En la mañana del jueves 3 de marzo, en La Esperanza, Departamento de Intibucá, en el occidente Honduras, al menos dos hombres encapuchados, irrumpieron en la casa donde se alojaba la internacionalmente conocida, líder de derechos indígenas y ambientales Berta Cáceres. Le fracturaron su brazo y pierna y luego le dispara ron al menos cuatro veces, matándola. Un activista ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, que también se hospedaba en la casa, fue herido en el ataque, pero sobrevivió. Las autoridades hondureñas dicen que han detenido a dos personas por el delito, pero no han indicado un motivo para el mismo. Muchos hondureños ven estas detenciones con escepticismo.

Berta Cáceres era una hija del pueblo indígena Lenca. Al momento de su muerte, y a la edad de 44 años, ella había estado luchando desde la década de 1990 contra los abusos de una serie de gobiernos de derecha en su país y también contra la minería a gran escala y proyectos de construcción de represas llevados a cabo por empresas hondureñas y extranjeras, que ella y sus vecinos denuncian como una amenaza el medio ambiente físico y los medios de subsistencia de los Lencas y los otros pueblos rurales pobres. Para ello, ella co-fundó y condujo el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), COPINH, en 1993. Al tiempo ella tenía 23 años.

Cáceres, COPINH y el pueblo Lenca mantuvieron su lucha y parecían estar a punto de cierto éxito cuando el gobierno del Presidente Manuel Zelaya, elegido en 2005, comenzó a dictar políticas de reformas agrarias y laborales, así como otras medidas progresistas. Sin embargo, Zelaya fue derrocado por un golpe militar el 28 de junio de 2009. Bajo el Presidente provisional instalado por el golpe, Roberto Micheletti, las protestas que exigian la restauración de Zelaya fueron reprimidas. La represión continúo bajo el Presidente Porfirio Lobo, elegido en unas elecciones dudosas en 29 de noviembre de 2009. Asesinatos de los opositores del gobierno y de los defensores de los derechos humanos continuaron en niveles altos, y la corrupción despegó mientras las medidas progresistas de Zelaya fueron derogadas. El sucesor de lobo, Juan Orlando Hernández, ha presidido sobre la continua violencia y represión, así como un nivel escandaloso de corrupción que ha traído a los hondureños a las calles para protestar en números que no se veía desde los días del golpe de estado de 2009. Hernández también ha tratado to pack the judiciary con sus partidarios políticos.

Bajo Lobo y Hernández, Honduras ha sido dejada abierta para las actividades de rapaces empresas extractivas extranjeras, irrespectivo de los intereses de las personas afectadas por sus operaciones y del daño causado al medio ambiente y a las comunidades campesinas. Berta Cácares y COPINH han desempeñado un papel destacado en la oposición a estas operaciones abusivas. En particular, ellos han estado luchando, a menudo con acción directa, para detener la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque, en Río Blanco en el norte de la Provincia de Intibucá. La represa, cuya construcción fue autorizada sólo meses después del golpe de 2009, va a destruir el sustento de la gente agricultora Lenca, así como los sitios sagrados de su cultura. Además la autorización para la presa y la adquisición de los títulos a la tierra para su construcción, parece envolver un fraude masivo, incluyendo la falsificación de las firmas de dirigentes Lenca. Esto significa que el proyecto de la presa viola el Convenio 169 de Organización Internacional del trabajo de las Naciones Unidas, que requiere que los pueblos indígenas y tribales deben dar su consentimiento informado antes de que este tipo de proyectos pueda proceder. La empresa hondureña DESA (Desarrollos Económicos S.A.) y una compañía China, Synohydro, (que ahora dice que se ha retirado del proyecto) han encontrado financiación de fuentes europeas, incluidos los bancos en los países bajos, Finlandia y Alemania, además de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. COPINH ha acusado DESA de contratar escuadrones de rufianes, que a menudo usan capuchas como los usados por la gente que asesinó a Berta Caáceres, para intimidar y atacar oponentes de Agua Zarca. De hecho, ha habido al menos dos otros asesinatos relacionados con el proyecto, parte de un patrón nacional de agresiones a opositores del régimen y de proyectos corporativos extranjeros. El ejército hondureño ha trabajado estrechamente con la seguridad de DESA.

Berta Cáceres recibió reconocimiento mundial por su lucha. El año pasado ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman. El sitio web del Premio, específicamente menciona el éxito de Cáceres de presionar a Synohydro, el consorcio Chino, y socio de DESA a abandonar el proyecto de la represa de Agua Zarca. 

