Los Estados Americanos y el Caribe comprenden los Estados del Continente Americano, excluyendo a los Estados Unidos y el Canadá. Geográficamente cubre el área de lo que constituye México en América del Norte, los países de Centro América, los países del Mar Caribe, incluyendo Puerto Rico y los países de Sudamérica, incluyendo sus territorios, como las Islas Malvinas.
Desde su independencia del poder español, esta región ha constituido el patio trasero del imperio estadounidense, para proveer sus necesidades de materias primas, productos vegetales, minerales, petróleo, y área estratégica para cubrir las espaldas del coloso del Norte, en su incesante guerra de ayer y de hoy por el dominio mundial. Desde la constitución de las Naciones Unidas, nuestros Estados Americanos y del Caribe supuestamente hemos gozado de las garantías que estados soberanos tienen en relación sus derechos, como el derecho a la propia determinación y a la no interferencia en sus asuntos internos, con una limitación, siempre que esos derechos no amenacen el dominio social, económico y político del Coloso del Norte. Cuando se ha presentado esa amenaza, el Coloso ha intervenido, militar o encubiertamente para neutralizar el peligro.
Esto no significa que ha llegado la hora de la redención de los derechos conculcados a los pueblos. Simplemente, esto significa, que los pueblos han despertado y están diciendo basta a la cadena de iniquidades que el imperio ha cometido y que los pueblos están decididos a trazar la línea de la actuación decente por la que todos deben transitar. El respeto al derecho internacional, el culto a la integración regional y la observancia de nuestra rica historia de hermandad, cooperación y solidaridad entre pueblos hermanos es la garantía que ofrece nuestro pacto regional. Después de 210 años de vida republicana, vemos que han quedado algunos casos pendientes en la región, que merecen la atención del nuevo Organismo Rector de sus destinos: ellos son el Caso Colombiano, el Caso de Puerto Rico, el caso de las Islas Malvinas y otros que requieren una esmerada atención, como una salida soberana para Bolivia al Pacifico, una salida soberana para Ecuador al Amazonas, ambos casos ocasionados por conflictos armados entre las naciones que desembocaron en negación territorial de acceso a esas vertientes.
El Caso Colombiano.-
Excepción hecha a la situación que vive Perú, en el cual los reportes de prensa dan cuenta de la existencia de reductos guerrilleros en algunas zonas remotas de ese país, el Caso Colombiano es el que más atención requiere, en el escenario Latinoamericano que nos preocupa. La historia política de este conflicto se remonta a la lucha ideológica entre liberales y conservadores de hace 50 años en que la intolerancia política, comparable a la de la Guerra Civil Española que causó un millón de muertos, y un millón de prisioneros en las cárceles, y que desembocó en una dictadura política de una iniquidad impresionante. El caso colombiano ya no se reduce a la lucha ideológica entre liberales y conservadores, ahora se plantea como un punto de conquista social y económica: reforma agraria, regreso de la tierra al campesino, y regreso de los desplazados por la guerra civil a sus locales de origen. La solución al conflicto colombiano no es militar sino político, es decir, hay que llamar a la mesa de negociación a las partes y llegar a soluciones sociales, económicas y políticas. Es una tarea ardua, difícil, pero necesaria e impostergable. Tan pronto se encuentren soluciones a los problemas en conflicto, la amenaza a que ese conflicto local se extienda a la región desaparecerá, y por consiguiente, las 7 bases militares norteamericanas en Colombia, ya no tendrán razón de estar ahí.
