Cuando Anne Patterson, embajadora estadounidense a Colombia, llamó a que el nuevo gobierno del presidente ultraderechista Álvaro Uribe Vélez de usar las reservas para combatir contra las guerrillas de izquierda, la nueva ministro de Defensa, Martha Lucía Ramírez, hizo exactamente eso el próximo día.

Dos cosa fueron claras ese día. Uno, el gobierno de Uribe está abiertamente en el bolsillo del Tío Sam, y, dos, la guerra va impactar más a los colombianos.

Un editorial en Voz, el semanario del Partido Comunista Colombiano (PCC), notó que el día de la “orden” de Patterson, “cincuenta mil mujeres estaban exigiendo el fin de la guerra y medidas gubernamentales decisivas para un acuerdo humanitario y la solución política del conflicto.” Ambas Patterson y Ramírez le dieron “un portazo al sentimiento nacional” por la paz.

Este sentimiento nacional por la paz es tan grande que sectores del Establecimiento, incluyendo ex presidentes, están llamando por un intercambio de presos entre la guerrilla y el gobierno. Hasta Andrés Pastrana, el presidente saliente, trató de empezar negociaciones de paz, proponiendo un “acuerdo humanitario” a última hora entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno para que las FARC suelte a 69 presos capturados por 40 de las FARC capturados por el gobierno.

Hasta una semana antes Pastrana del fin de su estadía en la presidencia había rechazado todas iniciativas de las FARC para un intercambio de presos.

Recientemente, en un vídeo hecho público por las FARC Íngrid Betancourt, ex candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, capturada por las guerrillas, envió un mensaje dirigido a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y a la comisión de la OEA supervisando el proceso electoral en ese país sudamericano. Llamando por la unidad nacional en busca de una salida al conflicto armado, Betancourt criticó la “falta de visión de nuestra clase dominante.”

El año pasado las FARC soltaron a más de 200 soldados y policías capturados por 11 militantes de las FARC en las negociaciones con el gobierno Pastrana. Muchos observadores vieron eso como un paso positivo en el proceso de paz.

Las FARC es la organización guerrillera más grande del país con un estimado 18 mil militantes y controla aproximadamente 40 por ciento del país. El gobierno de Pastrana también estaba negociando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que cuenta con cuatro militantes. El gobierno siguió el mismo patrón de negociar después romper negociaciones con el ELN como lo hizo con las FARC.

El establecimiento político de Bogotá, la capital colombiana, siempre le hecha la culpa a las FARC cuando se rompen las negociaciones aunque son las FARC que trataron de entrar en la vida política electoral del país y dejar atrás la vía armada. En los 1980s las FARC formaron la Unión Patriótica, peros sus candidatos y militantes fueron asesinados por la derecha.

En una carta a Uribe, Amnistía Internacional dijo que estaban “seriamente preocupados que con el colapso de las negociaciones con las ... FARC ... se pueda intensificar el conflicto y que la crisis crónica de violaciones a los derechos humanos pueda empeorarse como resultado. La organización también teme que el impacto probable se algunas de la política de su gobierno pueda aumentar la crisis de derechos humanos más.”

A pesar de las peticiones por una renovada negociaciones de paz dentro y afuera de Colombia, el presidente Uribe no da paso atrás de su punto de vista, apoyado por la administración Bush, de buscar la solución al conflicto de 38 años a través de la vía militar. El Wall Street Journal lo llamó el “George W. Bush de Colombia.”

El semanario del PCC, Voz, dijo “ El gobierno de los Estados Unidos no está interesado en un proceso de paz en Colombia. Continúa preparando la intervención directa y aún con la ayuda de algunos gobiernos de América Latina como lo denunció un diario brasileño hace pocas semanas, porque cree que por la vía militar resolverá rápido la presencia insurgente y la resistencia popular en Colombia, ambas incómodas para los proyectos hegemónicos imperialistas del ALCA [Acuerdo de Libre Comercio de las Américas].”

El plan de Uribe es de doblar los efectivos del ejército y la policía nacional y reclutar y armar a civiles en la guerra civil. Como no hay dinero para hacer esto sin llevar al país a la bancarrota, Uribe está pidiendo que Estados Unidos lo pague.

El mes pasado el Congreso estadounidense aprobó una medida que permite que se usen más de mil millón de dólares para que los militares combaten contra las guerrillas. Los fondos provienen del Plan Colombia.

El Plan Colombia supuestamente es para poner fin con el cultivo de opio y coca. Sin embargo 80 por ciento de los fondos van para los militares y la policía.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han criticando a Uribe por envolver a civiles en la guerra diciendo que esto amplia la guerra y causará más muertes de civiles.

Manteniendo una política dura, declaró un estado de emergencia. El decreto permite restringir los derechos y libertades civiles dándole al estado el poder de arrestar a cualquiera sin orden judicial.

Este decreto y la elección de Uribe pone en más peligro al movimiento laboral, organizaciones populares, y los trabajadores y campesinos.

Antes de la elección de Uribe dirigentes laborales y otros fueron atacados y asesinados por los paramilitares derechistas. Desde el 1990 más de 1.500 sindicalistas fueron muertos en Colombia. Como 90 por ciento de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. El año pasado murieron más de 200. Este año el número ha llegado a 105.

Hay compañías que usan a los paramilitares para que los trabajadores no se organicen en sindicatos. Una tal compañía son la embotelladoras de Coca-Cola.

El Sindicato de Obreros del Acero estadounidense y el Fondo Internacional para Derechos Laborales está demandando a Coca-Cola en corte federal. Leo Girard, presidente del sindicato, dijo que ellos lo hacen en solidaridad con los trabajadores colombianos.

Los paramilitares empezaron como ejércitos secretos de los terratenientes y los traficantes d drogas para “protegerse” de las guerrillas de izquierda.

Los paramilitares entra en pueblos donde buscan gente que ellos sospechan cooperan con las guerrillas y los fusilan. De todos las muertes civiles en la guerra, la gran mayoría han muerto a mano de los paramilitares que cuentan con la cooperación del ejército y otras fuerzas represivas del estado colombiano.

No es ningún secreto que Álvaro Uribe apoya y tiene el apoyo de los paramilitares que tiene lazos con los carteles de droga. Al ser electo las Autodefensas Unidas de Colombia, organización que agrupa a los paramilitares, le enviaron felicitaciones a Uribe.

El gobierno de Uribe le va causar mucho daño al pueblo colombiano, especialmente a la clase trabajadora y los campesinos y también existe el peligro real de la intervención de parte de EEUU.