CHICAGO — Más de 100 simpatizantes, incluyendo líderes religiosos y funcionarios electos, protestaron al frente del tribunal de inmigración el 1 de junio mientras antiguos empleados de IFCO Systems, quienes fueron arrestados como parte de una redada por agentes federales en abril, se presentaron a sus primeras audiencias de deportación.

El mes pasado 1.187 empleados de IFCO Systems en unos 40 lugares en 26 estados fueron arrestados. Activistas pro inmigrantes creen que la administración Bush está usando las redadas para intimidar el creciente movimiento pro reforma migratoria progresista.

Líderes de los derechos de inmigrantes en la manifestación demandaron que a estos trabajadores se les pospongan sus deportaciones y obtengan sus trabajos de nuevo. Los participantes públicamente firmaron una carta abierta para el Presidente Bush que llama a un moratorio a todas las enredadas, arrestos, y deportaciones hasta que el proceso nacional legislativo pueda llegar a una ley nueva de inmigración. El concilio de la ciudad de Chicago recientemente paso una resolución con el mismo contexto.

La mañana de de la manifestación, un grupo de trabajadores se les otorgó una extensión de cuatro meses para una decisión final sobre la deportación. Otro juez diferente le otorgó al grupo de la tarde solo dos meses.

Elvira Arellano, presidenta de La Familia Latina Unida, quien se enfrenta a la deportación y la posible separación de su hijo en agosto, participó en una huelga de hambre de 22 días que terminó el día de las audiencias.

Ella le dijo a Nuestro Mundo que estaba ayunando, “principalmente para decirle a Bush que reforme las actuales políticas de inmigración y mantenga juntas a las familias, por los derechos de los trabajadores y el fin a las deportaciones”.

“Si no hay un proceso de legalización, nuestra gente continuará morir al cruzar la frontera”. Dijo, “Vamos a seguir luchando y apoyando a los trabajadores”.

Arellano cree que el reciente proyecto del Senado sobre la inmigración, confronta temas difíciles, pero no hace justicia verdadera a la comunidad inmigrante. “Necesitamos una propuesta para todos”, dijo. “Por lo general, no somos criminales. Lo que estamos esencialmente hablando es de la reunificación de familias, de trabajadores” .

Flor Crisóstomo, otra huelguista de hambre en la manifestación, era también una de los trabajadores arrestados en abril. Ella recibió una extensión en su orden de deportación. “Es un sacrificio lo que hacemos”, le dijo a los reporteros. “Hacemos esto por los millones de trabajadores indocumentados en todo lugares. Si uno de mis compañeros de trabajo es deportado hoy, continuaré con la huelga de hambre”, le dijo a Nuestro Mundo.

Niños pequeños faltaron a la escuela para estar en la manifestación y protestaron al lado de sus madres y padres, tenían carteles que leían, “Los niños deben crecer con su familia” y “Dignidad para el trabajador, la reunificación ahora”.

Jorge Romero, de 12 años, hijo de unos de los trabajadores de IFCO, habló en la manifestación. “No quiero ver que a mi papa lo alejaran de mi”, le dijo a Nuestro Mundo después. “y no quería ir a la escuela para poder recordar este día”. El menciono como su hermanito comenzó a llorar las noches anteriores cuando veía las noticias por televisión, y estaba asustado que a su padre se lo llevaran.

Una niñita comenzó a dirigirse a la prensa en la manifestación, para hacer una declaración diciendo que no fue a la escuela ese día para así poder estar con su abuelo. Perdió el control y comenzó llorar mientras las cámaras apuntaron hacia ella.

Emma Lozano, directora ejecutiva de Pueblo Sin Frontera, un grupo local de los derechos del inmigrante, dijo estar contenta que los jueces dieron extensiones a los trabajadores. También habló sobre la tortura y el trauma que este proceso le causa a los niños. “No desistiremos y no aceptaremos la injusticia que se le hace a estas familias”, dijo. “Necesitamos un moratorio para parar las deportaciones”.

Lozano dijo que mientras algunos creen que un cambio en el Congreso este noviembre conlleva la posibilidad de mejorar los derechos del inmigrante, la realidad es que las redadas, arrestos, y las deportaciones continúan a amenazar y separar la comunidad inmigrante ahora mismo.

Sin embargo, Lozano enfatizó que ella planea dirigir dos campañas, una para la instrucción masiva de ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, y otra para inscripción masiva de votantes. “Favor de luchar con nosotros para mantener estas familias juntas”, dijo Lozano en la manifestación. “Necesitamos cambiar a América, nosotros somos América”.

Después de esperar ansiosamente en el pasillo afuera de la sala del tribunal, mientras sus niños jugaban, miembros de las familias comenzaron a sollozar después de oír que sus familiares tienen un par de meses antes de confrontarse con la posible deportación. Roberto López, director del programa legal de Pueblo sin Fronteras, consoló al grupo en el pasillo, diciéndoles, “Tenemos dos meses para trabajar, obtendremos más firmas y hablaremos con nuestros funcionarios electos. Tenemos que seguir trabajando, eso es lo único que podemos hacer ahora”.