El alto costo de leyes contra inmigrantes

Editorial

En estado tras estado, 45 en totalidad, siguen padeciendo de déficits altos en sus presupuestos debido al costo de leyes locales contra inmigrantes indocumentados.

De acuerdo a un informe publicado en enero por el Proyecto Nacional sobre Leyes de Empleo, las leyes diseñadas para tomar medidas duras en contra de los indocumentados tienen el resultado empeorar a la economía local después de que se vayan las familias indocumentadas.

No es sorprendente que los 12 millones de inmigrantes indocumentados hacen una gran contribución a las economías locales donde viven. Pero la política de mano dura contra los indocumentados pone a municipios — y el país entero — en apuros económicos. Los inmigrantes son gente que trabajan fuerte y pagan impuestos — impuestos por ventas, de propiedad, sobre ingreso, el Seguro Social y otros — que ayudan a estimular a la economía.

El reporte dice que los estados de Utah, Arizona y Colorado están gastando millones de dólares de los contribuyentes para leyes locales que usan para negarles a gente servicios humanos básicos. Al negarles servicios, junto con animar a un ambiente de miedo, hace que los inmigrantes, ambos documentos e indocumentados, se vayan del área donde contribuyen a la economía.

En Arizona, la contribuciones de los que no son ciudadanos, inclusive los indocumentados, llega a $29 mil millones.

Además, muchas de estas leyes han resultado en Riverside, Nueva Jersey, un pueblito de 8.000 residentes tuvo que pagar $82.000 en gastos legales para defender sus leyes antiinmigrantes que fueron revocadas en septiembre del 2007. Incluso, muchos negocios de inmigrantes cerraron por el ambiente xenofóbico que se había creado.

Igualmente en Hazleton, Pennsilvania. Ahí muchos negocios cerraron al irse inmigrantes del área con sus familias. No solo eran solo los indocumentados, sino los que tenían residencia legal y ciudadanía. Entre los ciudadanos había puertorriqueños que se fueron por el ambiente antihispano que surgió tras las leyes. El gobierno de Hazleton va a tener que pagar $1.000.000 a los abogados por defender y después perder el caso en los tribunales.

La redada federal en la procesadora de carne en Iowa el año pasado le costó al público estadounidense $6,1 millones — $5,2 para la agencia de Inmigración y Aduanas y otro millón para el Servicio de Alguaciles Federales y los tribunals.

También está el costo humano de esta política de redadas, detenciones y deportaciones. Un bebé de dos meses nacido de padres inmigrantes murió en Oklahoma después de pasar diez días con diarréa. Los padres pensaban que serían deportados bajo una ley estatal si iban a un hospital. Cuando al fin lo llevaron a una clínica el infante había muerto de algo tan fácil de curar.

Las leyes antiinmigrantes en los estados han resultado en una pérdida económica de $1,8 mil millones al huir los trabajadores extranjeros.

El problema verdadero para los presupuestos de los estados viene de los patronos sin escrúpulos que pagan a los trabajadores debajo de la mesa y por menos del salario mínimo y no proveen un ambiente de trabajo seguro. Las leyes laborales que protegen a todos los empleados — con o sin papeles — junto con una reforma integral de las leyes migratorias son las dos cosas que los municipios deben de exigir al gobierno federal.

Ninguna compañía de Estados Unidos debe permitírsele explotar a ningún trabajador ni negarle a ningún empleado el derecho de unirse a un sindicato. Tampoco se le debe permitir que usen las leyes de inmigración para amenazar a sus empleados que quieran mejorar su situación laboral organizando un sindicato que represente sus derechos.

Estamos viviendo en una época en la cual los empleos están escasando, la actividad económica se ha rebajado y sube el desempleo. El país sufre de la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los 1930s y los municipios y estados necesitan ver a las comunidades de inmigrantes como parte de la solución y no el problema.

Ahora más que nunca, tenemos que buscar soluciones prácticas de largo plazo. Todos deben dejarles saber al presidente Barack Obama y al Congreso que necesitamos promulgar una reforma integral migratoria que incluya una vía a la legalización y ciudadanía. Esto sería una gran contribución a nuestra economía.