WASHINGTON — En testimonio antes la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado el 6 de febrero, el procurador general Alberto Gonzáles aseguró débilmente que el presidente George W. Bush estaba dentro del marco legal cuando ordenó al gobierno espiar contra gente sin antes conseguir órdenes de cateo. Pero esto no logró callar una tormenta de críticas de que el presidente había cometido un delito y que hay que rendir cuentas.

La creciente oposición a la política represiva de Bush se refleja en el hecho de que a pesar de que en su discurso del Estado de la Unión, pidió que se autorizare de nuevo la Ley Patriota, el Congreso una vez más extendió la fecha límite para esta autorización por un mes.

La congresista Maxine Waters (demócrata por California), se expresó en forma franca, afirmando que “las mentiras y el espionaje en contra de los ciudadanos norteamericanos, sin importar como él lo exprese, son delitos” que pueden conllevar a su destitución de la presidencia. “El asunto es que lo han agarrado con las manos en la masa, y esto es típico de quien él es, como maneja la presidencia, y lo qué significa su liderazgo: Espionaje y mentiras, sobretodo en cuestión de la guerra en Irak”.

Desde el comienzo, el testimonio de Gonzáles era sospechoso ya que el presidente de la Comisión sobre Asuntos Judiciales, Arlen Specter (republicano por Pennsylvania) se negó obligarlo a juramentar decir la verdad, una maniobra bruta para protegerlo en contra de cargos de mentir bajo palabra.

Echaron a un manifestante de la Cámara donde se realizaban las vistas publicas por haber gritado “fascista” mientras Gonzáles hablaba. Otro manifestante usaba una camiseta con la consigna “Hagan cumplir la ley: Detengan a Bush”.

El senador Russ Feingold (demócrata por Wisconsin) dijo en la audiencia “claro que estamos en desacuerdo sobre si se debe hacer que el testigo sea obligado a jurar” decir la verdad. El espionaje ordenado por Bush sin órdenes de cateo “pone en peligro a los principios en los cuales este país fue fundado”, agregó. “Esta administración ha estado violando las leyes y engañando al público para justificarlo”.

Feingold enfocó sus preguntas en el testimonio que Gonzáles dio ante la Comisión sobre Asuntos Judiciales hace apenas unas semanas, en la cual negó rotundamente de que Bush había dado órdenes para llevar a cabo espionaje contra ciudadanos norteamericanos que viola a la Constitución o a la Ley de Inteligencia Extranjera (FISA por sus siglas en inglés).

La FISA estableció un tribunal secreto para acelerar la creación de órdenes judiciales para justificar el espionaje contra ciudadanos norteamericanos, en casos de seguridad nacional. Pero Bush le dio la vuelta a la corte FISA cuando ordenó que la Agencia de Seguridad Nacional pusiera una vigilancia electrónica masiva a las llamadas de teléfono hechas por ciudadanos norteamericanos a personas en el exterior.

“Aquel testimonio fue seriamente engañoso”, dijo Feingold. “Usted quiso que el pueblo norteamericano creyera que este tipo de programa [de espionaje] no existía, pero sí existe. Usted pudo haber dicho que el presidente tiene la autoridad. Pero usted quiso ser procurador general y por lo tanto hizo una declaración engañosa. Y en aquel entonces, usted se encontraba bajo juramento”.

La esperanza de la Casa Blanca fue que la apariencia por un día de parte de Gonzáles hubiera satisfecho al Senado. Pero Specter indicó que el procurador tendría que regresar para otro día de preguntas. Mientrastanto, es posible que el ex procurador John Ashcroft y otros ex funcionarios de la administración tengan que dar testimonio.

En el otro extremo de la avenida Pennsylvania, la veterana Continúa de la página 20

corresponsal de prensa Helen Thomas cuestionaba al secretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, durante una rueda de prensa el 6 de febrero. “El [Bush] ha puesto su mano sobre la Biblia ya dos veces y prometió defender la Constitución”, dijo Thomas. “Intervención electrónica sin orden de cateo es anticonstitucional”.

McClellan, con la cara colorada con coraje, gritó “esta es una situación muy diferente y usted lo sabe muy bien”.

“No, no lo es”, dijo Thomas.

Bill Goodman, director de asuntos legales del Centro Pro Derechos Constitucionales, envió una carta electrónica advirtiendo que las audiencias con Gonzáles testificando “no son suficientes”, e instó al público enviar mensajes a los senadores y representantes exigiendo que nombren a un procurador especial, y que se saque a luz pública todos los memos del departamento de Justicia que tienen que ver con el programa de espionaje contra ciudadanos norteamericanos. La administración de Bush se ha negado entregar dichos archivos al Congreso. “La Casa Blanca bajo Bush ha trabajado consecuentemente para evadir la supervisión judicial y destruir al sistema de balances en el cual este país fue establecido”, escribió Goodman.

Gonzáles debe “decirle al Congreso todo sobre el espionaje contra el pueblo norteamericano de parte de la administración Bush”, escribió Goodman. “él debe renunciar”.

El Centro también exigió que se investigue el consejo que Gonzáles le dio a Bush sobre “como violar las leyes en contra la tortura, detención” y el envío de presos a otros países, que han afectado a miles de detenidos.

Bruce Fein, un ex funcionario del departamento de Justicia bajo Ronald Reagan, dijo que el tomar más y más poder de parte de Bush es de tan amplitud que podría “justificar campos de detención para grupos de ciudadanos que él estima son sospechosos”. El ruego de Bush de que la gente debe simplemente confiar en él, agregó Fein, es un punto de vista que haría llorar a los próceres del país “pues está en conflicto con la separación de poderes” constitucional.