Por cada dos personas detenidas en redadas migratorias se deja un niño atrás, dice un reporte, “Pagando el precio: El impacto de las redadas migratorias sobre los niños americanos”, que acaba de ser publicado por el Concilio Nacional de La Raza y el Instituto Urbano.

El reporte revela que dos de cada tres niños afectados son ciudadanos estadounidenses, e indica que la mayoría tiene menos de 10 años de edad.

“En EEUU viven cinco millones menores de edad con un padre o madre sin documentos”, dice Rosa María Castañeda, coautora del documento e investigadora con el Instituto Urbano.

Castañeda dijo, “Es importante examinar muy seriamente y muy intensamente el impacto a los niños y considerar cómo están siendo afectados”.

“Son los más vulnerables de la sociedad”, declaró ella.

Subraya el estudio que las redadas migratorias causa daño directamente al bienestar psicológico, educacional, económico y social de los menores. Tales redadas tienen un impacto muy grave para las comunidades inmigrantes, los sistemas escolares, los proveedores de servicios sociales y las instituciones religiosas, organismos que siempre han sido los primeros en responder a las necesidades familiares en caso de detenciones migratorias. Las redadas migratorias, dice el estudio, llevan como consecuencia sufrimiento económico y trauma emocional para los niños.

Los investigadores del Instituto Urbano estudiaron a tres comunidades que tuvieron redadas de gran escala durante el último año por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) en lugares de trabajo: Greeley, Colorado, Grand Island, Nebraska, y New Bedford, Massachusetts. Un total de 912 personas fueron detenidas, afectados directamente a 506 menores de edad.

Muchas escuelas, guarderías de niños y familias extendidas sintieron los efectos. En cada caso, estas funcionaron para la protección social de los niños cuyos padres y madres fueron detenidos.

En el día de las redadas en las tres áreas tomaron los distritos escolares un cuidado especial por no dejar a los niños en casas vacías ni abandonados en las escuelas por toda la noche.

El reporte criticó los procesos de detención de la ICE bajo los cuales se les niega a los detenidos acceso al teléfono, y la detención de muchos arrestados fuera de sus estados de domicilio, dificultándoles cualquier contacto con sus familias u prestadores de cuidad cuando buscan arreglar cuidado para sus niños.

Después de las redadas la mayoría de los niños se quedaban con cualquiera de los padres que quedaba. Sin embargo, en Grand Island un 17 por ciento de los menores tuvieron a ambos padres arrestados.

Los recursos de otros familiares y amistades se agotaron muy rápido. El apoyo de grupos de servicios sociales sin fines de lucro duraron apenas tres o cuatros meses, pero algunos padres de familia pasan hasta seis meses detenidos, subrayó el reporte.

Muchos niños sufrieron trauma emocional debido a la ausencia repentina de sus padres, muchas veces culpándose a si mismos de la separación y sintiéndose abandonados. Muchos viven con el miedo que se les pudiera quitar en cualquier momento el otro padre de familia no detenido.

Por esas razones y más, muchos grupos nacionales pro derechos migratorios han exigido una moratoria a todas las redadas de la ICE y a todas las deportaciones.

Por semanas enteras después de las redadas se escondían familias inmigrantes en sus hogares sin querer abrirles la puerta, ni siquiera a los que venían ofreciendo ayuda.

Enfatizan los expertos de salud mental que los miedos de sus padres y los eventos relacionados con las redadas les causaban en los niños depresión, desordenes del estrés postraumático, ansias de separación y hasta pensamientos de suicidio.

El reporte incluye a una serie de recomendaciones a los dirigentes políticos, oficiales locales, proveedores de servicios locales y la ICE para asegurar que estén protegidos los niños cuando ocurran redadas. Por ejemplo, dice el reporte, la ICE siempre debe de presumir que habrán niños afectados cuando arrestan a adultos en lugares de trabajo, y por eso debe ser establecido una política consecuente cuando se trata de la detención de padres y madres de familia.

Dice también que el Congreso debe ejercer controles sobre la aplicación de las leyes migratorias con fines de asegurar que estén protegidos los menores, con recursos adecuados para las escuelas y las agencias locales que responden a las necesidades de estos niños. También deben instituir en las escuelas lugares seguros para los niños en caso de una redada en horas de clase, dice el reporte.

En fin, urge el reporte a las agencias de servicio social y demás organismos públicos que preparen ya planes para responder a redadas de la ICE y que se desarrollen estrategias públicas para asegurarles los a padres de familia y a otros proveedores de cuidado que pueden buscar con seguridad ayuda de emergencia y un apoyo para sus niños.

En vista del reporte, el Concilio Nacional de La Raza ha pedido al Congreso que se celebren audiencias lo más pronto posible tocante al estatus de los niños afectados por las redadas migratorias.

Claro está que todavía estas no son soluciones a la cuestión migratoria. El Concilio Nacional de La Raza aboga por una vía a la ciudadanía para los indocumentados y la “legalización de inmigrantes que viven, trabajan, y contribuyen a la vida en EEUU”.

El congresista demócrata por Nueva York, José Serrano, introdujo el proyecto de ley HR 213 que proveen que los padres de niños nacidos en EEUU, y por ende son ciudadanos, puedan quedarse el el país basado en un fallo de un juez de inmigración.