Faltan solo seis meses antes de las elecciones de noviembre y menos de un año ha pasado desde que un proyecto de reforma migratoria problemático falló en el Senado y la presión está creciendo de parte de ambos grupos pro inmigrantes y antiinmigrantes para que la Cámara actúe.

El gobierno de Bush ha dejado toda ficción de ninguna legislación de legalización y ha aumentado las redadas y arrestos y programas de trabajadores temporarios. En abril el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes indicó que iban haber vistas públicas empezando en mayo sobre cuestiones de aplicación de las leyes y sobre trabajadores temporarios pero no sobre ningún proyecto de ley.

El 23 de abril líderes del Grupo Hispano de la Cámara criticaron la programación de tal vistas sin tener un proyecto con una vía a la ciudadanía. El primer vicepresidente del Grupo, el demócrata por Arizona Raúl Grijalva, dijo que el liderazgo de la Cámara le faltaba una “espina dorsal” por permitir esta manera cautelosa y pieza por pieza sobre esta cuestión y no un proyecto integral. El congresista Luis Gutiérrez dijo que ellos quieren “hacer lo que es fácil, no exactamente lo que es justo”.

El grupo, compuesto de 20 demócratas, dicen que las vistas son solo para complacer los grupos de presión antiinmigrantes que buscan leyes para solo deportar a los indocumentados como el proyecto HR 4088.

El HR 4088 militarizaría aun más la frontera, establecería un sistema cibernético para todos los trabajadores en Estados Unidos para determinar si son elegible para trabajar y autorizaría el uso de datos del Seguro Social para deportaciones.

Aunque el proyecto fue escrito con el demócrata conservador Heath Schuler de Carolina del Norte, el Partido Republicano está movilizando para forzar que el proyecto llegue al pleno de la cámara baja sin ir por vistas en una comisión legislativa. Ellos necesitan la firma de 218 congresistas para hacerlo. Hasta la fecha tienen las firmas de 176 republicanos y 10 demócratas. Si todos los republicanos firman necesitarían solo la firma de ocho más demócratas para forzar que el proyecto se considere en el pleno y tengan que votar o aprobarla o no.

Organizaciones pro derechos de los inmigrantes como el Foro Nacional sobre Inmigración, Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC), y el Concilio Nacional de La Raza, aunque apoyan el énfasis del Grupo Hispano en favor de un proyecto integral solo, dicen que las vistas públicas pueden derrotar a las propuestas derechistas y sirven de seguridad para los demócratas vulnerable que son blancos de la derecha en las elecciones el próximo noviembre.

El director nacional de LULAC, Brent Wilkes, dice que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se opone al proyecto HR 4088 y “está tratando de parar a Shuler con las vistas”. Desde que anunciaron las vistas públicas no han habido más congresistas firmando la petición para forzar el proyecto al pleno.

Él dice que la posición del Grupo Hispano es una fuerza importante en contra de la presión derechista. LULAC le está diciendo al Congreso que pase medidas legislativas con una vía hacia la ciudadanía y están abogando por una moratoria en contra las redadas y arrestos.

“Es bueno tomar tiempo y mirar seriamente a sus propuestas, al costo alto” y que implica esto para todos los trabajadores en Estados Unidos, dice Clarissa Martínez, directora de Inmigración y Jornadas Nacionales del Concilio Nacional de La Raza.

Recientemente, a petición del congresista John Conyers, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, la Oficina Congresional sobre el Presupuesto publicó el costo estimado si entra en vigencia el proyecto HR 4088. Para los próximos diez años esta ley costaría $40 millones para implementarla. También habrán pérdidas de contribuciones y al Seguro Social mientras trabajadores laboran sin “debajo de la mesa”. El congresista Xavier Becerra, demócrata por California, que es asistente a la presidenta Pelosi, dice que hay muchas preocupaciones por el programa de verificación de elegibilidad para trabajar y el uso de números de Seguro Social porque usaría fondos necesarios para los programas de incapacidad y Seguro Social, entre otros, que al momento tienen una larga lista de espera.

La congresista Linda Sánchez que es integrante de la subcomisión sobre inmigración en la Cámara dice que tiene la esperanza que “las vistas públicas en la Cámara subrayará... [que el proyecto HR 4088] está basado en expandir un sistema de verificación de empleo que no trabaja” cuyo resultado será más discriminación al contratar trabajadores y “penalizará a miles de ciudadanos por usar una base de datos con un alto nivel de errores”.

Organizaciones pro derechos de los inmigrantes están empezando a ponerse en contacto con los legisladores de la Cámara de Representantes para pedirles que se opongan y critiquen las medidas del proyecto de ley HR 4088 en las vistas públicas y que solo un proyecto de reforma migratoria integral con derecho a la legalización y una vía hacia la ciudadanía es aceptable y se debe promulgar, dijo Doug Rivlin del Foro Nacional sobre Inmigración.