En las últimas cuatro semanas el sistema educativo chileno quedó en el ojo de una tormenta impulsada por cientos de miles de estudiantes y docentes que reclaman una reforma educativa democrática.

En lo medular exigen igualdad, equidad y gratuidad para la enseñanza superior, la estatización de la enseñanza media y terminar con lo que consideran un modelo "de mercado".

"Somos miles de estudiantes universitarios y de secundaria movilizados a lo largo del país, ocupando las universidades, colegios y calles para decir que la educación es un derecho social al que todos y todas debemos tener acceso de manera gratuita", señalaron. Criticaron que el Estado haya dejado el importante sector de la educación en manos privadas, lo que ha creado en Chile grandes diferencias.

El gobierno de Sebastián Piñera no fue el primero que convirtió la enseñanza en materia de lucro, pero sí es el que ha llevado ese proceso a sus expresiones más descarnadamente comerciales.

Muchos de los problemas actuales tienen su raíz en las reformas liberales aplicadas por la dictadura del general Augusto Pinochet 1973-1990) -que disminuyó los fondos públicos y fomentó la creación de establecimientos privados-, la educación chilena exhibe hoy altos niveles de segregación.

Tras el fin del régimen castrense, los esfuerzos se concentraron en la cobertura. Chile hoy destina cerca de 4 por ciento de su producto interno bruto a la educación pública, contra 7 por ciento recomendado por el Fondo de Naciones Unidas para la Educación (Unesco).

Chile tiene 3.5 millones de escolares y cerca de un millón de estudiantes de educación superior.

En Chile, la educación escolar es ofrecida de forma gratuita por los municipios y de forma pagada por empresas que pueden ser subvencionadas por el Estado, según lo que cobren a las familias.

Pero a nivel de educación superior, el problema es que todas las universidades deben obtener sus recursos en el mercado, aunque sean públicas. Por lo que el peso financiero recae mayormente en las familias, que deben endeudarse en instituciones privadas para pagar los aranceles, en créditos que al final resultan tan costosos como una hipoteca.

En ese contexto, los estudiantes volvieron a reclamar el 14 de julio una "educación gratuita y de calidad", un sistema de educación universitario público y gratuito, y rechazar que empresas privadas intervengan en la educación.

"Queremos avanzar a un sistema educativo que abra posibilidades a romper con este Chile segregador y desigual", dijeron sus líderes.

La crisis del sistema educativo, que se ha exteriorizado con gran fuerza a través de las demandas y movilizaciones estudiantiles, es solo una expresión particular de un problema mucho más global y profundo: la extrema desigualdad social actualmente imperante en Chile.

Una sociedad que se ha visto, además, crecientemente desintegrada por las políticas económicas que le han sido impuestas,y por la prédica concomitante de un exacerbado individualismo que menoscaba y erosiona todo sentido de responsabilidad social.

Es este contexto social el que explica la actual crisis del sistema educativo, que sólo opera como un reproductor de la desigualdad.

Se requiere entonces disponer de los recursos necesarios para mejorar sustancialmente la calidad de la educación pública en todos sus niveles, recursos que, en el marco del actual sistema social, sólo pueden obtenerse imponiendo una contribución forzosa y permanente a los que ganan más, es decir, mediante el establecimiento de un sistema tributario de carácter progresivo.

Lo notable es que los estudiantes en sus reivindicaciones, además de la consigna de mejora del sistema educacional, han sido capaces de plantearse transformaciones que apuntan al corazón del sistema.

Así por ejemplo la "renacionalización del cobre", tema central en la economía nacional. El cobre fue entregado a las transnacionales por Pinochet.

En el 2010 las grandes mineras del país obtuvieron utilidades por 14,300 millones de dólares. Estas cifras son lo que los estudiantes han sacado al tapete, porque obviamente , está en relación directa con el financiamiento de todo lo que tiene que ver con la educación.

El presupuesto del Ministerio de Educación para el 2011 fue fijado en 10,777 millones de dólares, es decir, las utilidades de las grandes mineras superan en un 25% las necesidades de toda la educación chilena.

La lucha por una transformación profunda del sistema educativo se revela así como una gran lucha por la justicia social y la democratización del país.

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California. ampueroalberto@yahoo.com

Foto: estudiantes que protestan cerca de Palacio de Gobierno La Moneda, en Santiago de Chile, 16 de junio. (Roberto Candia / AP)