MAYAGÜEZ, Puerto Rico – Una vez más se oyeron las voces de casi todos los sectores de la sociedad puertorriqueña en protesta contra la arrogancia imperial y violaciones de los derechos de la gente en esta colonia por las autoridades estadounidenses tras el allanamiento por el FBI de hogares de independentistas el 10 de febrero en el cual varios periodistas fueron atacado con gas pimienta. Todos los vídeos tomados del incidente muestran que los ataques del FBI fueron sin provocación.

El FBI allanó a cinco hogares y un agencia de desarrollo económico en seis municipalidades, la mayoría en la parte occidental de esta nación caribeña. Las redadas fueron hecha mientras los activistas estaban fuera de sus casas trabajando. Todos eran parte de la Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro, grupo que se formó después que el FBI mataron al independentista Feliberto Ojeda Ríos, hace cinco meses.

El mismo día, en vez de una rueda de prensa prometida por el FBI, la agencia policiaca norteamericana emitió un comunicado de prensa donde dijeron que los

allanamientos fueron para prevenir “potenciales ataques terroristas” a pesar que no hubieron

arrestos y ningunas medidas para prevenir a nadie salir de Puerto Rico.

En ese comunicado el FBI dice que sus acciones violentas eran para “proteger al público, la prensa, y nuestros agentes durante el operativo”. El FBI dio como otra excusa que se le lanzaron artículos a sus vehículos al irse, inclusivo que estos fueron periodistas. Sin embargo, los artículos fueron lanzados después de su atropello a los periodistas. Organizaciones periodísticas retaron a que el FBI produjera prueba de esto.

Durante el allanamiento del hogar de Lilian Laboy en Río Piedra, el FBI le negó a su hija y las abogadas de Laboy estar presente durante el registro. Después del allanamiento la hija entra. Con el portón abierto los periodistas entran al área común de los condominios donde posteriormente son atacados. Julio Fontanet, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, dijo, “además de ser otro abuso de poder del FBI en Puerto Rico, implican la violación del derecho de abogados y clientes a comunicarse” y que viola las normas federales que estipulan que debe de haber, por lo menos, un representante de la persona nombrada en la orden presente durante el allanamiento.

La oficina de José Morales, director ejecutivo del Comité Ecuménico para el Desarrollo Económico Comunitario (CEDECO), fueron destruido. Morales, un ministro presbiteriano, dijo que el FBI había visitado a su agencia en el pasado disfrazados de auditores federales. CEDECO usa fondos de Washington y San Juan para proyectos de viviendas comunitarios. Morales vio a los allanamientos como parte de una campaña para calumniar al trabajo comunitario y a los independentistas, tildándolos de “terroristas”.

Jesús Delgado, dirigente de la Federación de Maestro de Puerto Rico, dijo que el FBI fueron los que participaron en un “acto terrorista”. Como el reverendo Morales, el líder sindical dijo que fue un intento de silenciar y desprestigiar a los activistas “independentistas y socialistas”.

Margarita Sánchez de León, de la sección puertorriqueña de Amnistía Internacional, dijo en una entrevista por televisión que las cintas tomado de los sucesos “hablan por si mismo”. Agregó ella que en todos los “vimos al FBI usar fuerza excesiva”. Mientras tanto, Fraticelli se niega responder a preguntas de la prensa.

A la hora de cierre legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaban una resolución contra el FBI en la que exige que el secretario de Justicia de Puerto Rico investigue y formule cargos contra los agentes del FBI. El liderazgo legislativo del partido del gobernador anunciaron que se unirían a la petición del PIP. Mientras tanto, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá está pidiendo que el Congreso de EEUU haga vistas públicas en Puerto Rico sobre el asunto.