Simplemente oír las historias de los trabajadores de la Cintas cuando hablan de su trabajo de separar toallas comerciales inflamables, repletos de gusanos y moho, sin siquiera la ventilación necesaria da asco. El mes pasado, los párrocos del área llevaron directamente a su fuente estas preocupaciones sobre peligros intolerables a la salud, presentándose a la fábrica de la Cintas en Bradford, Connecticut, pidiendo una gira de investigación. Como líderes morales, dijeron ellos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras los miembros de nuestras congregaciones reportan tales historias de horror.

Después que el gerente de la fábrica llamó a la policía para echar a los clérigos afuera a la lluvia, la delegación religiosa formó un círculo de oración y se negó a irse hasta no hablar por teléfono con la oficina general de la compañía en la ciudad de Cincinnati. La delegación, parte de una gira de investigación del Comité Nacional Interreligioso pro Justicia para los Trabajadores, por fin obtuvo un acuerdo para llevar acabo una reunión en Ohio con fines de discutir cuestiones de derechos de los trabajadores.

Cuando la representante Rosa DeLauro (demócrata por Connecticut) se reunió con sus constituyentes que trabajan en la planta de Branford, se quedaba escandalizada cuando oyó hablar de condiciones de explotación muy parecidas a los que sufrió su madre hace muchas décadas cuando trabajaba en fábrica. Muy pronto, la cuestión de trapos comerciales se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes.

Se cuestiona el atentado por parte de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana a no clasificar como “desechos peligrosos” a trapos “rentados y lavados”, dando paso atrás en los reglamentos que protegen a los trabajadores y a las comunidades de los desechos tóxicos. Cintas, una compañía que se enorgullece de haber sido la contribuidora más grande a George W. Bush, cuenta con el gobierno para no dirigirles la mirada, y hasta para cambiar los reglamentos a favor de la compañía.

Los trabajadores explican que, en el pasado cuando la Cintas haya sido encontrado culpable de prácticas ilegales, la compañía siempre ha pagado multas sin más, y ha seguido con su negocio como nunca.

Los residentes de Branford, una comunidad en la costa del Long Island Sound, han expresado su gran preocupación por los desechos líquidos producidos por la fábrica Cintas. En abril de 2003, el departamento de Protección Ambiental de Connecticut demandó a Citas por 250 violaciones a la Ley de Aguas Limpias, incluso por emisiones excesivas de plomo y de percloroetylina, un solvente orgánico.

También bajo controversia está el derecho de los trabajadores a sindicalizarse cuando una mayoría haya firmado tarjetas de la unión de trabajadores, así evitándose el proceso de elección de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), un proceso que favorece fuertemente a las compañías. En Bradford, como en otras partes, los trabajadores que tienen que sufrir como audiencia cautiva a las reuniones y propaganda antisindical, así como a los despidos, están aprendiendo cuales son sus derechos, y cómo luchar por ellos.

Las experiencias de los trabajadores de la Cintas ha ayudado a formar el debate en el Congreso que ha llevado a la introducción de una propuesta de ley “Libertad de Escoger para los Empleados”, por parte de los representante George Miller (demócrata por California) y Peter King (republicano por Nueva York), y el Senador Edward Kennedy (demócrata por Massachusetts).

Los resultados de las elecciones de noviembre serán críticos para los trabajadores mal pagados de la Cintas, muchos de ellos recién inmigrado de América Latina. Su valor en defenderse de esta corporación gigantesca demuestra que el derecho de sindicalizarse y el derecho de tener un ambiente de trabajo limpio y saludable se puede y debe ganar.

Se puede comunicar con la autora al joelle.fishman@pobox.com.