El sábado 5 de marzo, una gran multitud de personas asistieron al funeral de Berta Caceres en La Esperanza. Una presencia valiente fue la su hija, Olivia Zúñiga Cacares, que puso la culpa de la muerte de su madre frente a las puertas del DESA, de las empresas financieras europeas y en el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. Ella llama Hernandez "participante, cómplice y culpable de este crimen político... Presidente Juan Orlando Hernández, déjenme decirle: mataron a Berta Cáceres, pero su gobierno se está muriendo".

Miss Zuñiga Cáceres exigió investigar el asesinato de su madre por un cuerpo de observadores internacionales y funcionarios no sólo Honduras, que se siente estarían sujetos a presión y soborno. Berta Cáceres estaba supuestamente bajo protección policial en el momento que ella murió y la Comisión Interamericana de derechos humanos exigió que a ella se le diera proteccion.

También, un mensaje fue enviado por el senador estadounidense Patrick Leahy (D-Vermont), que, además de denunciar airadamente el asesinato y el tratamiento a que han sido sometidos los Lencas y otros defensores de los derechos del pueblo en Honduras, apoya firmemente la demanda de una investigación internacional del asesinato. El Mensaje de Leahy lee en parte:

"En primer lugar, la investigación de este delito tiene que ser independiente y completa, incluyendo la participación de expertos internacionales. Los responsables de ordenarlo y llevarlo a cabo deben ser llevados ante la justicia.

"En segundo lugar, el río Blanco y el territorio que Berta dedicó su vida a defender, debe ser protegido. Debe abandonarse el proyecto de la represa de Agua Zarca.

"Y tercero, todos los hondureños y sobre todo sus dirigentes, públicamente deben dedicarse a defender el legítimo papel de activistas como Berta, de organizaciones de la sociedad civil como COPINH, periodistas independientes y otros que ejercen pacíficamente sus derechos a exponer la verdad y a exigir una sociedad más justa. Es responsabilidad del gobierno protegerlos, no para tratarlos como legítimos objetivos de intimidación y arresto ".

El senador Leahy paró corto de agregar que el gobierno de Estados Unidos tiene una gran responsabilidad por la muerte de Berta Cáceres y de muchos otros defensores hondureños de la justicia. No sólo ayudó el Departamento de estado de Estados Unidos, bajo Hillary Clinton, a consolidar el golpe de estado de junio de 2009 (un hecho sospechado durante mucho tiempo por muchos en Latino América y desde entonces confirmado por algunos de los correos electrónicos de Clinton), sino que el gobierno de Estados Unidos ha continuado canalizando fondos a las fuerzas de seguridad hondureñas que están implicados en la mayor parte de la violencia.

Hay algunas tareas de prioridad inmediata para las personas en los Estados Unidos que se preocupan por esta situación. Uno debe asegurarse de que el mexicano testigo al asesinato, Gustavo Castro Soto, no sea también asesinado. El intentó regresar a México, pero el domingo por la mañana fue detenido en el aeropuerto por autoridades hondureñas, que actualmente lo tienen detenido. Las personas de buena voluntad se les pide exigir que se le deje salir de Honduras tan pronto como sea posible, ya que su vida está en grave peligro. Hay una necesidad urgente en contactar La Embajada de Honduras en Washington D.C. y demandar del Embajador Jorge Alberto Milla Reyes que al Sr. Castro Soto se le permita regresar a México inmediatamente y proteger la vida de la familia de Berta Cáceres, la de sus amigos y compañeros y de todos los defensores de los derechos humanos y de otros activistas en la lucha por la justicia social en Honduras. Copias de las comunicaciones deben enviarse al Embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, la capital hondureña, James D. Nealon. Además, los mensajes deben enviarse al Departamento de Estado norteamericano y la casa blanca exigiendo poner fin a la financiación de los represivos servicios militares y de seguridad hondureños.

Por último, todos nosotros debemos comunicarnos con nuestros representantes en el Senado y la cámara de representantes insistiendo en que apoyen las demandas del senador Leahy, así como un paro de fondos de Estados Unidos para las fuerzas militares y de seguridad de Honduras. Varias cartas ya han sido enviados por los miembros del Congreso con demandas similares muchas otras organizaciones personas progresistas en los Estados Unidos han estado denunciando la situación en Honduras desde el golpe de estado de 2009, incluyendo la AFL-CIO en un reciente análisis exhaustivo relacionado a la situación represiva y también a la controversia de "niños migrantes". Grupos de defensa del medio ambiente en los Estados Unidos también han denunciado el asesinato de Berta Cáceres y piden se rindan cuentas.

Original: Berta Cáceres, Indigenous environmental leader, murdered in Honduras

Foto: Honduras líder indígena y ecologista Berta Cáceres. | AP