CHICAGO – Unos 200 se reunieron el 23 de mayo al frente del supermercado La Casa del Pueblo en el vecindario Pilsen de esta ciudad para demostrar su apoyo a los trabajadores que están envueltos en una campaña para organizar un sindicato. Participando en la manifestación estuvieron gente de la comunidad, iglesias del área de Pilsen, igual que activistas religiosos y el clero que está en Chicago para participar en la conferencia nacional del grupo Coalición Interfé por Justicia para Trabajadores.

Por lo menos cuatro autobuses llegaron llenas de activistas religiosos de diferente fe unidas en su solidaridad con la causa de los trabajadores. Cada uno llevaba un letrero que decía “Todas las religiones creen en justicia”. Organizadores del Local 881 del Sindicato Unido de Trabajadores de Alimentos y Comerciales le daban claveles rojos simbolizando la lucha incansable de los trabajadores organizar su unión laboral. Todos cantaban y voceaban que quieren justicia y ¡Sí se puede!

Los participantes celebraron el hecho de que después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (JNRL) había formulado cargos contra el supermercado por más de 40 prácticas laborales ilícitas, el dueño del supermercado, Nicholas Lombardi, ofreció resolver los cargos. “Los trabajadores de La Casa del Pueblo se han mantenido fiel a sus valores de justicia y fuerte trabajo durante toda esta campaña a pesar de todo que tuvieron que pasar”, dijo Moisés Zavala, organizador del Local 881.

Kim Bobo, directora ejecutiva de la Coalición Interfé por Justicia para Trabajadores, declaró, “Nosotros traemos a cientos de líderes religiosos a Pilsen para dejarle saber a estos trabajadores que no están solos. Ninguna situación muestra mejor la necesidad para la Ley Libertad de Escoger para Empleados – legislación que aseguraría que los trabajadores tengan el derecho de organizar – que esta situación aquí en La Casa del Pueblo”.

Nelson Johnson de la Coalición en Carolina del Norte dijo, “estamos con los trabajadores y venimos como cristianos, musulmanes y judíos para demostrar nuestro apoyo a los trabajadores, cuando uno sufre todos sufrimos”.

Aunque no estuvieron presente el congresista Luis Gutiérrez y el concejal por el área de Pilsen, Daniel S. Solís han expresado su apoyo a los trabajadores.

Hace un año los trabajadores de La Casa del Pueblo se pusieron en contacto con organizadores del Local 881 para organizar el sindicato. Organizadores del Local 881 empezaron a tener juntas semanales con los empleados, explicándoles sus derechos legales y ayudándolos para negociar un convenio laboral con su patrón, el dueño del supermercado Lombardi. El supermercado reportó ventas en exceso a $3,5 millones cada año empezando con el 2000.

La JNRT formuló cargos contra el supermercado diciendo que ha violado a la leyes federales a través de hostigamientos, intimidaciones, despidos, y muchas otras formas de represalias por organizar el sindicato. Entre estas están la falta de pago por horas que trabajaron, violencia física y amenazas de violencia, violaciones de leyes federales y estatal sobre el salario mínimo y por horas sobre 40, hacer gente trabajar los siete días de la semana, violaciones de normas federales de seguridad y salud en el trabajo, y negar beneficios por heridas en el trabajo. Para no ir a juicio la compañía está ofreciendo pagar $32.000 a trabajadores que perdieron pago por sus actos ilícitos y contratar a dos de los empleados que despidió. A pesar de esto se reporta que las intimidaciones continúan todavía.

Un grupo de líderes religiosos y de la comunidad se habían juntado con Lombardi para informarle que los trabajadores se estaban organizando y pedirle que voluntariamente reconozca al Local 881 como representante de su empleados usando las tarjetas firmadas por ellos como prueba. Lombardi dijo que prefería cerrar la tienda en vez de negociar con el sindicato de sus empleados, cosa prohibido por la ley.

Poco después, Lombardi amenazó a los empleados con despidos y cerrar el supermercado, a los que apoyaban el sindicato les recortó las horas de trabajo, despidió a cuatro, y los forzó tomar tiempo libre sin pago. También violó la ley vigilándolos e interrogándolos. Él también forzó a los trabajadores firmar la tarjeta de un “sindicato independiente”.

Durante la mañana del 11 de mayo, el auto de Alfonso Diez, miembro del comité pro sindicato de los empleados de La Casa del Pueblo, fue quemado al frente de su casa. Aparentemente alguien lanzó un artefacto incendiario en el asiento de atrás de su carro. El incidente todavía está bajo investigación. “Nos puede amenazar y hasta atacarnos físicamente, o hasta quemar nuestros carros, pero nada nos va a dar tanto miedo para dejar de luchar por la justicia, por nuestros derechos legales”, dijo Diez en la manifestación.