El lunes 18 de abril, la Corte Suprema de EE.UU. finalmente escuchó argumentos orales sobre el caso Estados Unidos contra Texas, que involucra las órdenes ejecutivas del Presidente Obama que protegen de la deportación a los inmigrantes no criminales indocumentados. Dos cuestiones están en disputa con las políticas de Obama: La expansión de la ya existente Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y la creación de la nueva Acción Diferida para los Padres de los Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA).
Ejecución de los ampliados programas DAPA y DACA no pudo llevarse a cabo después de que veintiséis procuradores estatales, en su mayoría republicanos, presentaron una demanda en una corte federal. Ellos alegan que el ejecutivo federal no tenía derecho a extender tales protecciones a los indocumentados porque obligaría a los gobiernos estatales a pagar costos adicionales para tales inmigrantes. Andrew Hanan, un juez conservador de distrito federal en Texas, ordenó la suspensión de la implementación de las órdenes ejecutivas el 18 de febrero de 2015. La administración de Obama ha hecho apelación, y este caso de apelación es el que ahora la Corte Suprema tomará en consideración.
El caso ya está impulsando el empadrono de votantes en las comunidades latinas y promete ser un factor importante en las elecciones de noviembre.
DACA y DAPA: Sacando a millones de personas de las sombras
El programa original DACA, anunciado por Obama en 2012, aplaza la deportación de personas que fueron traídos a los Estados Unidos sin documentos cuando eran niños menores de edad y les permite obtener permisos de trabajo. Un nuevo programa DAPA y el ampliado DACA fueron anunciados por Obama el 20 de noviembre de 2014. El DACA ampliado elimina de la original la edad de 31 como fecha de corte de elegibilidad al programa, permitiendo que más gente traída aquí como hijos menores de edad pueda aplicar. DAPA aplaza la deportación de los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en este país. A los solicitantes a este programa se le requiere de haber estado en este país de forma continua desde el 1 de enero del 2010.
El impacto beneficioso conjunto de DACA original, de DACA expandió, y DAPA, sería de permitir al menos cinco millones de personas de vivir y trabajar en este país por tres años (renovable), sin temor de deportación. Ellos podrían calificar par recibir un numero de Seguridad Social y se les permitiría viajar fuera de los Estados Unidos bajo ciertas circunstancias - una necesidad importante de los inmigrantes con las familias en sus países de origen.
No todos los inmigrantes indocumentados serían cubiertos por los programas, pero como hay entre 10,5 y 11 millones de personas indocumentadas en el país, DACA y DAPA podrían reducir a la mitad el número de personas que actualmente se ven obligados a "vivir en las sombras."
Muchos trabajadores indocumentados viven en hogares mixtos que incluyen los residentes permanentes legales y ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto el temor constante de ser detenidos y deportados afecta a varias veces más personas que las que están realmente en los Estados Unidos sin papeles. Las personas indocumentadas tienen que preocuparse de ser detenido por un agente de policía por una rota luz trasera de auto, o simplemente por "conducir en estado ser latino" y otros delitos. En tales situaciones, los indocumentados y sus familias enfrentan la posibilidad de ser entregado a las autoridades de inmigración.
Esto, a su vez, podría desencadenar una cascada de consecuencias: la división de la familia; la pérdida del sostén de familia a través de la expulsión; juicio hipotecario provocado porque el sostén de la familia ya no está ahí para hacer los pagos de la casa; el desalojo de la vivienda y ser forzado a alojar en condiciones de vida mucho peores; interrupción de la escuela de los niños y la vida social; y muchas otras cosas malas.
El temor a ser deportados también lleva a los trabajadores indocumentados a sentirse obligados a aceptar salarios inferiores al mínimo y aceptar condiciones peligrosas en el trabajo, lo que afecta negativamente no sólo a los indocumentados, pero también todos los demás trabajadores. Así que el Presidente Obama, cuyo gobierno había sido criticado anteriormente por llevar a cabo un gran número de deportaciones, ha sido ampliamente elogiado por DACA y DAPA en las comunidades latinas y de inmigrantes en Estados Unidos.
