Grupos de apoyo a los inmigrantes y los jornaleros fueron al Tribunal Federal en busca de una orden judicial contra el alcalde Michael Wilson de Freehold en Nueva Jersey por violar “el proceso debido y los derechos a la libre expresión” de los jornaleros latinos en ese pueblo. Las acusaciones fueron depositada en el Tribunal Federal en Trenton, capital de Nueva Jersey, el 21 de enero.
Los jornaleros fueron prohibido a juntarse cerca de las vías de tren para esperar gente que los quieran contratar. Cuando la ciudad emitió la prohibición una iglesia local bautista ofreció el uso de su área de estacionamiento.
La demanda dice que la policía y oficiales de Freehold “intentan prevenir que ellos busquen trabajo y/o vivan dentro de los límites” del municipio. Las organizaciones ya habían acudido a los tribunales federales en diciembre y está demanda está conectada con esa. Las grupos pro-inmigrantes dicen que estas prácticas violan la Constitución de Estados Unidos.
De acuerdo a César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educación, “Lo que está en juego no es solo su derecho de hablar y reunirse pacíficamente, sino su mismo derecho de buscar empleo y sobrevivir. Eso no es justo y ciertamente es inconstitucional”. Perales es el abogado principal de la demanda.
La policía de Freehold está dándole multas a los jornaleros y amenazándolos con arrestarlos. La policía fue autorizada a multar y reportar a los inmigrantes latinos al departamento de Seguridad Patria federal solo por solicitar empleo. “Esto es claramente una campaña para forzar a los latinos fuera” de Freehold, dijo Perales.
Aunque supuestamente solo los jornaleros son blancos de esta campaña, muchos latinos que no son jornaleros fueron víctimas de estos abusos, dijeron los abogados de los jornaleros. La policía está pasando un volante que implica que los jornaleros latinos son una amenaza a la seguridad. Los esfuerzos de la iglesia que quiso otorgarle su estacionamiento para esperar empleo fueron minado con ese volante. “El alcalde Wilson y la policía de Freehold han organizado lo que solo puede ser caracterizado como una campaña deliberada discriminatoria contra los latinos”, dijo Perales.
Bajo las condiciones en ese pueblo, si dos latinos se juntan para hablar con alguien que piensen contratarlos pueden ser multados, sin embargo si dos que no sean latinos hacen lo mismo, nada le pasa.
Acusan municipio violar derechos de inmigrantes