Mientras se programaban protestas en contra de una política corporativa y militarista ante la Cumbre del G20 en Londres y la reunión de la OTAN en Estrasburgo, Francia, los trabajadores puertorriqueños no se quedaron atrás y protestaron en contra la política económica neoliberal del gobernador Luis Fortuño con una manifestación al frente de La Fortaleza, sede de gobernación en la capital San Juan, y planes para futura acciones.

A pesar de que Puerto Rico tiene una tasa de desempleo que 14 por ciento, Fortuño piensa rebajar el número de empleados del estado por lo menos 30 mil. Esto aumentará el desempleo en Puerto Rico a 16 por ciento con más de 200.000 puertorriqueños si trabajo en esta isla nación de 3,8 millones. Sin embargo, esto no cuenta todo. La tasa de participación de la fuerza laboral está a 44 por ciento. Esa cifra representa el porcentaje de gente de 16 años en adelante que o están trabajando o buscando empleo. Muchos de estos dejaron de buscar después de no encontrar trabajo o son jóvenes que nunca han tenido trabajado.

Al responder a las críticas, incluso que van a tener que pagar beneficios por desempleo a gente que ahora no están produciendo, Fortuño dijo que el sector privado se absolvería a estos empleados. Los opuestos al gobernador apuntaron a que las compañías privadas no están absorbiendo a los que ya están sin trabajo dado que el nivel de desempleo subió a 14,1 por ciento en febrero. Los que no participan en la fuerza laboral no son contado como desempleados.

Fortuño trató de menospreciar las críticas diciendo que vienen de gente que no habían votado por él y de otros partidos políticos. El gobernador pertenece al conservador Partido Nuevo Progresista (PNP) que apoya hacer a Puerto Rico un estado de la Unión Norteamericana.

No obstante las declaraciones del mandatario de esta colonia estadounidense, trabajadores del servicio público integrantes del PNP criticaron las declaraciones de Fortuño. Reportó El Vocero, diario puertorriqueño, entrevistó a varios empleados del sector público que están con el PNP. Eric Caraballo, que trabaja para el departamento de Educación, dijo, “Te equivocas, Fortuño, esto es un movimiento de pueblo”. Caraballo dijo que el gobernador estaba tratando de dividir al pueblo. Igualmente, Irva Batista Cruz afirmó desde un piquete que estaba “de frente y en la calle”.

Ambos, Batista Cruz y Caraballo, hicieron campaña activa a favor de Fortuño y sostuvieron que se sienten decepcionado por el mandatario. Cuando Fortuño hizo campaña por la gobernación dijo que no iba a despedir a ningún empleado público, ni iba aumentar el Impuesto sobre Ventas y Uso. Ahora está contemplando lo contrario.

José A. Soler, director de Centro de Educación Laboral en la Universidad de Massachusetts en North Dartmouth, dijo que no era fuera de lo normal que en las luchas laborales de Puerto Rico que trabajadores salgan a protestar en contra de la política de su partido preferencial.

Soler, que ha trabajado como organizador sindical y político en Estados Unidos y Puerto Rico, dijo que en las luchas encabezadas por independentistas uno ve a trabajadores anexionistas y automomistas envueltos. “Luchan por sus intereses de clase y por la nación”, agregó el profesor Soler.

A José Rodríguez Báez, presidente de la Federación Central de Trabajadores, tampoco le extraño que trabajadores afiliados al partido de gobierno. Él dijo que se imagina que miles son del partido de Fortuño y estos “se han sentido traicionados, engañados”. Afirmó el dirigente sindical que los mismos trabajadores en el PNP le han dicho a sus dirigentes laborales que “Se han sentido que el gobernador les mintió y no cumplió con su promesa y plataforma de partido”.

Otro proyecto del gobernador que está causando molestia entre organizaciones laborales y sociales es el de la Alianzas Públicos-Privadas (APP). Dicen estos que las APP son una forma de privatización en la cual los beneficios serán para la parte privada y las pérdidas para el público. Aunque en la plataforma de gobernación de Fortuño dice que las APP tendrán una supervisión del público, críticos del plan dicen que esa parte se está dejando afuera del proyecto y así creando una superentidad gubernamental-privada sin supervisión del pueblo.

Los líderes sindicales y de organizaciones políticas y comunitarias están planeando aumentar los piquetes, manifestaciones y otras acciones a nivel nacional y local contra la política económica del gobernador además de educación política. Advierten que se el gobernador no echa para atrás con esta política antipopular, Puerto Rico puede llegar a tener una huelga general como cuando se estaba privatizando la compañía telefónica.