El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos rechazó el 21 de junio una demanda colectiva por discriminación laboral de un millón 600 mil mujeres contra la cadena de tiendas Wal-mart. La Corte dictaminó que el pleito no tenía suficiente peso legal como para continuar en forma de querella colectiva.

 El caso llevaba diez años en los tribunales. La mujer que promovió la primera denuncia fue Betty Dukes, tras constatar que la empresa le pagaba menos por ser mujer y negra. Once días después se le sumaron otras cinco mujeres, y luego la demanda se convirtió en un caso de discriminación por género en toda la compañía.

Los abogados de las demandantes argumentaron ante la Corte que las mujeres representaban dos tercios de los empleados de Wal-Mart, pero que sólo una fracción accedía a un cargo gerencial en alguna sucursal. Añadieron que en casi todas las categorías laborales las mujeres ganaban menos que los hombres, pese a que la mayoría había trabajado más años en la compañía que sus contrapartes masculinas.

Por su parte, Wal-Mart arguyó que con "siete divisiones, 41 regiones, 3,400 tiendas comeciales y más de un millón de empleados", las experiencias de los empleados individuales son demasiado distintas como para permitir jurídicamente una demanda "colectiva". Wal-mart, en otras palabras, es demasiado grande, demasiado multifacética y demasiado diversa como para poder ser jurídicamente demandada.

Los jueces de la Corte respaldaron los argumentos de Wal-mart, y se mostraron contrarios a aceptar el tamaño de la demanda que sentara un importante precedente de cara a demandas similares.

En su opinión, convertir las demandas individuales en una causa común haría demasiado fácil para los trabajadores pelear por demandas laborales con la intención final de que sean admitidas como causa común ante la justicia.

Por eso, ante el peligroso precedente que podría suponer, Wal-mart no tardó en recibir ayuda de algunas de las mayores multinacionales estadounidenses. En total, 19 compañías, incluidas Bank of America y Microsoft, solicitaron a la justicia rechazar la unificación de las demandas bajo lo que se conoce como class-action, o procedimiento legal en defensa de un amplio grupo de personas que tienen un interés común.

El Alto Tribunal finalmente decidió no unificar en una sola causa las múltiples denuncias procedentes de empleadas de 4.400 tiendas diferentes de Wal-Mart y Sam's Club desde 2001, y puso fin a las demandas colectivas presentadas conforme al título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La decisión es extremadamente delicada, cambia el panorama legal de las demandas laborales y otro tipo de acciones populares.

Las demandas colectivas aumentan la presión en las empresas para que busquen un arreglo debido al costo que les acarrea su defensa, y se convierten en poderosos instrumentos para obligar cambios cuando se presentan de manera colectiva en lugar de individualmente

Al rechazar la querella colectiva, los jueces del alto tribunal limitan el recurso de las demandantes, por lo que tendrán que continuar con su denuncia a título individual.

"Es muy costoso un pleito legal para los particulares dentro del título VII. Se hace como una demanda colectiva o nada" , señaló el profesor de leyes de la Universidad de Columbia, John Coffee.

 El presidente de la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales (UFCW), Joe Hansen, dijo que el fallo fue "profundamente perturbador", porque "el máximo tribunal de nuestra nación le ha dado la espalda a una solución colectiva para trabajadoras que enfrentan injusticias generalizadas".

La cadena Wal-Mart, fundada en 1962 por Sam Walton, tiene un historial laboral complicado. No permite que ninguno de sus empleados se afilie a un sindicato y ha sido criticada por no tratar muy bien a sus empleados y por su impacto negativo en las economías locales donde se implanta. Los gobiernos, a todos los niveles, también pierden cuando llega Wal-Mart: reduce sueldos y salarios, elimina puestos de trabajo y lleva a las familias a la pobreza. El resultado es que el gobierno termina pagando por su Medicaid, S-CHIP (seguro de salud para los niños), estampillas de alimento, y otras ayudas.

La realidad con respecto a Wal-Mart es que simplemente es inmenso. Ellos fijan las reglas.

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.

Foto: De izquierda a derecha, Betty Dukes, Gunter Deborah, Kwapnoski Christine y Arena Edith, los demandantes en el caso de las mujeres en contra de Wal-Mart, en una conferencia de prensa 29 de marzo fuera de la Corte Suprema de Justicia. (Jacquelyn Martin / AP)