de “amnistía” del presidente Álvaro Uribe. Uribe, un derechista, ha sido conectado con los paramilitares y el narcotráfico. Antes de su muerte, el gobierno de Estados Unidos estaba tratando de extraditar a su padre para juzgarlo por el tráfico de drogas.

Activistas de derechos humanos dicen que las bandas paramilitares de derecha no fueron desmovilizadas, sino legalizadas y acusan a muchos candidatos derechistas de usar fondos del narcotráfico para sus campañas electorales.

Gradesa, otra compañía que recibió fondos del Plan Colombia a través de USAID, cuenta en su directiva con dos hermanos narcoparamilitares – Antonio Nel Zúñiga y Carlos Alberto Zúñiga. Los hermanos Zúñiga están bajo investigación por los delitos de concierto para delinquir, usurpación de tierras, y desplazar por la fuerza negros de sus comunidades en el departamento de Chocó en el noroeste del país.

USAID también otorgó dinero a otras compañías en la cual los hermanos Zúñiga están envueltos.

El artículo nota que fue la base para los paramilitares organizados por “tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos”. Estos tres eran parte del cartel de Medellín, encabezado por el narcotraficante Pablo Escobar.

Sigue el artículo diciendo que los hermanos Castaños recibían ayuda financiera de dueños de negocios y tierras ricos y del Ejército colombiano. “Ellos colaboraron tan estrechamente con la guerra sucia de los militares colombianos en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que un informe de Human Rights Watch los llamó ‘la sexta división’ del Ejército”. Estos paramilitares mataron a miles de gente que no tenían nada que ver con las guerrillas señala el artículo.

Cuando en el 1985 las FARC decidió dejar la lucha armada y entrar en la vida política pacífica a través del partido Unión Patriótica, miles de sus candidatos, dirigentes y militantes fueron asesinados por los paramilitares. Las FARC resumió la vía armada.

El artículo cita al senador Gustavo Petro del Polo Democrático Alternativo, coalición de izquierda que es una de las principales fuerzas políticas del país. Dice Petro que EEUU está subsidiando al tráfico de narcóticos porque los traficantes y los paramilitares usan el sector de la palma para lavar las ganancias del narcotráfico.

El Polo Democrático Alternativo busca ganar elecciones para formar un gobierno de justicia social en la cual las guerrillas de izquierda puedan entrar en la vida pacífica del país.

Actualmente el gobierno trata de vincular políticos de izquierda, sindicalistas y otros luchadores por las reclamaciones del pueblo como conectado con las FARC. Los acusados son los senadores por el Polo, Gloria Inés Ramírez, Jorge Enrique Robledo, el representante a la Cámara Wilson Borja, la senadora del Partido Liberal Libertad Piedad Córdoba y el concejal de Bogotá, Jaime Caycedo. Caycedo, elegido como candidato del Polo es también secretario general del Partido Comunista.