Manifestaciones y marchas de protestas han estremecido a Puerto Rico desde el Primero de Mayo contra el cierre de agencia gubernamentales que dejaron a 95.000 desempleados. El gobierno colonial cerró completamente a 43 agencias y otras parcialmente por un déficit presupuestario de $738 millones.

Más trabajadores quedaron cesante debido a que tres municipios cerraron completamente, mientras que otros 12 cerraron todo menos los servicios vitales. Estos municipios cerraron porque no recibieron sus remesas de gobierno central en San Juan. Casi la mitad de los municipios en esta colonia estadounidense reciben 70 por ciento o más de su presupuesto de San Juan.

Empleados escolares son los más afectados con casi la mitad de los cesantes. Casi 1.600 escuelas fueron cerradas dos semanas antes de fin del año académico, afectando a medio millón de estudiantes. Muchos de estos niños sufren por el cierre porque reciben desayuno y almuerzo gratis a través de las escuelas.

Una de las demandas populares en las protestas es “Que paguen los ricos” por la crisis financiera. Muchos apoyaron el proyecto del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que buscaba imponer un impuesto de 10 por ciento a las empresas que tuvieron ganancias de $1 millón y más. El PIP estima que esto recaudaría $2 mil millones más en fondos para el estado. Sin embargo, los partidos coloniales no aceptaron esta propuesta.

La injerencia política de parte del gobernador Aníbal Acevedo Vilá del Partido Popular Democrática (PPD), que apoya al status colonial actual, y el liderazgo legislativo del Partido Nuevo Progresista, que apoya a la estadidad, mantiene a la crisis sin resolución. Cada uno de estos dos partidos está peleando y tratando de sacar beneficio político de la situación echándole la culpa uno al otro. Ambos el PNP y el PPD favorecen un impuesto sobre el consumo, pero están peleándose si debe ser de entre 7 o 4 por ciento.

Rubén Berríos, presidente del PIP, criticó al gobierno diciendo que estaba cerrando y despidiendo a trabajadores para satisfacer a las instituciones financieras que tienen bonos puertorriqueños. “Por eso es que el gobernador ha cerrado el gobierno, para complacer a los bonistas, para complacer a las grades corporaciones, para complacer a las vacas sagradas. Al hacer esto, en efecto, ha cometido un atraco en contra de los empleados públicos y del pueblo puertorriqueño”, dijo él.

Héctor Pesquera, un dirigente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, notó recientemente en un artículo que el gobierno puertorriqueño “tiene una deuda pública de $40 mil millones con los bonistas”. Él escribió que el interés de $300 millones mensual sobre la deuda “es la más alta de todo el hemisferio” occidental. Este dinero va principalmente a los bancos y otras instituciones financieras.

Jesús Delgado, secretario de educación sindical para la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), le dijo a Nuestro Mundo en una entrevista telefónica que los responsables de la crisis es la actual administración colonial de Acevedo Vilá y las dos anteriores de María Sila Calderón (PPD) y la del Pedro Rosselló (PNP). “Ellos gastan y gastan sabiendo que estábamos en camino a una crisis”.

Delgado dijo que una causa principal del déficit es la evasión de impuestos por las grandes corporaciones. “Ellos no reportan todas sus ganancias y pagan menos impuestos”. Aunque él dijo que la mayoría era “corporaciones multinacionales extrangeras”, habían también empresas puertorriqueñas que no reportan todas las ganancias. Él dijo que esto pasaba mucho en la industria de la construcción.

El dirigente sindical dijo que la FMPR reclama también “Que los ricos paguen’ por la crisis. “No es justo que los obreros puertorriqueños tengan que pagar”. El impuesto tendrá “un efecto devastador” al pueblo de Puerto Rico porque recae sobre aumentos en el costo de la vida. Él apuntó a que “antes de darse esta gestión han habido aumento de servicios, aumento de agua, aumento de energía eléctrica, del consumo, gasolina, peaje”, enumeró Delgado, agregando, “antes costaba $20 para llenar un carro de gasolina semanal. Hoy cuesta de $40 a $50 la semana”.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago está de acuerdo con Delgado. Ella escribió la semana antes de cierre gubernamental, “La vida en el país es 30 por ciento más cara que hace tres años, y a ese costo los líderes del PNP y el PPD le quieren añadir del 4 por ciento al 7 por ciento”. Ella agregó que su colectividad política, “creemos que ninguna reforma contributiva que pretenda hacer justicia puede depender del estrangulamiento de las clases pobre, media y trabajadora”.

Este costo adicional afectaría severamente a los miembros de la FMPR, dijo Delgado. “El impuesto de consumo sería devastador para nuestros miembros encima de los otros aumentos. Tenemos familias donde los dos son maestros o donde uno es maestro y la otra trabaja en otra agencia del gobierno”.

Delgado dijo que la FMPR estaba haciendo una reunión de representantes de su sindicato para discutir que pasos más a tomar visto que una comisión especial estaba discutiendo un plan. La comisión, que se reunió en secreto, está supuesta hacer un reporte sobre un plan compromiso.

Sin embargo, si los pronunciamientos de los líderes políticos coloniales son indicación de lo que va a pasar, el plan va a fracasar. El ex gobernador y actual senador y presidente del PNP Pedro Rosselló, anunció en una rueda de prensa que la legislatura no está obligada a aceptar las recomendaciones de la comisión. A la misma vez el gobernador Acevedo Vilá dijo que todavía estaba comprometido con el impuesto sobre ventas de 7 por ciento, especialmente ahora que la empresa de servicios financieros Moody rebajó el crédito del gobierno, cosa que puede resultar en que el gobierno tenga que pagar más a los bonistas.