WASHINGTON — El presidente George W. Bush tiene que trabajar horas extras para convencer al pueblo norteamericano que los espias de su Agencia de Seguridad Nacional no tienen intervenidas sus llamadas telefonicas.

“No estamos ni minando ni haciendo investigaciones arbitrarias de las vidas personales de norteamericanos comunes y corrientes”, dijo Bush en un discurso en Mississippi Community College en Biloxi, Mississippi el 11 de mayo. Pero según el diario USA Today, edición del mismo día, las telefónicas Verizon, AT&T y BellSouth, están dando datos sobre las llamadas de decenas de millones a la Seguridad Nacional aunque no hay sospecha alguna de un delito.

Según el artículo ejecutivos de las tres compañías acordaron en 2001 de cooperar con Seguridad Nacional, cuyo director en aquel entonces, el general Michael Hayden, se expresó en favor de espiar sin orden judicial. Hayden acaba de ser nombrado como jefe de la CIA. Los senadores prometieron cuestionar a Hayden por esas actividades durante las audiencias de confirmación.

El reporte en USA Today dice que la meta del programa es el de crear un archivo computarizado de todas las llamadas telefónicas del pueblo entero, una cosa “mucho más expansiva que la Casa Blanca ha reconocido”.

Se presume que la “guerra en contra del terror” es la excusa para esto.

El senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont) mostrando una copia del USA Today dijo “¿Hasta donde va a llegar esto? ¡Qué vergonzoso para nosotros, que hemos sido tan listos para aprobar todo lo que esta administración pide!”

Poco después de la aparición del artículo, Qwest Communications dijo que les habían pedido los mismos datos sobre sus clientes, pero esta se negó entregarlos por razón de la privacidad. Varios días después, Verizon y BellSouth también negaron la versión de que habían entregado la información, aunque Verizon dejó abierta la posibilidad de que la empresa MCI, recién adquirida por Verizon, lo había hecho. AT&T dijo solamente que ha cumplido con la ley.

Noticias ABC reveló esta semana que personas no identificadas les habían advertido que deben “conseguir teléfonos celulares nuevos”, porque Seguridad Nacional los están escuchando. Jim Naureckas, editor de Extra, el periódico en Internet de la organización “Imparcialidad y Precisión en Reportaje”, dijo a Nuestro Mundo, “ABC investigaba las cárceles secretas de la CIA en Europa Oriental. Estaban siguiendo una tradición orgullosa de periodismo democrático, descubriendo conducta abusiva del gobierno. Criminalizar tal actividad por medio de poner sus llamadas telefónicas bajo vigilancia, es un verdadero ultraje”.

La actitud de la administración de Bush hacia el derecho constitucional de libertad de prensa es la misma que “su actitud hacia las libertades civiles en general —que estamos en una guerra, y ya no aplican las reglas”.

Pero ya que Bush dijo que la guerra contra del terrorismo no se acaba nunca, es posible la suspensión de la Constitución “durante todas nuestras vidas”, advirtió Naureckas. “La libertad de prensa es una cosa vital que tenemos que defender. Sin prensa libre, las posibilidades de retener a nuestras otras libertades son escasas”.

Naureckas desmintió la versión Bush-Cheney, de que los únicos blancos de la vigilancia son personas sospechadas del terrorismo. Una vez que la vigilancia de llamadas telefónicas ha sido autorizada, todo el mundo se convierte en blanco “personas que protestan en contra de la guerra en Irak por ejemplo. No hay manera de saber hasta donde todo esto va a llegar”.

David MacMichael, antiguo analista para la CIA, y cofundador de Veteranos de los Servicios de Inteligencia Pro Cordura, dijo al Mundo que la administración se caracteriza por una “mentalidad policíaca. Resienten la Cuarta Enmienda que les obliga a conseguir ordenes de cateo…Fueron a las grandes compañías telefónicas y les dijeron ya debemos regresar a 30 años de la época de la Guerra de Vietnam, cuando AT&T hacía lo mismo”.

La meta de esta vigilancia es de crear un clima de miedo tan profundo de que la gente tenga miedo de firmar peticiones o participar en manifestaciones anti-guerra, dijo él. “Para esta administración, la Constitución y la ley son lo que ellos dicen que son. Como ya ha dicho Bush ‘yo soy el decididor’. Como nos acercamos a la elección, anticipamos cierta reorganización de nuestro sistema bipartidario, para formar alianzas para defender la Constitución”.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) anunció el 11 de mayo que 72 legisladores encabezados por el congresista John Conyers (demócrata por Michigan) han presentado un escrito “amicus curiae” (amigo de la corte) en la corte federal por el distrito de Michigan, pidiendo que esta vigilancia telefónica sea declarada ilegal y pidiendo que sea terminado de inmediato.

La demanda fue introducida en nombre de una agrupación de destacados periodistas, académicos, abogados y organizaciones sin fines de lucro, que hablan a menudo con personas en el Medio Oriente.

“Desde 2001, la Agencia de Seguridad Nacional ha intercepcionado secretamente a llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico de ciudadanos norteamericanos sin ninguna supervisión judicial y en plena violación de la Cuarta Enmienda” de la Constitución, dijo Ann Beeson, vicedirectora legal de la ACLU.

Refiriéndose al “amicus curiae” de Conyers y demás, “El apoyo que recibimos hoy de tantos líderes de nuestro gobierno federal muestra que el gobierno no tolera que el gobierno espíe a sus telefoneadas y correos electrónicos sin aprobación judicial”.

El escrito de los legisladores desmiente los argumentos de Bush de que la vigilancia por parte de Seguridad Nacional es legal, y acusa la administración de actuar en contra de los deseos explícitos del Congreso.