BALTIMORE — Casa de Maryland, una organización para los inmigrantes, hizo público un video de agentes de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) arrestando en el 2007 a 24 trabajadores y consumidores latinos en la tienda 7-Eleven simplemente por ser hispanos que es una violación de las leyes federales.

El video demuestra que los agentes ignoraban a blancos y afronorteamericanos mientras se acercaban a los latinos en el estacionamiento de la tienda en el vecindario Fells Point en la ciudad de Baltimore, lugar en donde los jornaleros se juntaban para buscar trabajo. Los agentes de ICE no uniformados llegaban en carros no marcados haciéndose pasar por gente buscando a trabajadores para coger a sus víctimas.

Uno de los arrestados pudo comprobar que tenía papeles, 19 fueron deportados y cuatro tienen casos de inmigración pendiente. Entre los detenidos estaba Ernesto Guillén, un limpiador que estaba en camino al hospital Johns Hopkins en el cual Tomás, su hijo de seis año estaba bajo tratamiento por cáncer.

Casa de Maryland demandó y estuvo envuelto en una pelea legal por dos años para obligar al departamento de Seguridad Patria que admite lo qué pasó. La agencia federal al fin publicó un informe en el cual admite que los arrestos fueron porque tenían cuotas de cuantos arrestar cada año. Cada equipo de ICE está bajo órdenes de hacer mil arrestos cada año bajo el operativo conocido como “Operation Return to Sender” del ex presidente George W. Bush.

Un informe interno de ICE del 23 de enero 2007 que consiguió CASA cita a un supervisor en la oficina de ICE en Baltimore que le dijo a un subalterno, hablando del incidente, “traigan más cuerpos... salgan y regresen con más arrestos. Ninguno de las 24 personas arrestadas cumplen con el requisito”.

No obstante, la misión declarada de estos equipos de ICE es detener a “delincuentes violentos que están ilegalmente en el país”. Sus instrucciones los requieren mostrar “causa probable” de que al que buscan es un criminal antes de arrestarlo. Ni uno de los 24 arrestados cumplía con este criterio.

Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland, dijo, “Hacer cumplir nuestra leyes de inmigración basado en cuotas nos conlleva a la separación de familias y violaciones de los derechos civiles. Este es el gobierno federal y estos son agentes que juramentaron defender la Constitución”. Él preguntó si este era el país que sus fundadores comteplaron.

June White-Dillard, presidenta del NAACP del condado Prince George, dijo, “Redadas en las calles para cumplir con las cuotas es algo increíble. Tomará tiempo para dar reversa a lo que pasó durante los años de Bush y la corrupción de nuestros derechos constitucionales pero yo espero el día en él cual yo esté con CASA de Maryland y mis hermanos y hermanas latinas para hacerlo”.

CASA ha pedido una reunión con la secretaria de Seguridad Patria, Janet Napolitano, para reclamar que pongan fin a estas redadas.

CASA trajo cientos de trabajadores inmigrantes y sus famililas a Annapolis, capital de Maryland, el 23 de febrero, para oponerse a las campañas antinimigrantes y luchar por los derechos humanos y de trabajadores. Ellos se juntaron en el salón de vistas públicas del Senado para hablarles a los senadores del “robo de salario” perpetuado en contra de los inmigrantes por patronos sin escrúpulos. Un obrero dijo en la vista pública que él y otros trabajadores laboraron en la construcción por tres días. “Al fin de los tres días nos negaron nuestro salario. Nunca recuperamos el dinero. Muchas veces esto pasa y los obreros han perdido miles de dólares”, él dijo.

Después otro trabajador habló de como fue robado por un contratista donde estaban instalando cables de fibra óptica para Verizon. El grupo CASA, dijo, tomó acción y pudieron cobrar el pago robado.

El senador estatal Melvin Stukes le dijo a los testigos, “Están mirando a una persona que tuvo que pasar por exactamente lo mismo que ustedes. Trabajé en Baltimore por tres dólares al día... Cualquiera en este salón pueden entender esa lucha. Yo haré todo lo que legalmente pueda para ayudarlos”.

CASA está presionando a la legislatura que fortalezca la ley incluso obligar a los patronos que les paguen a los trabajadores tres veces el salario robado. Multas deben subir a $2.500 por la primera violación de las leyes sobre pago y a $5.000 cada vez después, dice un folleto de CASA.

Los que dieron testimonio también exigieron a los senadores que resistan el programa federal REAL ID que se le puede usar para negarles a los indocumentados permisos de conducir. Madeleine, una estudiante de escuela superior, le pidió a la Asamblea General de Maryland que promulgue un proyecto de ley para que los hijos e hijas de inmigrantes indocumentados puedan asistir a las universidades del estado al mismo costo que los residentes legales y ciudadanos. Ellos cabildearon en favor de que los legisladores rechacen las campañas antiinmigrantes que buscan negarles beneficios públicos todos que no sean ciudadanos.

Después participaron en una manifestación afuera con pancartas que decían, ¡Alto a las redadas! y otras consignas mientras voceaban “Sí, se puede”. Gustavo Torres le dijo a la gente, “Estamos luchando por los derechos civiles para todos, para la comunidad afroestadounidense, la comunidad latina”.

Guy Djoken, presidente del NAACP del condado Frederick, dijo, “Juntos vamos a ganar. Por largo tiempo ellos han tratado de dividirnos, negro contra hispano. Pero cuando el doctor [Martin Luther] King luchó por los derechos civiles, todos entramos por esa puerta abierta. Tenemos que unirnos como un pueblo, una vez más”.