Gobierno Bush aprobó la tortura

Que el departamento de Justicia hizo público los memos sobre tortura indica que el país todavía está en las carras de la pasadilla creada por George Bush, Dick Cheney y su administración.

Enseguida que el presidente Obama aprobó que salieran a la luz pública empezaron las protestas.

Desde la derecha Cheney, el senador republicano Lindsay Graham y Karl Rove criticaron a Obama por “dejar a los terroristas saber” de las técnicas extremas y por ende, supuestamente, permitirlos entrenarse contra estos métodos. Esto ignora la realidad de que se conoce que efectivos de Estados Unidos están usando torturas como simulacro de asfixia y otras torturas.

Citando uno de los memos, el diario The New York Times dijo que simulacro de asfixia fue usado en dos sospechos de Al Qaeda 266 veces.

Otros métodos mencionados en los memos incluye no dejar un preso dormir por una semana, mantenerlos desnudos, y obligarlos a mantenerse en posiciones dolorosas.

John Conyers, demócrata por Michigan y presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, está trabajando para establecer la Comisión Nacional sobre Poderes Presidenciales de Guerra y las Libertades Sociales para investigar el uso de tortura y otras actividades del gobierno Bush que pueden ser ilegales.

En el Senado, Dianne Feinstein, demócrata por California y presidenta de la Comisión sobre Inteligencia, le escribió al presidente pidiéndole que no descarte la posibilidad de llevar gente ante la justicia hasta que su comisión termine con investigaciones durante los próximos seis a ocho meses. El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Patrick Leahy (demócrata por California) está encabezando otra investigación.

El grupo cibernético MoveOn dijo en un comunicado el 21 de abril, “Hasta la fecha, nadie ha tomado responsabilidad por ser los arquitectos del programa de tortura de Bush – los altos oficiales que justificaron mantener a detenidos despiertos por once días consecutivos, repitiendo los simulacros de asfixia, y forzando a los presos estar en cajas que parece ataúdes con los insectos. Necesitamos que los responsables asuman las consecuencias – es la única manera para asegurarnos que esto no pase otra vez”.

“El secretario de Justicia, Eric Holder, puede empezar una investigación del programa de tortura – pero es más probable que no lo haga a menos que la gente en todos lugares hablen y lo exijan”.

El grupo tiene una petición en línea con cientos de miles de firmas.

Ambos los Demócratas Progresistas de América y el Centro de Derechos Constitucionales buscan el desafuero de Jay Bybee, quien escribió el “manual” de tortura y fue un asistente fiscal general bajo Bush y actualmente es un juez del Noveno Tribunal de Apelaciones en San Francisco nombrado por Bush.

Bybee no solo ha justificado la tortura sino que escribió en truculentos detalles como agentes de la CIA en las prisiones lo condujeron.

Douglas Kmiec, profesor de derecho en la Universidad Pepperdine, encabezó la Oficina de Abogacía Legal bajo los presidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush. Él dijo los memos eran una lista de tortura y que el presidente Obama merecía “gran crédito” por hacerlos público. Pero Kmiec duda de que, aunque muchos quieran, llevar a los responsables a tribunales por crímenes de guerra.

No obstante, Michael Ratner del Centro de Derechos Constitucionales argumenta que la decisión de llevar a los que cometen tortura no pertenece a Obama.

“O llevar a la justicia o no a los que violan las leyes no es una decisión política”, dijo Ratner. “Las leyes fueron violadas y delitos cometidos”.

“Esto tiene que ver con asegurarnos que no nos vamos a convertir en una nación que emplea la tortura. La prohibición a la tortura no debe depender en quien es presidente… Nosotros procesamos a los que violan leyes para disuadir a las violaciones de leyes. El presidente Obama, al dar impunidad a los torturadores, se convierte en cómplice de sus acciones. La historia no lo juzgará bondadosamente”.

De acuerdo a reportes, Obama dejó abierta la posibilidad de enjuiciar a oficiales del gobierno Bush que dieron razones legales para el programa de tortura.

John Wojcik contribuyó a este artículo.