HAZLETON, Pennsylvania – Un tribunal federal le dio un fuerte rechazo a los planes de elementos antiinmigrante de implementar medidas locales que castigan a los indocumentados y otros inmigrantes al anular la ordenanzas de esta ciudad.

Se espera que el fallo tenga repercusiones más allá de Hazleton. No obstante, residentes latinos, aunque contento con la decisión del juez dicen que ya el daño está hecho porque la ordenanzas han envenenado el ambiente social en contra de los hispanos.

La ordenanzas hubiese multado a comerciantes que renten, contraten or “provean bienes y servicios” a los inmigrantes indocumentados. Otra ordenanza prohibe dar ningún servicio municipal en un idioma que no sea el inglés sin importar si uno es ciudadano o residente legal.

César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educación (PRLDEF por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que hicieron la demanda, llamó el fallo “histórico” y agregó que es “un precedente para el Siglo XXI”.

El juez federal James Munley del Tribunal del Distrito en Scranton, Pennsylvania, decidió a favor de los 11 demandantes diciendo que las ordenanzas locales eran inválidas porque la cuestión de inmigración era un área reservado para el gobierno federal. Munley también encontró que, contrario a lo que los abogados de la ciudad de Hazleton decían los indocumentados son “personas” bajo la Constitución y tienen derechos otorgados por la ley magna del país. Él hizo énfasis que “personas que entran a este país sin autorización legal no están despojados inmediatamente de sus derechos por este solo acto ilegal”.

Han habido unos cientos de propuestas legislativas antiindocumentados introducidos en municipios, condados y estados y un número de estos han entrado en vigencia después de que Hazleton promulgó estas ordenanzas.

Aunque este veredicto aplica solo a Hazleton, otros tribunales estudiaran el pensamiento legal presentado en el fallo de Munley cuando esté decidiendo esos casos.

Junto con el PRLDEF estuvo la Unión de Libertades Civiles y otras organizaciones luchando por los derechos de los inmigrantes hicieron la demanda de parte de residentes, comerciantes de Hazleton y organizaciones trabajando en esa ciudad. Cuatro de los demandantes no estaban listados por nombre, visto que esto eran inmigrantes indocumentados.

Los abogados de la ciudad trataron de forzar que se hagan público esos nombres para o forzarlos a dejar la demanda o que sean sujeto a detención por agentes de la Inmigración y Aduana. Munley acordó dejarlos seguir la demanda anónimamente diciendo que en caso anteriores se permitía la anonimidad en casos donde puede ser peligro para los demandantes.

Munley notó que el doctor Agapito López, un líder latino de Hazleton que no fue demandante, testificó que él había recibido cartas amenazantes dirigidas contra él y Anna Arias, otra residente latina que forma parte de la Comisión del Gobernador sobre Asuntos Latinos y es presidenta de la Asociación Latina del área de Hazleton.

En una manifestación a favor del alcalde republicano de Hazleton, Louis Barletta, que introdujo las ordenanzas, un periodista de un semanario local hispano fue sacado de la manifestación por la policía debido a que fue amenazado por la gente en la manifestación. Integrantes del grupo racista terrorista el Ku Klux Klan de Nueva Jersey habían anunciado que se presentarían en la ciudad para apoyar al alcalde y su ordenanzas.

Al introducir la ordenanzas el año pasado, Barletta culpó a los indocumentados por lo que dijo fue un aumento en la delincuencia que estaba estirando los recursos policiales. En el juicio él tuvo que admitir que él mismo redujo el número de policía cuando primero fue electo.

Barletta también culpó a los indocumentados de estrechar los recursos médicos, dejando afuera el hecho que los mismos hospitales se habían convertido en uno.

El abogado principal del PRLDEF en el caso, Foster Maer, dijo que “Caminar mientras ser latino se ha convertido en un crimen” en los municipios que han promulgado tal tipo de ley con el de Hazleton.

María, una indocumentada mexicana viviendo en Hazleton, estaba de acuerdo con Maer. “Me siento con miedo ya no se siente uno con mucha libertad de andar en la calle”, agregando, “Yo me la paso en casa con mi bebé que nació aquí”.

Julián Figueroa, trabajando en la bodega de su hermano, Jazmín Market, dijo que se sentía satisfecho que desmintieron las ordenanzas “aunque eso no me afecta a mi” por ser puertorriqueño. Él señaló que “muchos hispanos se fueron por el acoso” proveniente ambos de la policía local y residentes no hispanos debido a las ordenanzas, aunque agregó que “no todos ellos son racistas”. Él dijo que el negocio de su hermano había sufrido por las ordenanzas.

Ramón y Particia Batista, unos de muchos latinos que han llegado a esta ciudad y puesto negocios nuevos que han revitalizado lo que era un área deprimido estaban contento con el fallo del tribunal.

Ramón, que dijo que estaban huyendo las rentas altas en Nueva Jersey, dijo tener confianza que la amenaza del alcalde Barletta a apelar el veredicto no cambiará nada. Él piensa que “Las autoridades presente en la alcaldía ha tenido que declinar su fortaleza porque la corte falló a favor de los inmigrantes”. No obstante, “Los inmigrantes tenemos que seguir luchando”.

Él dijo que esperaba las cosas normalizarse y apuntó a que ya estaba viendo a nuevos clientes en su restaurante. Cosa, dijo él, que no hacían antes por temor.

Ana Cintrón, una inmigrante dominicana, dice no estar seguro de eso. Ella dijo, “Cuando yo llegue me gustaban tanto. Encontre trabajo enseguida. Pero luego que yo he visto como no quieren saber de nosotros los inmigrantes [los hispanos] aquí no hablan solo de los indocumentados [sino de los] inmigrantes. Sin embargo nosotros hemos hecho este pueblo — los inmigrantes. Aquí por donde quiera que va hay bodegas hay negocios y toda la culpa de lo que pasa aquí [malo] se las echan a los inmigrantes”.

Ella dijo que esto la estaba haciendo pensar en regresar a Nueva York donde vivía casi cinco años atrás.

El hermano de Cintrón, José Morillo, que visitaba desde Brooklyn, Nueva York, dijo que la culpa de todo lo que pasaba lo tenía el presidente Bush. Él dijo que la “guerra del presidente... tiene el país destrozado”.

“Ojalá ese gobierno desaparezca”, dijo, espresando un deseo muy común en todo el país.

Morillo también criticó aumento en las tarifas para hacerse ciudadano, tildándolo de “robo”.

Francisco y Jesús, ambos indocumentados, también están pensando en irse de Hazleton.

Francisco dijo que la policía local estaba acosando a los hispanos “porque no somos blancos sino de tez morena”. Él habló de amigos que tienen documentos de residencia han sido parado por la policía y obligado a mostrar que no son indocumentados. Después los sueltan, dijo.

Francisco dijo que no veía para él ningún beneficio con el fallo en contra las ordenanzas. Él dijo que por las ordenanzas de Barletta, “Nos cierran muchas puertas. ... Vamos a buscar otros lugares donde nos traten mejor”.

Jesús dijo estar de acuerdo con Francisco. “Antes era más tranquilo. Antes que pusiera la ordenanza el alcalde”, agregando, “Nosotros venimos aquí más que nada para superarnos”.

Él criticó que no se ha promulgado una nueva ley de reforma migratoria. “Queremos que salga una nueva iniciativa para todos los hispanos”.