CARACAS (Prensa Latina) – Descabezada y en una profunda crisis, la opositora Coordinadora Democrática (CD) parece que se transformará en una de las tristes historia de Venezuela, donde la terquedad y el odio fueron su principal arma de lucha.

Esa organización, con sus partidos y agrupaciones sociales, está pagando ahora el precio del fracasado paro, que terminó en febrero pasado sin lograr la renuncia del presidente Hugo Chávez.

El gobierno venezolano y Chávez se muestran más fortalecidos que antes, pues controlan en un 100 por ciento la industria petrolera, regulan los precios de los alimentos y deciden a cuál empresa o funcionario entregar las divisas para la importación de insumos.

La empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), que fue paralizada y saboteada por un grupo de sus directivos de la nómina mayor en diciembre pasado, está a punto de recuperar sus niveles de producción, ascendentes a 2,9 millones de barriles diarios de crudo.

Según el ministro de Energía y Minas Rafael Ramírez, las refinerías del país alcanzarán este mes sus niveles máximos de explotación, y por ende el gobierno dejará de importar gasolina.

Tales acontecimientos pondrán en jaque y a punto de mate a la oposición, cuyos principales voceros tienen cuentas pendientes con la justicia.

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, se mantiene en su casa, en arresto domiciliario, en espera de un juicio, tras ser acusado de rebelión civil e instigación a delinquir.

El líder de la Confederación de Trabajadores, Carlos Ortega, quien está prófugo, es buscado por la Policía para que responda por los cargos de traición a la patria, devastación, agavillamiento, rebelión civil e instigación a delinquir.

El tercero de ese grupo, que durante el paro aparecía frente a las cámaras de televisión con un denominado parte de guerra, Juan Fernández, está acusado junto a otros ex directivos de PDVSA de rebelión civil, daños a la industria petrolera e interrupción del suministro de energía o gas.

La derrota opositora en febrero pasado profundizó aún más las divisiones internas entre las formaciones integrantes de la CD y entre sus principales jefes, que buscan una oveja negra para culparla de sus reveses.

Miles de personas, que se sumaron al paro y abandonaron su trabajo con la promesa de que Chávez no aguantaba una conspiración tan bien planificada, exigen ahora una solución a sus problemas.

Los ex directivos petroleros son los más afectados, pues ni la Coordinadora, que anunció ya una reestructuración interna, sabe qué hacer con más de 12 mil despedidos.

Del clima de euforia, percibido en diciembre último, la dirigencia opositora pasó en febrero último a la desesperación, con expresiones violentas y hasta radicales, que no son del agrado de la mayoría de la población venezolana.

Las recientes explosiones de bombas en dependencias de las embajadas de Colombia y España en esta capital, con un saldo de tres heridos, evidencian que la violencia podría ser un nuevo recurso en las fracasadas intenciones de los adversarios del gobierno bolivariano.

A estos estallidos han seguido una serie de amenazas de bombas en diferentes puntos de Caracas, que causan alarma entre la población.

Tales acontecimientos pudieron constituir otro desliz para la oposición, que durante el pasado año se pasó el tiempo alimentando al odio y a la violencia a través de los canales privado de televisión.

Una nueva y sucia maniobra fue denunciada por el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, quien alertó sobre la puesta en marcha de “un tercer intento de golpe de Estado”, esta vez “con orquestación internacional”.

El primer ensayo -dijo- fue el fallido golpe de Estado de abril del 2002 y el segundo fracaso tuvo lugar entre diciembre y enero pasados, con el paro patronal de 62 días, que perseguía forzar a la renuncia del jefe de Estado con la paralización de las empresas y comercios de Venezuela, aseveró.

La campaña de desinformación internacional está dirigida a motivar la condena de Venezuela en los escenarios y foros mundiales, así como impulsar a una intervención extranjera.

Líderes opositores han enviado cartas a gobiernos y congresistas de Estados Unidos y de países latinoamericanos para que se solicite la aplicación en esta nación de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La cláusula democrática de ese documento, aprobada en abril del 2001 en Quebec, Canadá, establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional en un estado del Hemisferio constituye un obstáculo para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de las Américas.

Según la carta, se podrá igualmente solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática cuando se considere que está en riesgo el proceso político institucional o el legitimo ejercicio del poder.

Los adversarios del gobierno venezolano intentan crear una imagen tergiversada de la realidad en Venezuela y de su ejecutivo para forzar a la OEA a poner sus ojos en este país.

Otras divisiones ante posible contienda electoral a pesar de haberse desechado hasta ahora cualquier posibilidad de adelanto de comicios generales en el país y sin que siquiera se conozca fecha definitiva para una eventual solicitud por la oposición de un referéndum revocatorio del mandato del Jefe de Estado como permite la Constitución, comienzan a aparecer los autoproclamados aspirantes a ese cargo.

La ambición por el poder de algunos líderes partidistas ha motivado asimismo una nueva y evidente división en el seno de la oposición, en la cual una minoría de la Coordinadora Democrática solicita la elección de un candidato único para enfrentar a Chávez en los futuros comicios.

Sin embargo, muchos partidos y agrupaciones, integrados en la CD, proclaman abiertamente su intención de competir separadamente en esas eventuales elecciones

La ruptura más evidente en las últimas horas fue protagonizada por Henrique Salas, del partido Proyecto Venezuela, quien ya inició su campaña electoral con anuncios en canales privados de la televisión.

Su aparición en la televisión, con llamados a exaltar su figura, sin que hasta ahora se conozca si habrá o no comicios en este territorio, levantó ronchas entre sus colegas de la oposición.

Salas, cuya agrupación tiene su principal asentamiento en el estado de Carabobo, donde también controla la gobernación de ese territorio, fue derrotado por Chávez en las elecciones generales de 1998.

Además del dirigente de Proyecto de Venezuela, han mostrado interés en medirse en una contienda electoral el gobernador del estado de Miranda, Enrique Mendoza; el diputado del partido Primero Justicia, Julio Borges; el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Manuel Cova, e importantes representantes del partido Acción Democrática.

No obstante, los acontecimientos actuales y venideros apuntan a que la Coordinadora seguirá descabezada y en crisis, pues será muy difícil que sus principales líderes se aparten de sus intereses y ambiciones personales.