HARTFORD, Connecticut – Organizaciones laborales, comunitarias y de libertades civiles se están uniendo con los inmigrantes luchando por el derecho de conducir en Connecticut.

Después del 11 de septiembre, el Departamento de Vehículos de Motores (DVM) decidió escribir unas nuevas regulaciones que le niega a los inmigrantes que no están aquí permanentemente el derecho de obtener una licencia para conducir.

Las propuesta, escritas sin tomar en cuenta las necesidad de las familias inmigrantes de viajar al trabajo, escuelas, médicos y para hacer compras, vino bajo ataque inmediatamente.

Reciente, unas cuantas autobuses de trabajadores inmigrantes entraron al Edificio de Oficinas Legislativas en Hartford para una segunda vista pública sobre su derecho de manejar.

Esta vista pública fue hecha por la insistencia de miembros de la Legislatura Estatal que estaban presente en la primera vista pública en Waterbury cuando el DVM prohibió la entrada a la reunión pública a inmigrantes que llegaron en dos autobuses. Para prevenir la entrada de los inmigrantes pacíficos la policía estatal le hecho gas pimienta en sus caras.

Respondiendo a la crítica pública por sus acciones el DVM modificó su propuestas originales a tiempo para la segunda vista pública.

“Las nuevas regulaciones son un poco menos draconianas,” dijo Ruth Hernández, inmigrante y organizadora para el Local 32B&J del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU - por sus siglas en inglés). “Sin embargo, muchos grupos de inmigrantes que están legalmente en este país todavía no van a poder conseguir licencias bajo las nuevas provisiones.”

“Esto es una cuestión de justicia,” dijo Eduardo Jiménez, inmigrantes y miembro de la organización comunitaria ACORN, “Yo trabajo, pago impuestos, a mí se me debe permitir manejar. No es mejor saber que yo sea un chofer cualificado, asegurado que tener que preocuparse de que yo tenga un accidente y causar un riesgo a la seguridad pública.”

Además del testimonio de los trabajadores inmigrantes, varios legisladores estatales, el presidente de la AFL-CIO de Connecticut, John Olsen, y Teresa Younger, directora de la Unión de Libertades Civiles de Connecticut hablaron en la vista pública.

Hablando de parte de los 211 mil trabajadores afiliados a los sindicatos en el estado, Olsen hizo énfasis en que la tragedia del 11 de septiembre “no permite usurpación de los derechos obreros ... América es un país es un país de inmigrantes. Negar el permiso de conducir es fundamentalmente injusto, y va en contra de los derechos democráticos.”

“El derecho humano más básico es el de un empleo,” dijo el legislador Felipe Reinoso. Reinoso , que también es inmigrante representa a Bridgeport. “La licencia de conducir se necesita para ir a trabajar, para dar de comer a la familia. No es un lujo, es una necesidad.”

Señalando hacia el salón lleno de gente, él le dijo a los oficiales del DVM. “Tu casa es mi casa. Este estado es mi estado, tu estado, nuestro estado, el Gran Estado de Connecticut. Ningún ser humano es ilegal.”

El legislador Demetrios Giannaros, también un inmigrante que representa a Farmington y Plainville, castigó a los comisionados con ira, diciéndoles que no “trate a los inmigrantes como ciudadanos de segunda o tercera clase.”

Él enfatizó que las reglas propuestas “no solo discriminan contra los más vulnerables y crean una clase de gente que son discriminados, sino que causa daño a la economía de Connecticut. Connecticut necesita buenos trabajadores que puedan llegar a su trabajo”.

“Por favor tomen un vistazo a la gente en este salón,” dijo Ruth Hernández. “Estas son la gente cuyas vidas Ustedes le están causando daño con su política. Ellos no son terroristas. Ellos son como Ustedes y como yo.” Hablando de SEIU y ACORN, ella añadió, “Nuestras organizaciones planean continuar trabajar con los abogados, legisladores, empresarios, organizaciones comunitarias y de inmigrantes para aumentar los derechos de los inmigrantes y luchar en contra de la política discriminatoria y racista.”

Las nuevas reglas no entran en vigencia hasta que sean adoptada por la Legislatura Estatal que entra en sesión en enero del año 2003.