Cientos de puertorriqueños y dominicanos protestaron el 25 de octubre en San Juan, Puerto Rico en contra de los ataques de la policía en contra de inmigrantes dominicanos en Puerto Rico. La actividad, organizada por grupos dominicanos, de derechos humanos, socialistas e independentistas, reclamaron un fin a multas excesivas, falsos expedientes instrumentados por la policía, registros ilegales, y golpizas abusivas por cuestión de nacionalidad y color de piel, según José Rodríguez, vocero del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH). También se unió a la manifestación el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, Luis Roberto Piñero.

Armando Cáceres, hermano de Miguel Cáceres, que murió el año pasado a manos de la Policía de Puerto Rico, dijo a Prensa Asociada que las autoridades andan con “manos cruzados” en casos de abuso policiaco en contra la población.

El abogado Salvador Tió dijo, en un comunicado de prensa para aclarar los reportes noticiosos, que la marcha fue “un esfuerzo conjunto de varias organizaciones de la Comunidad Dominicana a la cual se unieron organizaciones de la Sociedad Civil de Puerto Rico en solidaridad con los derechos de las comunidades pobres de Puerto Rico y muy especialmente las comunidades de inmigrantes que son objeto de conducta lesiva a los derechos humanos”.

Tió, que es abogado de la CDDH, dijo que el objetivo de la marcha fue él de hablar con representantes del alcalde de San Juan, ciudad capitalina, y del gobernador.

Tió contó que un pequeño grupo nombrado por la coalición organizadora de la protesta, “entramos a la Alcaldía de San Juan con el propósito de entregar nuestro comunicado y una lista de los casos de brutalidad policíaca al Alcalde de San Juan” pero la alcaldía no tenía a nadie designado para recibir la comunicación y los policías municipales en el vestíbulo tenían instrucciones de tampoco aceptar ningún documento.

Después de marchar a La Fortaleza, sede del gobierno de Puerto Rico, Tió reportó que hubo un trato totalmente opuesto a lo que recibieron en la Alcaldía. “Se nos escoltó hasta sus oficinas donde nos recibieron dos ayudantes” designado por el gobernador argumentaron su caso. Los ayudantes del gobernador “tomaron nota de nuestros planteamientos y escucharon nuestros reclamos en torno a la necesidad de descontinuar la práctica de perseguir a los inmigrantes... y de establecer una normativa que tuviese el efecto de poner un alto a las prácticas discriminatorias contra las comunidades pobres”.

Contrario al gobierno municipal de San Juan que “Tampoco se ha comunicado con ningunos de nosotros para inquirir sobre las alegaciones de los residentes de San Juan”, la oficina del gobernador se comunicó con los organizadores de la protesta “indicándonos que se le había sometido un informe de nuestros planteamientos al Gobernador. Se nos solicitó sometiéramos más información para estar en posición de tener una reunión sobre los asuntos planteados durante la semana”.

El licenciado Tió indicó que la coalición volverá “a intentar tener una comunicación con el alcalde o las personas que él designe para atender nuestros reclamos”.