GOP bloquea implementación
Como se ha mencionado, la ejecución de los programas fue bloqueada por la demanda de veintiséis procuradores generales estatales, en su mayoría del GOP, que intentaron detener extensiones de Obama (pero no la DACA original). El argumento de los procuradores generales, con el apoyo de la Cámara de Diputados dominada por los republicanos y los grupos anti-inmigrantes, es que en Texas el gobierno del estado subvenciona las licencias de conducir y por lo tanto se vería afectado fiscalmente por tener que administrar la concesión de licencias a las personas que se benefician de un DACA ampliado y DAPA.
La importancia jurídica de esto es que el reclamo de que Texas incurriría un costo de este tipo podría ser visto como dando al estado "precedente legal" en la corte, y por lo tanto, el derecho a demandar. No cualquiera puede arrastrar un caso a la corte por cualquier motivo; uno tiene que demostrar que tiene un interés real en el caso que será decidido.
Ignorado es el hecho de que los estudios muestran que cuando los inmigrantes indocumentados obtienen la capacidad legal para trabajar, sus ingresos suben y también suben los impuestos que pagan a todos los niveles. Así que, con toda probabilidad, Texas y otros estados realmente se beneficiarían económicamente de los programas DACA expandido y DAPA. El gobierno federal, sin embargo, optó por argumentar que el estado de Texas había decidido bajo su propia responsabilidad de subvencionar los costos de licencia de conducir, y podría dejar de hacerlo si lo decidiera a sí.
Más allá de la cuestión de "precedente legal" de los demandantes originales, está la cuestión sustantiva de si el ejecutivo federal tiene el derecho de usar órdenes ejecutivas para proteger a toda una clase de personas de la expulsión, y para darles permiso para trabajar en este país. El gobierno señala que muchos otros presidentes, incluyendo a republicanos, han hecho esto sin que nadie se opusiera.
Por ejemplo, después de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, las leyes de inmigración regulares fueron suspendidas por muchos miles de cubanos que llegaron a los EE.UU. afirmando que estaban huyendo el gobierno de Fidel Castro, y posteriormente a estas personas se les dio la residencia legal permanente. Hay varios otros ejemplos. Además, la administración de Obama argumenta, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno podría arrestar, detener y deportar a 11 millones de personas. Simplemente no cuenta con los recursos y mecanismos para hacerlo.
Que esperar
Las cosas se veían sombrías para el caso de la administración de Obama, a pesar del hecho de que un gran número de profesores de derecho y otros expertos dijeron que era sólido, simplemente por el grado en que la política partidista ha invadido las deliberaciones de la Corte Suprema en esta temporada electoral. Se pensaba por personas siguiendo el caso de que los jueces Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Kagan probablemente apoyarían la posición del gobierno y permitirían proceder la implementación de la DACA extendida y DAPA. Sin embargo, parecía seguro que los jueces Scalia, Alito y Thomas fallarían a favor de los procuradores generales. Eso significaba que todo dependería de las actitudes del juez Kennedy y del juez en jefe Roberts. Kennedy ha sido a veces un voto decisivo, y Roberts, aunque por lo general de derecha, ha en ocasión apoyado reclamos de la administración de autoridad sobre otros temas - incluyendo la legalidad de Obamacare - que ha llevado a algunos entusiastas del partido del Té a considerarlo como un traidor a la derecha.
Como ese caso también tuvo que ver con el alcance de las facultades discrecionales del ejecutivo, se pensó que quizás Roberts llegaría a estar dispuesto a tomar lado con el gobierno en el caso DACA-DAPA también.
