WASHINGTON — Un informe de un grupo de expertos del Colegio de Abogados Norteamericano respaldó a la democracia y a gobierno por ley el 23 de julio al declararse firmemente contra el uso del presidente George W. Bush de las “declaraciones al firmar” con fines de anular leyes aprobadas por el Congreso.

Estas declaraciones al firmar, emitidas cuando Bush aprueba con su firma un proyecto aprobado por el Congreso transformándolo en ley, “reafirman la autoridad de Bush para desconocer o negarse de hacer efectivas las leyes debidamente aprobadas por el Congreso”, dice el reporte de un grupo de trabajo de primera del Colegio. Estas afirmaciones de un poder presidencial unilateral “minan el dominio de las leyes y nuestro sistema constitucional de separación de poderes”, añade el reporte.

Michael S. Greco, presidente del Colegio, dijo que la creación del grupo de trabajo se debe a un artículo publicado en el diario The Boston Globe que reveló la práctica de Bush de utilizar declaraciones al firmar para anular, parcialmente o por completo, una ley que no le agrada en vez de aplicar su veto. El veto de Bush a la propuesta de ley sobre la investigación científica de las células troncales, emitido hace dos semanas, fue el primero de su presidencia.

“Este reporte revela serias preocupaciones cruciales teniendo que ver con la supervivencia de nuestra democracia”, dijo Greco. “Si se deja sin retarse, esta práctica del presidente daña gravemente a la doctrina de la separación de poderes y al sistema de límites y balances que nos han servido durante más de dos siglos para mantener a nuestra democracia”.

Agregó, “Hace falta acción inmediata para dirigirnos a esta amenaza a la Constitución y al dominio de las leyes en nuestro país”.

Se someterá el reporte a la próxima convención del Colegio en Hawai.

Bush ha usado declaraciones al firmar en por lo mínimo 800 ocasiones, más que todos sus antecesores en total. Desde el empezar de la República, los presidentes han comprendido, en las palabras de Jorge Washington, que un presidente tiene que “aprobar a todas las partes de un estatuto aprobado por el Congreso, o rechazarlo por completo” con su veto. Sin embargo, en las palabras del presidente de la Comisión Judicial del Senado, Arlen Specter (republicano por Pensilvana), parece que Bush se siente libre para “escoger entre las provisiones a las que a él le gustan, y excluir a las que no le agradan”.

Merece este reporte una atención muy especial porque el grupo de trabajo incluye a varios conservadores, entre ellos Bruce Fein, ex oficial del departamento de Justicia de la administración Reagan, y William Sessions, ex director de el FBI. Fue encabezado por un abogado de Miami, Neal Sonnett, que dijo, “El abuso de las declaraciones presidenciales al firmar amenaza al dominio de las leyes”.

Sonnett añadió, “El Colegio tiene una profunda responsabilidad de hablar muy claro por proteger a estos puntos clave de la democracia”.

Marjorie Cohn, presidente electa del Gremio Nacional de Abogados, dijo a Nuestro Mundo en un mensaje electrónico dos de las declaraciones al firmar de Bush sobresalen por lo peligroso que son: “sus declaraciones de intento de no cumplir con la enmienda McCain contra la tortura”, y otra declaración al firmar en la cual juró “no reportar al Congreso el uso de la Ley Patriota para registrar a domicilios privados y para confiscar a papeles privados”. La enmienda del senador John McCain contra la tortura fue aprobada en el Senado por un voto de 90 a 9; pero Bush proclamó en su declaración al firmar que iba “interpretar” a la ley de una manera que le permita seguir autorizando torturas, en violación a las leyes norteamericanas e internacionales.

Cohn agregó, “El uso por Bush de las declaraciones al firmar representa una amenaza muy fuerte contra la doctrina de la separación de poderes”. Subrayó que hasta el senador Specter, partidario leal de Bush, ya está en favor de legislación para obligar al presidente a someter todas sus declaraciones al firmar al Congreso para su revisión, y también para hacerlas sujetas a la revisión judicial. “Representaría esto para Specter un claro abandono de sus tendencias anteriores de someterse a la voluntad de Bush”, escribió ella.

Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Norteamericana pro Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que su grupo se opuso a la nominación de Bush del juez Samuel Alito al Tribunal Supremo Alito fue partidario de la tal llamada “teoría de la ejecutiva unitaria” y abogó por una “expansión agresiva” de los poderes presidenciales, incluso “un aumento en el uso de las declaraciones presidenciales al firmar… para así triunfar contra el intento del Congreso y la historia legislativa”.

Alito recomendó el uso de las declaraciones al firmar, en sus propias palabras, “por aumentar al poder del ejecutivo para hacer las leyes”.

Dijo Romero, “Esta afirmaciones de un poder presidencial predominante forma la base del reclamo de Bush de que él puede autorizar la tortura o el encarcelamiento como ‘combatientes enemigos’ a ciudadanos norteamericanos, sin formular cargos en su contra”.