Denver es una de dos ciudades, la otra siendo Baltimore, que conducirá un nuevo programa piloto con la meta de implementar la nueva política migratoria de la administración Obama, política que fue anunciada en junio.

El período de prueba de seis semanas, que comenzó esta semana en Denver, forma parte de la implementación inicial de las nuevas instrucciones para fiscales a ser aplicados a casos de inmigrantes indocumentados. Dice la política que los inmigrantes no autorizados que enfrentan a la deportación pero que no tienen antecedentes penales y que cumplen con ciertos criterios pueden ser identificados como casos de baja prioridad para la aplicación de leyes migratorias, y que por trámite administrativo se puede dar "carpetazo" a sus casos migratorios.

Durante una llamada a la prensa celebrada el 8 de diciembre, discutían dirigentes locales e integrantes de de la comunidad inmigrante del estado de Colorado los efectos del nuevo programa. Aplaudían muchos a la iniciativa como paso positivo hacia delante. Su meta es estudiar y determinar la escala de la aplicación de la política y averiguar su impacto real sobre los inmigrantes locales y sus familias.

"Este es un acontecimiento nuevo y emocionante y se espera que proporcionará un alivio inmediato a miles de integrantes de la comunidad inmigrante de Denver y, según se espera, la de todo el país, dijo Julie González, directora de organización con la Coalición por Derechos Migratorios de Colorado.

Participaba en la llamada Laura Lichter, presidente electa de la Asociación Norteamericana de Abogados Migratorios, en Denver. Calificó ella a la nueva política en términos de un peatón que cruce la calle con luz roja y otro que asalte un banco.  Dijo ella que la policía debe que perseguir al que roba los bancos en vez del peatón descuidado. Cuando se trata de la aplicación de las leyes migratorias, los oficiales deben que ejercer la discreción y enfocar sus recursos sobre los verdaderos criminales en vez de los casos de baja prioridad en los cuales la persona no amenaza a nuestra comunidad ni pone en peligro la seguridad nacional.

Subraya Lichter que ya hay 300.000 casos migratorios pendientes a nivel nacional. Dice ella que encontró un estudio reciente que solo uno de cada 12 de estos casos tiene antecedentes penales.

"Con una política de discreción para los fiscales no se refiere solo a un punto determinado del proceso;  es más bien un principio que debe que implementarse a cada paso del proceso," dijo ella. "Una utilización inteligente de discreción por parte de los fiscales asegurará una aplicación inteligente de la ley".

Raúl Cárdenas  enfrentaba a una posible deportación.  Sin embargo, su caso fue cerrado administrativamente esta semana, beneficiándose él y su esposa de la nueva política de discreción. Sin embargo, Cárdenas se siente atrapado y en limbo a pesar de las recientes noticias.

"Todavía no puedo trabajar y no puedo sostener a mi familia," dijo él. "Me siento inútil".

Dice su esposa, Judy, que ellos tienen 9 años de casados.  Ella había pedido un reajuste al estatus de su esposo poco después de casarse.

"Pero aquí estamos, todavía haciendo cola y comportándonos bien," dijo. "Hemos pasado diez años y gastado miles de dólares tratando de hacerle al gobierno reconocer la legitimidad de nuestro matrimonio y nuestra familia, y todo lo que hemos logrado es que nuestra audiencia ha sido cancelada esta semana. Ahora estamos aun más metidos al limbo que antes, porque Raúl no puede salir del país pero tampoco puede trabajar para sostener a su familia".

Mencionaba ella cómo ha sido afectada su familia por la incertidumbre y el miedo, especialmente a los niños."

"Este no es un problema migratorio, es una cuestión cívica," dijo ella. "Ya estamos hartos del miedo y quisiéramos que el gobierno deje en paz a las familias legítimas y amadoras como la nuestra. Somos familias norteamericanas y no amenazamos ni a nuestra comunidad ni a la seguridad publica. Raúl es un esposo admirable y un papá ejemplar".

También esperando beneficiarse del nuevo programa piloto y también participando en la llamada fue el joven Gerardo Noriega, que espera que la nueva política no lo separe de familia. Tiene 12 años viviendo en Colorado, a donde llegaba con sus padres cuando tenía nueve años de edad. Ha asistido a la primaria y la secundaria en Colorado, y ahí se graduó de high school.

"Tengo sueños de seguir mi educación yendo a la universidad un día de estos," dijo él. "Creo que este programa piloto bien nos pueda ayudar a mi e a otros soñadores como yo. Los jóvenes como yo, que califican para la ley federal DREAM somos realmente norteamericanos. Consideramos a EEUU como nuestro único hogar y solo queremos poder contribuir a la patria que amamos y en donde hemos vivido por tantos años," dijo.

Hans Meyer, el abogado de Noriega, dijo que el joven representa un ejemplo perfecto de la clase de persona para quién  debe que ejercerse la discreción. "Tengo muchas esperanzas de que el gobierno lo va conceder la discreción y más importante, lo concederá un tipo debido de discreción en su caso que lo permita trabajar por regularizar su estatus, completar su grado de universidad y alcanzar sus sueños," dijo Meyer.

Conforman los Latinos un 34,2 por ciento de la población de Denver, haciendo esta ciudad una de las áreas urbanas más pobladas por Latinos en todo EEUU. 

González, que trabaja con la Coalición por Derechos Migratorios de Colorado, dice que los recientes cambios en la política migratoria vienen como resultado directo de la colaboración de su grupo con otras agrupaciones nacionales y locales que defienden los derechos migratorios.

"Mientras este proyecto pudo ofrecer alivio a cientos de inmigrantes, no se puede substituir por una reforma migratoria verdadera," dijo Gonzáles. "Hay millones de gente en este país que tiene que ser puestos en un sendero hacia la ciudadanía, que no van a ser afectados por este programa limitado".

Dijo ella que los votantes de Colorado van estar mirando cuidadosamente cómo la administración vaya tomar la acción correcta sobre la inmigración y la manera de que se utilice la discreción a beneficiarles a las familias para realizar cambios significativos en la vida de la gente.

"Durante las próximas seis semanas vamos estar mirando par a ver cómo conducirá la administración su revisión, y buscamos asegurar que el proceso se lleve acabo de una manera transparente y responsable," concluyó ella.

Foto: Gerardo Noriega. Por cortesía de la Coalición por Derechos Migratorios de Colorado.

Traducido del Inglés por Owen Williamson.