El lunes 29 de agosto firmó la Secretaria de Trabajo, Hilda Solís, acuerdos con tres más países latinoamericanos (llegando a un total de seis) sobre la protección de ciertos derechos de trabajadores migrantes. Como fue previsible, la ultraderecha ya está gritando "traición".
Los tres países con quiénes se firmaron acuerdos son El Salvador, la República Dominicana, y Costa Rica. México, Guatemala y Nicaragua ya han firmado acuerdos similares, y asistieron sus embajadores a la firma de los nuevos acuerdos.
No crean los acuerdos ningún derecho nuevo. Declaran nada más que los trabajadores de los países firmantes tienen derecho de colaborar con sus propias embajadas y sus consulados respectivos en casos de violaciones de las leyes laborales norteamericanas, y que el Departamento de Trabajo norteamericano coordinará con personal consular de los países firmantes.
Se estima que hay entre 10 y 11 millones de inmigrantes indocumentados en EEUU en este momento, de los cuales por lo menos 7 millones están en la fuerza de trabajo. Estos suelen ser sujetados a condiciones de empleo abusivas y hasta ilegales por parte de sus patrones y supervisores, porque sus derechos laborales no se pueden hacer efectivos. El inmigrante indocumentado que se queje al gobierno por violaciones a los reglamentos de salud y seguridad ocupacional o de salarios y horas corre un gran riesgo de ser entregado a las autoridades migratorias (Inmigración y Aduanas) para ser deportado. En por lo menos un caso que recuerda este reportero, una queja hecha por trabajadores indocumentados a la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, por sus siglas en inglés) tuvo como resultado no solo una visita por inspectores de seguridad de la OSHA, pero también por agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (como se llamaba la agencia migratoria para aquel entonces). Bajo tales circunstancias, están poco dispuestos a quejarse los trabajadores inmigrantes.
El hecho de que los trabajadores indocumentados se encuentran tan vulnerables a la extrema explotación también hace daño a los trabajadores que son ciudadanos norteamericanos o residentes legales. Hasta el momento la política migratoria norteamericana tampoco ha ayudado; los trabajadores inmigrantes excluidos de trabajos por programas gubernamentales como es el E-Verify (verificación digital de estatus migratorio por los patrones) resultan en general trabajando en los peores trabajos, con pago aun más bajo y condiciones de trabajo pésimas, lo cual rebaja los estándares para todos. El movimiento por los derechos de los inmigrantes y sus aliados sindicalistas han llamado al gobierno a atacar el problema de la superexplotación a los trabajadores inmigrantes con aplicar las leyes laborales existentes, no con atacarles a los mismos inmigrantes.
En su declaración a los medios, la Secretaria Solís lo hizo bien claro que su intención en firmar los tratados es la de protegerles a todos los trabajadores inmigrantes, con o sin papeles.
El programa que se desarrollará bajo los tratados creará mecanismos bajo los cuales las embajadas y los consulados de los países firmantes tendrían un enlace directo con dos agencias del Departamento de Trabajo: OSHA, y la División de Salarios y Horas.
La reacción por parte de grupos antiinmigrantes y por la derecha fue salvaje. Mark Krikorian, del Centro por Estudios Migratorios, que se finge como instituto de estudios científicos pero en realidad el vocero de una red pequeña pero muy vocal de organizaciones antiinmigrantes dijo que está bien aplicar la ley laboral, pero cuando hay intervención a favor de trabajadores inmigrantes indocumentados, estos deben ser deportados también. Por supuesto, el riesgo de ser deportado si te quejas sobre maltratos en el trabajo es precisamente el problema. Otros comentaristas de la ultraderecha acusaban a Solís y a la administración Obama de "servilismo" a sus constituyentes "étnicos," de no entender que los trabajadores norteamericanos deben tener más derechos que los nacidos en el extranjero, y hasta de minar a la soberanía estadounidense. Reaccionaban estos de la misma manera a la reciente declaración de la administración Obama de que desde ahora, los casos de personas actualmente bajo trámites de deportación serán revisados caso por caso, y solo los con antecedentes penales serán priorizados para la deportación.
La realidad es que hay mucho más que se tiene que lograr si la administración Obama busca recobrar su credibilidad sobre cuestiones de derechos migratorios. Sigue el gobierno promoviendo los programas "Comunidades Seguras" y "287-g," bajo los cuales se alistan a policías locales, alguno de ellos racistas o por lo menos poco capacitadas, para ayudar en la aplicación de las leyes migratorias federales, y el programa E-Verify mencionado arriba, que está expulsando de sus trabajados a trabajadores indocumentados (y a veces a otros, por equivocación) y enviándolos a otros trabajos aun peores. Han sido protestas contra "Comunidades Seguras" por todo el país en donde el Departamento de Seguridad de la Patria ha tratado de celebrar reuniones públicas, y tres gobiernos estatales (los de Illinois, Nueva York y Massachusetts) así como varias jurisdicciones menores han intentado abandonarlo. Hasta ahora el gobierno federal ha respondido que seguirá adelante el programa con o sin cooperación por parte de las autoridades estatales.
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