Una cosa fue cierta después de las vistas públicas en el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico — la mayoría aceptan que Puerto Rico es una colonia dominada por EEUU. En la vista pública, el 27 de abril ante la Comisión sobre Recursos de la Cámara de Representantes federal, se escuchó testimonio sobre el estado político actual de Puerto Rico y qué debe de ser el futuro de esta nación caribeña. Específicamente la vista fue para discutir el informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Status de Puerto Rico. Este grupo de trabajo fue primero organizado por el presidente Bill Clinton y continuado bajo el gobierno del actual presidente Bush.

El reporte, publicado en diciembre del pasado año, tiene un número de conclusiones que subraya la situación colonial de Puerto Rico. Entre estos está que, bajo la “cláusula terrorial” de la Constitución, el Congreso estadounidense puede cambiar el status y las leyes y hasta la Constitución de Puerto Rico. A propósito, la Constitución de Puerto Rico solo se pudo instituir después de que el Congreso la aprobó hace más de 50 años. Esa aprobación sin una sección original que garantizaba el derecho a tener un empleo remunerativo, derecho a la educación, y otros derechos democráticos y progresistas encontrado en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos.

La cláusula territorial condena a la burla el punto de vista del liderazgo autonomista puertorriqueño que dice que Puerto Rico ha entrado en un “compacto” libre con EEUU.

El reporte también subraya que la ciudadanía estadounidenses de los puertorriqueños nacidos en su país es por ley y no constitucional. Esto significa que por ley se puede anular. La Ley Jones, implementada en el 1917, le impuso la ciudadanía estadounidense a los nacidos en Puerto Rico.

El grupo de trabajo, ahora controlado por Bush y su gobierno, propone un “proceso de dos pasos” en el cual a través de un plebiscito ciudadanos estadounidenses viviendo en Puerto Rico votaría para primero decidir si quieren mantener el status actual. Al rechazarse el status conocido como el Estado Libre Asociado, habrá otro voto para escoger entre convertirse en un estado de la unión norteamericana o constituirse como una nación independiente soberana. No obstante, el poder de tomar esa decisión todavía recae sobre el Congreso.

Un proyecto de ley introducido por el congresista demócrata por Nueva York, José Serrano y el delegado sin voto de Puerto Rico Luís Fortuño (que se considera republicano) propone la propuesta del grupo de trabajo.

Este proyecto lo favorecen los elementos anexionistas pro estadidad y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El PIP piensa teniendo como alternativas la independencia o la estadidad, el Congreso estadounidense no aceptaría una nación latinoamericana como estado y la única solución sería la independencia. Tratar de obligar a Puerto Rico convertirse en un estado norteamericano de habla inglesa sería rechazado por la gran mayoría de puertorriqueños.

En su testimonio antes la comisión, Rubén Berríos, presidente del PIP, dijo, “incluir la opción de ‘estadidad’ en cualquier proyecto es condenarlo a la muerte legislativa”. Él agregó que. “Si el Congreso está dispuesto a construir una muralla en su frontera austral, ¿consideraría seriamente la idea de incorporar un territorio compuesto de cuatro millones de latinoamericanos?”. Berríos criticó el informe por simplemente incluir a la estadidad como opción.

Berríos concluyó su testimonio denunciando “el asesinato, por el Negociado Federal de Investigaciones el 23 de septiembre del año pasado, del militante independentista Filiberto Ojeda Ríos”.

Otro proyecto de ley, introducido por Nydia Velásquez (demócrata por Nueva York) y Luís Gutiérrez (demócrata por Illinois), haría posible una Convención Constitucional Puertorriqueña electa por residentes de Puerto Rico y puertorriqueños no residentes que nacieron en la isla o tienen un padre o madre nacida en Puerto Rico. Ese proyecto cuenta con el apoyo de las fuerzas autonomistas y sectores del movimiento independentista puertorriqueño.

Carlos Dalmau, director ejecutivo del autonomista Partido Popular Democrático, dijo que el reporte y el proceso de dos pasos es un intento de “crear una mayoría artificial por la estadidad” en su testimonio antes la comisión de la Cámara oponiéndose a ambos el informe y el proyecto Serrano-Fortuño. Dalmau, como la gran mayoría de los que aceptan el Estado Libre Asociado, criticó que se le llame a Puerto Rico una colonia.

El Estado Libre Asociado fue instituido hace 50 años con el motivo de quitar a Puerto Rico de la lista de territorios colonizados de la ONU.

Un sector de las fuerzas autonomistas han optado por un nuevo Estado Libre Asociado o la “República Asociada”. Esta posición es una aceptación tácita que actualmente Puerto Rico es una colonia. Expertos legales han argumentado que este status sería inconstitucional debido a la cláusula territorial.

Una carta enviada a la comisión de la Cámara, respaldando el proyecto Velásquez-Gutiérrez, por Julio Mugiente, Héctor Pesquera y Sonia Cepeda, dirigentes del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, notó que “es el pueblo de Puerto Rico que debe iniciar y conducir el proceso descolonizador a través de su derecho natural de reunirse en asamblea y libremente determinar su futuro”.

Los dirigentes del MINH apuntaron a que no se le dio “una oportunidad de presentar su punto de vista”. Ellos también pidieron que se “hagan vistas en Puerto Rico para promover la participación más amplia del pueblo puertorriqueño”.