Gobierno quiere que los trabajadores paguen

Marchas, manifestaciones y protestas están sacudiendo a Puerto Rico en contra del cierre de las agencias gubernamentales por parte de la administración colonial. Los cierres y los despidos, irónicamente fueron para el primero de mayo — Día Internacional de los Trabajadores —estos son debido a la crisis presupuestaria por la que pasa esta nación caribeña. Hasta 100.000 trabajadores, más del 6 por ciento de la fuerza laboral del país, perderán sus empleo en esta nación de casi 4 millones de habitantes. El desempleo en Puerto Rico se ha mantenido sobre 10 por ciento.

El primero de mayo también se vieron manifestaciones de los trabajadores afectados aunque la mayoría buscaban que hacer para poder darle de comer a sus familias.

Mientras que la administración colonial de Aníbal Acevedo Vilá y otros sectores pro empresariales están tratando de imponer un impuesto sobre ventas, otros sectores del país exigen que se les impongan más impuestos a las grandes corporaciones, principalmente las estadounidenses.

La lucha por una solución que beneficie al pueblo trabajador se ha convertido en una controversia entre empleados del sector público. Esto fue evidente en la manifestación convocada por la Asociación de Empleados del ELA (AEELA), la cual llamó por un impuesto sobre ventas del 7 por ciento. Un número de sindicatos y organizaciones patrióticas pro independencia se retiraron o no dieron su apoyo por no estar de acuerdo con esa solución. A pesar de que la propuesta del impuesto sobre ventas es la misma del gobernador, este desplegó a la policía con equipo antimotín para prevenir que los trabajadores llegue al Capitolio.

Víctor Villalba, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) que agrupa a 24 uniones laborales puertorriqueñas no afiliadas al AFL-CIO, dijo en un comunicado de prensa que ni su organización ni la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado apoyarían a “ningún impuesto de consumo que agrave la situación económica de los trabajadores puertorriqueños”.

Héctor Pesquera, portavoz del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), dijo que era “inaudito que los trabajadores marchen en respaldo a que se les imponga un impuesto al consumo como medida para resolver la crisis causada por el descalabro administrativo de los pasados gobiernos”. El MINH exigen no escoger entre “lo malo y lo peor” del impuesto sobre ventas de 4 por ciento y el de 7 por ciento. Esta organización exigió que el gobierno puertorriqueña le imponga impuestos adicionales a los $30 mil millones que salen de Puerto Rico a EEUU en ganancias de las corporaciones.

Otra marcha se llevó a cabo el viernes, 28 de abril, último día de trabajo antes de los despidos del 1 de mayo, convocada por locutores de radio y televisión que movilizó a 50 mil personas en San Juan, capital de esta nación colonial dominada por EEUU. En esa protesta se pudo ver el amplio apoyo por la propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en favor de un impuesto adicional a las corporaciones para resolver el problema en vez de echarle la carga a los trabajadores del país.

El proyecto de ley presentado en el Senado puertorriqueño por la senadora María Lourdes Santiago del PIP gravaría un impuesto adicional del 5 por ciento a las corporaciones que obtuvieron ganancias de $1 millón o más en el 2005. La senadora Santiago dijo, “este mecanismo le proveerá al Departamento de Hacienda el flujo de fondos necesarios para que las agencias gubernamentales afectadas puedan solventar sus operaciones y continúen sirviendo al pueblo de Puerto Rico.”

El impuesto adicional afectaría más a las corporaciones transnacionales estadounidenses que operan en Puerto Rico y envían sus ganancias a EEUU. De las 100 corporaciones más grande y lucrativas, según la revista Fortune, 56 tienen operaciones en Puerto Rico.

El dirigente del MINH, Pesquera, acusó al gobernador Acevedo Vilá, líder del autonomista Partido Popular Democrático de ceder al anexionista Partido Nuevo Progresista y a los bonistas al proponer el impuesto sobre venta del 7 por ciento.

En un recién artículo Pesquera dijó : “El Gobierno ... tiene una deuda pública de $40.000 millones con los bonistas. El servicio a esa deuda pública, la más alta de todo el hemisferio, significa el pago de $300 millones mensuales a los bonistas, aproximadamente $3.600 millones anuales. Ahí se nos va el 15 por ciento de nuestro presupuesto nacional. Y la deuda nunca baja”. Él llamó por una moratoria en el pago de la deuda para mantener a los servicios públicos en operación.

“En realidad la crisis que hoy enfrenta el Gobierno y que nos tiene al borde de que cunda el pánico no es nada nuevo para el pueblo trabajador. Todas las quincenas, todos los meses, los trabajadores se enfrentan al dilema de qué pagar ahora y qué dejar para pagar después. La crisis de cómo estirar el cheque de los raquíticos sueldos es un estilo de vida para los trabajadores puertorriqueños. La diferencia es que ahora la bola de nieve del endeudamiento, el Tsunami de la mala administración, amenaza con afectar a los inversionistas, los llamados bonistas”, escribió Pesquera.

Mientras que los partidos y políticos coloniales se tiran uno al otro sobre si un impuesto de 7 por ciento o 5 o 5,5 es lo que le van imponer al pueblo, dirigentes populares y obreros debaten que otras acciones tomar, incluyendo una huelga general.