Puede que los tribunales federales en Puerto Rico imponga la pena de muerte contra dos convictos, contrario a los deseos de la gente de todos sectores de la sociedad puertorriqueña y en contradicción a la Constitución de Puerto Rico. Esta situación subraya la cuestión del colonialismo en la relación entre esa isla nación y Estados Unidos.

El gobernador puertorriqueño Aníbal Acevedo Vilá envió una carta al fiscal general de EEUU, Alberto Gonzáles, pidiendo que respeta la Constitución de Puerto Rico y no pida la pena de muerte.

Cuando Acevedo Vilá era comisionado residente, fue uno de los que auspició el proyecto de ley del congresista demócrata por Ohio, Dennis Kucinich, contra la pena de muerte federal. El comisionado residente es el delegado de Puerto Rico al Congreso que tiene voz y voto en las comisiones pero no para pasar leyes.

El actual comisionado residente, Luis Fortuño, afiliado con el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y miembro de la Conferencia Hispana del Congreso republicana, no estaba muy animado sobre la idea de introducir legislación para prevenir el uso de la pena de muerte federal en Puerto Rico, aunque dice que se opone a la pena de muerte. Fortuño hizo estos comentarios reaccionando a una carta enviada por el alcalde de Toa Baja, del mismo partido que Fortuño.

A la hora de cierre la cámara baja de la legislatura puertorriqueña había pasado una resolución contra el uso de la pena de muerte federal en Puerto Rico. El gobernador Acevedo Vilá le pidió al Senado hacer lo mismo. La senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño introdujo una resolución contra la aplicación de ese castigo en Puerto Rico.

Ambas cámaras de la legislatura puertorriqueña tienen mayoría PNP mientras que Acevedo Vilá es del autonomista Partido Popular Democrático.

El arzobispo de San Juan, Roberto Nieves González le dijo a la prensa el Viernes Santo que EEUU “respete lo que Puerto Rico ha incorporado en su Constitución”. Él agregó, “No creemos en la pena de muerte porque casi siempre recae sobre los más pobres”.

Líderes de otras denominaciones religiosas en este país caribeño se han expresado de forma similar.

El mes pasado el Colegio de Abogados de Puerto Rico pasó una resolución contra el uso de la pena de muerte federal. Julio Fontanet, presidente del Colegio, criticó al jefe de los fiscales federales en Puerto Rico por apoyar la pena de muerte “en contra de la voluntad” de los puertorriqueños.

Con él estaba Robert Meeropol, cuyos padres Julio y Ethel Rosenberg fueron inocentemente ejecutados

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durante la histeria anticomunista de los 1950s en EEUU. Aunque Meeropol estaba en Puerto Rico bregando con otros asuntos, él se proclamó en contra de la pena de muerte.

Osvaldo Burgos, director ejecutivo de la Comisión de Libertades Civiles aquí, notó que puertorriqueños cuyos hijos, como los dirigentes independentistas Juan Mari Bras y José Enrique Ayoroa Santaliz, y otras familias se oponen a la pena de muerte.

José F. Colón, activistas sobre cuestiones de SIDA, llamó a “a todos los grupos cívicos, iglesias, activistas de derechos humanos y a la ciudadanía en general a expresarse en contra del advenimiento de dicha ley impuesta. Exigimos se respeto nuestra Constitución la cual establece que la pena de muerte no existe en Puerto Rico”. De igual forma llamó a los jueces federales que son puertorriqueños a que rechacen imponerla, diciendo que era “el colmo del colonialismo imponer una ley que va en contra de nuestros espíritu de pueblo”.

La última vez que se ejecutó alguien en Puerto Rico fue en el 1928. La pena de muerte fue revocada en 1929. Esa prohibición se fortaleció cuando se ratificó la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952.

En el 2000 los tribunales de Puerto Rico prohibieron que los fiscales federales busquen la pena de muerte por ser inconstitucional. Ese fallo fue anulado por el Tribunal de Apelación en Boston. Una cuestión similar ocurrió años anteriores con el mismo tribunal en Boston tomó una decisión contra el fallo de los tribunales puertorriqueños al permitir que el FBI intercepte comunicaciones telefónicas, cosa prohibida por la Constitución del ELA.