NEW BEDFORD, Massachussets – Las redadas y arrestos por agentes de inmigración y aduana (ICE por sus siglas en inglés) fue motivo de gran ira a través del estado de Massachussets la semana pasada. Los arrestos de 361 inmigrantes, mayormente mujeres, que dejó a cientos de niños traumatizados, fueron en la compañía Michael Bianco, Inc.

La redada también hizo público los abusos que algunas empresas cometen contra los indocumentados por no tener quien los defienda. Muchos trabajadores de la compañía reportaron que la empresa los multaba simplemente por hablar uno con el otro mientras trabajaban, o pasar más de dos minutos en el baño.

Activistas y grupos pro derechos de inmigrantes hicieron un llamado al gobernador y a la delegación del estado al Congreso a que intervengan para que las familias no sean separadas. Iglesias, organizaciones políticas y cívicas, además de la prensa local hicieron el mismo llamado.

Calificando a los resultados de la redada “una crisis humanitaria”, el gobernador Deval Patrick criticó al departamento de Seguridad Patria después por “correr al aeropuerto” con los detenidos para enviarlos a centros de detención en Tejas, Florida y otros lugares, lejos de sus familias. Patrick, que se reunió con los detenidos y sus familias dijo que algo estaba mal cuando los dueños y gerentes andan libre mientras madres trabajadoras están en la cárcel.

Días después de la redada el juez federal por el distrito de Massachussets, Richard Stearns, ordenó a ICE no remover más ninguno inmigrantes fuera del estado. Abogados de los detenidos y sus familias argumentan que el juez tiene jurisdicción sobre los arrestados aunque estén fuera de Massachussets. De acuerdo a Harvey Kaplan, uno de los abogados de los detenidos, “Las autoridades de inmigración han admitido que se llevaron a gente que se debieran de haber quedado en esta jurisdicción. La ICE actuó de mala fe, y este [Tribunal de este] Distrito Federal necesita regresar a toda nuestra gente aquí a Massachussets”.

Otro abogado, John Willshire-Carrera, dijo, “Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunas de la mujeres que liberaron. Ellas están traumatizadas. Como sus niños, estas mujeres está padeciendo de pesadillas y ataques de pánico”.

Después de reunirse con los trabajadores que dejaron en libertad y los familiares de los que todavía siguen detenidos, el senador Edward Kennedy envió una carta a Michael Chertoff, jefe del departamento de Seguridad Patria, exigiendo que todos los arrestados sean devueltos a Massachussets. Kennedy también exigió que los nombres de los detenidos y donde están detenidos se hagan público para que las familias se puedan comunicar con ellos. “El sistema de inmigración está aterrorizando a mujeres, hombres y niños… Si el Congreso viniera a New Bedford hoy promulgaría una reforma de inmigración mañana”.

Teodora Tejeda, cuyo padre fue un veterano de guerra de EEUU, dijo que los agentes de ICE fueron abusivos. Ella dijo que estos le gritaron a la gente simplemente por hablarse uno al otro. Tejeda y otros tuvieron que pedir ir al baño muchas veces ante de los permitieran. Ella se la llevaron al Fuerte Devens, una antigua base militar a 90 millas por auto de New Bedford. “Al fin nos dieron de comer – solo un sándwich y agua”, ella dijo.

Tejeda, oriunda de Honduras, dijo que aunque la mayoría de los detenidos eran de Centroamérica, también hubo brasileñas, portuguesas y camboyanas. Además arrestaron gente de Ecuador y Polonia.

Norma Urbino dijo que “la gente corrieron amotinada” hacia donde estaba ella y sus compañeros de trabajo. “Nos dijeron que apagaran las máquinas. Y que tengan calma. Cuando dijeron eso yo pensé que era un fuego”, dijo Urbino que trabaja al otro lado de la fábrica. “Nos quedamos sentados porque no teníamos donde ir. Las puertas estaba cerradas”.

Urbino, que también es de Honduras, fue una de las madres que arrestaron pero fue dichosa porque la dejaron en libertad junto con las que estaban en cinta o eran menores. “Yo le dije que tenía hijos pequeños”, dijo ella.

Irma Moreno, una madre con residencia permanente, cargaba su bebé Steve Arias de tres meses cuando le dijo a este periodista, “Yo no sé donde está mi esposo. Lo tenían en Rhode Island y se lo llevaron a otro sitio”. Moreno dijo que el centro de detención en Rhode Island confirmó que se lo habían llevado a otro lugar, pero que ni ellos sabían a donde. Hay muchos otros que tienen el mismo problema.

Un señor, con los ojos aguado, estaba tratando de conseguir información de su hijo que acababa de cumplir los 18 años y lo habían enviado a Tejas. Su hija de 19 años estaba detenida en la cárcel del condado Bristol donde se reporta hay de 90 a 100 inmigrantes detenidos. Porque este señor mismo no tiene papeles, él no se atreve llamar a las autoridades para saber donde están sus hijos.

Muchos están denunciando a Bush y su gobierno por el aumento reciente de redadas. María Elena Letona del Centro Presente en Cambridge, dijo en una rueda de prensa poco después de la redada que ha habido “13 mil redadas en los últimos nueve meses”.

José A. Soler, director del Centro de Educación Laboral de la Universidad de Massachussets y activista sindical del área, dijo, “Si el gobierno y el Congreso hubieran pasado una legislación justa de amnistía para los indocumentados estos abusos no hubieran pasado”.

Soler dijo que piensa que el presidente “Bush está haciendo esto para influenciar el debate sobre inmigración que empieza en el Congreso. Por eso es que está haciendo estas redadas a través del país. Él quiere empujar su programa de trabajadores huéspedes, un programa que no provee ni residencia ni ciudadanía”.

El Congreso está programando discutir la cuestión de una reforma de inmigración en las próximas semanas.

Ali Noorani, directo ejecutivo de la Coalición de Massachussets para Abogacía por Inmigrantes y Refugiados (Coalición MIRA), dijo, “Gente por todo Massachussets y a través del país pueden ver que el sufrimiento innecesario de estas madres pobre y sus hijos pequeños. Nuestras leyes necesitan reflejar nuestro compromiso a los principios de justicia, compasión, y respeto para todas las familias tratando de vivir el Sueño Americano”.

Una carta con las firmas de 120 dirigentes comunitarios, sindicales y de iglesias, además de oficiales electos, fue presentada a Bruce Chadbourne, director de ICE en Boston. La carta exigía “la libertad inmediata de todos los trabajadores detenidos”, con pleno acceso a la representación legal, y “un cese de las redadas”.

Otros activistas están también reclamando al gobierno federal que se devuelvan los trabajadores a su empleo con un permiso especial y que se establezcan normas para defender los derechos laborales de todos los inmigrantes, inclusive los indocumentados.

El gobernador Patrick puso un número gratuito para que familiares puedan llamar para saber lo que pasaba con los arrestados. Una madre soltera fue puesta en libertad cuando su hijo de siete años llamó para reportar que la habían arrestado.

El senador estatal Jarrett Barrios le dijo a Nuestro Mundo que se estaba recaudando ayuda financiera, alimentos y ropa para las familias de los detenidos. La meta es de alcanzar recaudar $250 mil que se usarán directamente para las familias y no para los gastos de las agencias que los ayudan. “Dile a los lectores que pueden ir al www.miracoalition.org para ayudar”, dijo Barrios.

Elsa Maldonado contribuyó a este artículo.