La banca no la tiene fácil. Si durante el boom inmobiliario se cuestionó su comportamiento al conceder hipotecas a propietarios insolventes, ahora está en duda el procedimiento seguido por los bancos para embargar las viviendas.

En el centro del caos está la práctica conocida como robo-signing, por la que los empleados de los bancos ejecutaban miles de embargos al mes, sin leer la documentación, y así poder reducir al máximo posible su cartera de hipotecas dudosas y limpiar sus balances.

El New York Times describe como grandes bancos como JP Morgan o Citibank dejaron los embargos en manos de equipos de recién llegados que "apenas sabían lo que era una hipoteca". En el caso de Citibank, asegura que los empleados de las empresa responsables llegaron a tirar los expedientes a la basura.

El nuevo escándalo inmobiliario está cobrando tal dimensión, que ha obligado a los Fiscales generales de los 50 Estados del país a sumar fuerzas para coordinar una investigación a la gran banca de Wall Street, ante el temor de que hayan realizado embargos de viviendas de forma fraudulenta.

La primera entidad en admitir irregularidades fue Ally, heredera de la financiera de General Motors. Uno de sus empleados llegó a firmar 10 mil desahucios al mes. JP Morgan Chase, el segundo banco en anunciar la suspensión de los procedimientos de embargo, está revisando 115 mil desahucios que pudieron ser ilegítimos en 41 Estados.

"Hemos detectado algunos problemas", admitió el banco.

La verdad es que esta práctica de forzar los embargos, incluso alterando los documentos que se presentaban a la justicia, se ha estado realizando durante años.

La lista de entidades que están modificando ya las prácticas sigue creciendo. Bank of America congeló unilateralmente las ejecuciones en todo el país y se le acaban de sumar PNC Financial, Wells Fargo y Litton, filial de Goldman Sachs.

Sin embargo, las voces de una 'moratoria nacional' en los desahucios es más fuerte y crece.

Tanto los líderes del partido demócrata como del republicano, en plena campaña, claman por una moratoria de los desahucios en todo el país.

Organizaciones como The Leadership Conference on Civil and Human Rights, National Fair Housing Alliance, NCLR, NAACP y CPR, también lo piden: "Hasta que los prestamistas demuestren que están siguiendo las leyes, regulaciones y requerimientos contractuales existentes, relacionados con el proceso legal de ejecución hipotecaria".

Pero una moratoria nacional es algo que la Casa Blanca no ve muy apropiado.

La suspensión, en principio, es una buena noticia para los propietarios en riesgo de perder su hogar, muchos de ellos por falta de empleo. Eso les permite ganar tiempo, dice la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA). Pero advierte de que parar el proceso no hace más que aplazar lo evidente y retrasará la recuperación del sector.

La agencia prefirió llamar a la verificación de todos los documentos relacionados con las ejecuciones hipotecarias. Un proceso que, en el caso de encontrar irregularidades, obliga a rectificar documentos antes de proceder con los embargos.

El número de préstamos afectados se desconoce. Por eso la Casa Blanca pide a los bancos que distingan cuanto antes los procedimientos que son legítimos de los dudosos.

"Si los bancos no aclaran rápido la situación, eso afectará no solo a las ventas de viviendas morosas y causará más incertidumbre en los precios", advierte la firma RealtyTrac.

La Administración de Obama se encuentra en una difícil situación, porque desde hace meses está dando incentivos a las entidades para que modifiquen los términos de las hipotecas problemáticas de propietarios honestos. Pero lo único que desean hacer los bancos es terminar de limpiar las hipotecas basura (subprime) de sus balances lo más rápido posible.

En efecto. Los embargos de viviendas morosas se dispararon en el tercer trimestre, en plena polémica por la actuación irregular de la banca a la hora de revisar las hipotecas de sus clientes. En total se ejecutaron 288,345 desahucios y se subastaron 372,445 propiedades, un nivel nunca visto, en una clara muestra de la prisa que se están dando los bancos para quitarse de encima préstamos y propiedades que pesan en su balance.

RealtyTrack calcula que este año serán embargados los hogares de 1,2 millones de familias. Morgan Stanley, por su parte, señala que hay 1,8 millones de hipotecas morosas en los 23 Estados donde los desahucios deben ser autorizados por un juez, y 1,3 millones en el resto del país.

Las organizaciones defensoras del consumidor ya alertaron a las autoridades de que el sistema está diseñado para favorecer a los bancos.

La acción judicial podría forzar a más bancos a revisar sus prácticas, dicen. Pero está en duda si la suspensión de desahucios (tomadas unilateralmente por los bancos) puede influir en el proceso de corrección del sector de la vivienda.

Nada se dice en relación con reparos para personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias, y en California los deudores hispanos representan un 48% de todas las pérdidas.

Tampoco está claro si los bancos tienen el derecho legal de embargar las viviendas, por como está estructurado el préstamo.

Lo que más temen ahora los bancos es que miles de propietarios los demanden.

Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California ampueroalberto@yahoo.com

Foto: Marilyn Bechtel/PW