Activistas por la justicia social en Colombia están acusando al gobierno de usar evidencia falsa para arrestar y callar a personas de la izquierda, por los derechos de los trabajadores y campesinos y en pos de los derechos humanos.

En agosto del año pasado, durante la misma semana que se hizo público un reporte detallando los asesinatos de campesinos en Colombia, la autora del informe, la activista Liliany Obando, fue arrestada y acusada de rebelión y de administrar fondos de las guerrillas. Su juicio está programado para empezar el 27 de agosto — un año después de su arresto.

El reporte de Obando detalla los asesinatos de más de 1.500 campesinos afiliados a Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Al ser arrestada la directiva de FENSUAGRO declaró, “Esta casería de brujas donde se pretende involucrar a Liliany Obando Villota, quien no es la Representante Legal ni Directora de FENSUAGRO, pero si es una persona reconocida socióloga de la universidad Nacional y Defensora de Derechos Humanos, quien prestó sus servicios en nuestra Federación como Coordinadora de Proyecto en Derechos Humanos y demostró ser una persona honesta, responsable y muy trabajadora; al igual que participó en varios encuentros internacionales con el aval de la federación”.

Supuestamente el nombre de Obando se encontró en la computadora de Raúl Reyes, fallecido dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La computadora de Reyes fue capturada cuando militares colombianos bombardearon un campamento de las FARC en Ecuador donde Reyes estaba tratando de trabajar a favor de un canje de presos entre el gobierno y la guerrilla.

Activistas pro derechos humanos han criticado al gobierno del derechista presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por “sacar” nombres de lo que llaman “la computadora mágica de Raúl Reyes”. INTERPOL, la agencia policiaca internacional, dice que no pueden verificar si lo que hay en la computadora no fue alterado. Según la misma policía de Colombia, no había correos electrónicos en la computadora solo documentos.

El gobierno colombiano ha estado usando lo que dice es información de la computadora para perseguir a dirigentes sindicales y políticos de izquierda. Entre los que han acusado están Jaime Caycedo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo y secretario general del Partido Comunista, el diputado comunista Wilson Borja, la senadora por el Polo y comunista Gloria Inés Ramírez; el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, la senadora liberal Piedad Córdoba y el senador por el Polo José Enrique Robledo.

No obstante, estas acusaciones no siempre le van bien al gobierno de Uribe. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso en contra de la senadora Ramírez. Como declaró en un comunicado el Partido Comunista Colombiano, esa decisión “confirma el criterio de que los informes supuestamente extraídos de los computadores capturados tras el bombardeo al territorio ecuatoriano carecen de valor probatorio en los procesos judiciales a los dirigentes de la oposición”.

Los comunistas critican al gobierno derechista por “las acusaciones sin fundamento y a los señalamientos irresponsables que representantes del gobierno de Uribe Vélez y de las Fuerzas Armadas lanzaron contra la senadora del Polo Democrático Alternativo y contra otros compañeros, como el representante Wilson Borja, el Director de VOZ Carlos Lozano y el concejal Jaime Caycedo”.

La senadora Ramírez dijo, al enterarse de la acción del tribunal, “Tenemos la certeza de que la senadora Piedad Córdoba y el representante a la Cámara Wilson Borja, víctimas de similares montajes, también demostrarán su inocencia, y que los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Carlos Lozano y otras personalidades democráticas y de izquierda, terminarán derrumbándose por su incuestionable inocencia de los hechos que se les imputan”.

“Nos resta esperar que la Procuraduría General de la Nación obre en consecuencia y archive los procesos disciplinarios abiertos contra mi, contra los senadores Piedad Córdoba y Jorge Enrique Robledo, contra el Representante Wilson Borja y contra el Concejal de Bogotá, Jaime Caicedo Turriago, porque el único ‘delito’ que han cometido es el de hacerle oposición a un régimen que cada día demuestra con mayores evidencias que es una vergüenza para país”.