SANTIAGO DE CHILE – Testigos del comando de aviación del Ejercito aseguran que el 11 de septiembre de 1973, helicópteros de la institución militar lanzaron dos cuerpos de integrantes del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), en los faldeos de la cordillera. Entre 400 a 500 cadáveres de partidarios del gobierno de Unidad Popular encabezado por el presidente socialista Salvador Allende fueron lanzados al mar. El GAP era la escolta de Allende formada para proteger al primer socialista electo.

Según el diputado Antonio Leal, del Partido por la Democracia (PPD) y la abogada de derechos humanos, Irma Villagra, los declarantes de la acusación son ex mecánicos de la rama castrense, quienes señalaron que los integrantes del GAP fueron heridos en el palacio presidencial La Moneda y trasladados a la Posta Central de esta capital, donde fueron arrestados por los militares.

Este hecho es parte de la declaración que el juez Juan Guzmán Tapia tiene en absoluta reserva, y que además maneja la premisa de que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) actuó desde el primer día del golpe de Estado en contra de los partidarios del gobierno de ex presidente Allende.

Leal y Villagra, informaron que los pilotos que arrojaron desde los helicópteros serían el mayor retirado Luis Felipe Polanco y el capitán retirado Antonio Palomo, ambos procesados por el ministro Guzmán como encubridores de la muerte de la dirigente comunista Marta Ugarte Román.

Para el diputado y el abogado, la responsabilidad de estos actos es exclusivamente del régimen militar, puesto que en ese entonces, aún no existía la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de Pinochet.

Los nombres de los testigos no serán identificados ante la prensa por petición del juez, formulando sus declaraciones en los próximos días.

Según fuentes oficiales en Chile existen más de tres mil víctimas, donde 1.197 aún se encuentran desaparecidas.

En otras noticias relacionadas con los Derechos Humanos, después de muchas críticas a un proyecto de ley de “reconciliación” por el presidente Ricardo Lagos, el ministro del Interior, Jorge Correa Sutil, anunció que el gobierno está dispuesto a revisar el proyecto.

En una reunión los parlamentarios entregaron al ministro un borrador con las observaciones que permitan eliminar las interpretaciones que conducen a la impunidad o amnistía en dicho documento.

Correa Sutil manifestó que el Ejecutivo está llano a conversar y revisar los contenidos a la propuesta de DD.HH. “Existe un consenso con los partidos de la Concertación en orden a materializar un acuerdo en la materia, y que además el Gobierno está dispuesto a revisar los textos que ingresaron al Congreso”, dijo el ministro del Interior.

Según el secretario de Estado, el Gobierno no quiere dejar abiertos pasillos a la impunidad; por lo tanto, manifestó que “la manera correcta de hacerlo será estableciendo fórmulas jurídicas con las que tenga certeza de que las nuevas leyes no van a llevar a la impunidad”, señaló Correa.

En tanto, el diputado PPD, Guillermo Ceroni, no comparte la idea de sancionar sólo a los autores sistemáticos como se señala en los proyectos de derechos humanos.

“Sugerimos, como incentivo a la entrega de la verdad, que se aplique más que nada atenuantes calificadas, y que dejemos al juez en cada caso a poder aplicarlas de manera que eso le permita, especialmente en aquellos casos de que personas que tuvieron que cumplir órdenes, poder dejar a las personas con pena mínima”, sentenció Ceroni. El proyecto le daría impunidad a algunos de los que participaron en las atrocidades en cambio por información.

Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, manifestó que proyecto en su totalidad es pésimo, ya que “apunta a la impunidad, tiene puntos que son realmente una vergüenza, sobre todo cuando se insta a los violadores de derechos humanos a entregar la información, la que no va a ser utilizada en su contra, ni siquiera van a ser investigados, de hecho se reservan sus identidades. Además, el tribunal va a fijar un domicilio en la perspectiva que puede estar en peligro sus vidas o la de sus familias y qué pasa con nuestros familiares quien respeta lo que fue la tortura el asesinato, la desaparición aquí sólo se busca favorecer a los criminales, a los violadores de derechos humanos. Incluso trae la información secreta y las rebajas de pena que terminan en impunidad en que los agresores no van a pasar un día en la cárcel. La verdad es que es inaceptable este tipo de proyectos, por eso estamos acá rechazando esta iniciativa porque queremos que el Ejecutivo retire la propuesta al Parlamento”.

Artículos combinados de la Agencia de Noticias Mundo Posible y otras fuentes