Sin embargo con la muerte de Scalia, las posibilidades de una victoria para la Administración Obama parecieron mejorar. El peor de los casos ahora parece ser una fracción de 4 a 4 en la Corte, lo que dejaría en pie el orden original por el juez federal en Texas. No resolvería el caso de manera permanente, sin embargo, no establecería ningún precedente. El bloqueo de la nominación del Presidente Obama de Merrick Garland para reemplazar a Scalia en la Corte significaría que los inmigrantes y sus familias seguirían siendo atrapados en su situación actual hasta al menos después de las elecciones de noviembre, y tal vez más allá.
Sin embargo, el para atrás y para adelante la semana pasada entre los ocho jueces restantes, la administración de Obama (representada por el Procurador General EE.UU. Donald Verilli), y los representantes legales de los fiscales generales estatales fue un tanto desalentador para los partidarios de los derechos ampliados de los inmigrantes. Tanto Roberts y Kennedy parecían cuestionar las posiciones del gobierno, con Roberts sugiriendo que si Texas dejara de subvencionar licencias de conducir, los EE.UU. demandaría al estado por violación de los derechos civiles de los inmigrantes. Kennedy, por su parte, parecía estar confundido acerca de la autoridad del gobierno federal para dar a la gente el permiso legal temporal de estar en el país. Pero, de nuevo, es posible que Kennedy y Roberts estaban haciendo "debida diligencia" en la exploración de todas las partes del caso.
Expertos en los procedimientos de la Corte Suprema opinan que una conclusión probablemente se alcanzó el viernes 22 de abril. Si así es el caso, los documentos del caso están siendo preparados por los jueces y su personal. La decisión podría ser anunciada tan pronto como a mediados de mayo, pero tal vez no hasta finales de junio. Mientras tanto, decenas de millones de inmigrantes y sus familiares siguen la angustiosa espera.
Los votantes latinos en movilización para noviembre
Pero la rígida posición adoptada por los políticos republicanos en este caso está ayudando a motivar a los votantes latinos a empadronarse, posiblemente en cifras récord, para las elecciones de noviembre. Los principales candidatos presidenciales republicanos, Donald Trump y Ted Cruz, han dicho que van a llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados si son elegidos.
Trump ha amenazado construir un muro en la frontera EE.UU.-México para mantener a los mexicanos afuera y "hacer pagar a México por ese mismo." Cuestionado en cuanto a, cómo podría obligar a México pagar, Trump dice que va a aprovechar el dinero que los inmigrantes indocumentados con dificultad juntan para enviar a sus parientes pobres en México. Estas "remesas" ascienden a unos $22 de millones de dólares cada año (aunque no todo viene de inmigrantes sin papeles), por lo que esto iba a sorprender severamente la economía mexicana (que Trump olvida es un importante socio comercial de EE.UU.). Además, Trump y Cruz ambos afirman que terminarán la ciudadanía como derecho de nacimiento para los niños nacidos en los Estados Unidos a los inmigrantes indocumentados, algo que está garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. Kasich dice que estaría a favor de dar estatus legal a algunos inmigrantes indocumentados, pero le prohibiría la ciudadanía EE.UU. en ultimo caso.
Los candidatos presidenciales del Partido Demócrata restantes, el Senador Bernie Sanders y Ex-Secretaria de Estado Hillary Clinton, han tomado posiciones pro-inmigrantes. Ellos no sólo apoyan el expandido DACA y DAPA, sino también una reforma migratoria integral, incluida la plena legalización de los inmigrantes indocumentados no criminales con un camino a la ciudadanía. Ambos han comprometido a expandir los dos programas de la Administración Obama, DACA y DAPA, para cubrir muchas más personas, incluyendo a los padres de personas en el programa DACA.
El caso EE.UU. contra Texas promete ser un factor importante en el período previo a las elecciones de noviembre, no importa cómo la Corte Suprema decida el caso.
SCOTUS decision on DACA, DAPA immigration programs expected soon
Traducción por I. Parra
Photo: AP
