Con la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en manos de la española Repsol el gobierno argentino inicia el tránsito empinado de restaurar la soberanía energética.

¿Por qué ha debido considerar Argentina al petróleo y al gas como recursos estratégicos de interés nacional?

Porque el desarrollo de un país está vinculado con la disponibilidad y producción de energía para su sector productivo. Se necesita energía abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento acelerados. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que permitan a las actividades ser competitivas, local e internacionalmente. Para alcanzar ese objetivo en el caso argentino es fundamental el autoabastecimiento.

Recordemos que YPF, creada en 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con yacimientos descubiertos a partir de 1907, fue conducida inicialmente para brindar una base para la industrialización e independencia económica y dando empleo a muchos argentinos.

Pero aquella YPF comenzada por Yrigoyen ya no existía en 2006. Había sido privatizada durante el gobierno de Carlos Menem entre 1990 y 1992, tras haber despedido a casi 35 mil de sus trabajadores, remató YPF en una operación irregular y a un precio muy por debajo de su valor. Y en enero de 1999 la sociedad anónima ya había quedado bajo el control mayoritario de la española Repsol.

Repsol-YPF pasó a poseer un considerable poder de mercado. Su filial YPF controla 52 por ciento de la capacidad de refinamiento del país y dispone de una red de mil 600 estaciones de servicio.

El comportamiento observado por las empresas privadas energéticas en Argentina, a partir de la desregulación y privatización de los hidrocarburos, ha sido privilegiar la maximización de ganancias en el corto plazo y la remisión de las utilidades al exterior.

Con Repsol-YPF se reemplazaba la lógica del interés nacional por el de la ganancia empresarial. La producción se destinaba esencialmente a la exportación, a fin de aprovechar el vertiginoso alza del precio del crudo, mientras se dejaba de lado la constitución de reservas indispensables para el futuro. Al mismo tiempo se disminuía la exploración de riesgo y se reducía en forma considerable la cantidad de años que aquellas reservas podían cubrir.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que de "proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos, ya que somos el 3er. país en el mundo luego de China y EEUU en tener gas".

Uno de los reproches es que Repsol-YPF "redujo entre 30 y 35 por ciento su producción de crudo en los últimos años y más de 40 por ciento la de gas", lo que forzó a Argentina a aumentar a más de 9 mil millones de dólares las importaciones de hidrocarburos.

Además, la renta petrolera se reciclaba fuera del circuito productivo nacional, privilegiando la remisión al exterior de utilidades, que no resolvían ni la posibilidad de absorber el aumento del valor del crudo, ni la cuestión principal que era el control por parte del Estado de un recurso cada vez más escaso e imprescindible para la nueva etapa de desarrollo económico del país.

Repsol- YPF se transformó, por decisión propia, en una traba al desarrollo nacional. La actitud de la transnacional dejó de tener coincidencia alguna con lo que Argentina necesita en materia de progreso.

Y "No es que no nos dimos cuenta que YPF (la filial de Repsol) andaba mal, es que les tuvimos paciencia".

Finalmente, llegó el día del punto final de la YPF privada.

El 16 de marzo el gobierno de Argentina declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol. Según el proyecto de ley, el 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirán entre las provincias petroleras.

"Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión de expropiación", señaló la Presidenta. Tras la "desnacionalización" de YPF en 1998, el país ha acabado convirtiéndose en "importador neto" de gas y petróleo. "Es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo", afirmó.

Entonces detalló la caída de reservas y producción de la compañía, que llevó a que el país registrara el año pasado un saldo comercial deficitario en materia de combustibles de 3,029 millones de dólares.

Con el Estado nuevamente a cargo de YPF se buscará recuperar el autoabastecimiento.

Una vez que detalló los motivos por los cuales decidió intervenir en el mercado, la Presidenta intentó espantar algunos fantasmas dando precisiones sobre lo que el gobierno planea hacer de ahora en más.

"El modelo que hemos elegido para el futuro de YPF, dijo, no es de estatización porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Vamos a hacer una conducción de la empresa absolutamente profesionalizada", prometió.

Foto: El presidente de Argentina, Cristina Fernández movimientos de silencio, mientras que su proyecto de ley para nacionalizar el control de España compañía petrolera YPF, se lee en voz alta en la Casa Rosada en Buenos Aires, 16 de abril. Natacha Pisarenko / AP