Más de un millón de residentes permanentes en EEUU, en su mayoría latinoamericanos, que han solicitado la ciudadanía se le están negando el derecho “a votar y participar plenamente en determinar el futuro del país” acusó el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educación (PRLDEF por sus siglas en inglés) en una demanda contra el gobierno de Bush. La demanda fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York el 7 de marzo y nombra a los jefes del departamento de Seguridad Patria, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, siglas en inglés) y al Negociado Federal de Investigaciones.

La demanda pide al tribunal a que ordene al gobierno de Bush que adelante el proceso de naturalización para que todos quienes hayan solicitado y son elegible para la ciudadanía antes del 26 de marzo 2008 puedan juramentarse y ser ciudadanos “a tiempo para inscribirse para las elecciones del noviembre 2008”. El PRLDEF dice en la querella que “Con las elecciones presidenciales en solo nueve meses, estas demoras tiene una importancia particular, mientras que cientos de solicitantes” se le negará el derecho de tomar parte en el proceso electoral “durante una época en la cual existe un amplio sentimiento antiinmigrane y antilatino”. De acuerdo al PRLDEF este sentimiento antiinmigrante es uno de los factores que motivó la decisión de muchos residentes legales hispanos hacerse ciudadanos “para poder votar en las elecciones de este año”.

Muchos también solicitaron la ciudadanía el año pasado anticipando el aumento de casi 70 por ciento en el costo de la solicitud. Este aumento puede obstaculizar que muchos residentes de bajo recursos soliciten la ciudadanía. La oficina del distrito de Nueva York del USCIS, por ejemplo, reporta que esta sola tienen un atraso de 90.000 solicitudes.

La acción de clase, es decir que es en favor de todos los que han solicitado, que nombra a siete inmigrantes como demandantes también cuenta con la ayuda del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, bufete sin fines lucrativo en favor de los intereses del público. Michael Sant’Abrogio, abogado de este bufete trabajando en el caso dijo que el gobierno no ha adelantado el proceso de ciudadanía para estos inmigrantes. “No tuvimos otra alternativa que la de demandar”, agregó.

Una de las demandantes, Nancy Castro, vive en EEUU desde 1983 y solicitó la ciudadanía en el verano del 2006. Su entrevista original fue cancelada y nunca han programado otra. Hace 18 más de meses que Castro está esperando.

Otra de las demandantes, Margoth Pérez de Chalampa, hizo su solicitud antes del aumento. Ella fue informada por el USCIS “que todas las solicitudes para la naturalización pueden tomar entre 16 y 18 meses para procesar antes de que la solicitante sea programada para tener una entrevista y examen”.

El derecho al voto no es la única cosa en juego aquí para estos y los otros inmigrantes. Existen muchos beneficios que están basado en la ciudadanía estadounidense. Omar Miguel Farfán solicitó la ciudadanía mientras estaba en la Marina de EEUU durante la década de los 1990s. Actualmente él está cursando estudios universitarios y quiere trabajar en una agencia del gobierno federal, pero no puede por no ser ciudadano.

En el caso de Farfán el USCIS le informó que su solicitud se “perdió”. Él llenó otra solicitud, fue entrevistado, cogió el examen y le dijeron que era elegible para la ciudadanía en el 2005, pero no lo llamaron a juramentarse. Por casi tres años le dice que no puede todavía tomar el juramento de ciudadanía porque hay “investigaciones de seguridad pendientes”.

A Manuel Alberto Martínez también le dijeron que no puede juramentarse porque por los últimos dos años están esperando por las “investigaciones de seguridad”. No siendo ciudadano él no puede traer a su madre anciana que vive en México a vivir con él. Martínez desea votar en noviembre, no solo por la cuestión de los ataques en contra de los inmigrantes y latinos, sino porque él “está profundamente preocupado con la política económica federal”, de acuerdo a la querella del PRLDEF.

Además del derecho al voto, reunificación familiar y oportunidades de trabajo, estos inmigrantes tampoco tienen el derecho de viajar afuera de EEUU ni para visitar a sus familiares porque no tienen ninguna “garantía de readmitirlos al país cuando regresen” a pesar de ser residentes legales, dice la querella del PRLDEF. También no tienen acceso a ciertas becas, préstamos y otro beneficios que son solo para ciudadanos.

Un número de organizaciones o que representan o sirven a la comunidad hispana o inmigrante han alabado la demanda del PRLDEF. Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacioanal de Oficiales Electos o Nombrados Latinos dice que su grupo “aplaude el liderazgo del PRLDEF en esta acción”. Vargas apunta a que su organización junto con las compañías mediáticas Univisión e Impremedia empezaron una campaña el año pasado para que los latinos se hagan ciudadanos. El Concilio Nacional de La Raza y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios también se unieron a esa jornada.