Luchan por la igualdad en la educación

Imagínese esto. Una madre, tratando de escapar la pobreza de su país, viene a Estados Unidos con su hijo de tres años. Él se cría aquí. Va a la escuela y hace bien. En la escuela superior está en el programa de estudios avanzados. En su último año empieza buscar a cual universidad asistir, solo para averiguar que puede ser que la matrícula sea muy cara para él que para sus compañeros de escuela.

Eso es exacto lo que le está pasando a Darío, un estudiante de escuela superior en el estado de Maryland. Darío y su familia son inmigrantes indocumentados y no son considerados residentes del estado en cuestiones de la matrícula universitaria.

En Maryland, los residentes de afuera del estado pagan de uno y medio hasta tres veces más en matrícula que los residentes del estado en las universidades y colegios del estado. La matrícula en instituciones educativas privadas es cuatro veces más alto que en las del estado. Esto no es así solo en Maryland, sino en todos los estados del país.

Una ley federal prohibe que los estados provean “beneficios educativos en la enseñanza superior” si no son disponible para todo ciudadano estadounidense. Esto significa que las escuelas estatales no pueden cobrar la misma matrícula baja para los que viven en el estado, ni darle ningún otro beneficio a estos estudiantes, si no está disponible para todos los ciudadanos de EEUU. Sin embargo, unos cuantos estados se han burlado de esta estipulación de la ley. Estos le dan la matrícula baja a los estudiantes que se han graduado de una escuela superior del estado. Varios estados están considerando hacer los mismo.

A pesar de esto, muchos legisladores estatales y organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes piensa que se necesita legislación federal que sea aplicable en todos los estados.

El 9 de abril, un proyecto de ley fue introducido en la Cámara de Representantes para cambiar la ley federal para que todos los estudiantes, sin importar si son ciudadanos o inmigrantes con o sin papeles, sean elegible para la matrícula más baja por vivir en el estado. El proyecto HR-1684, Ley de Ajuste Estudiantil, fue introducido por 30 representantes, con un número igual de republicanos y demócratas. Se espera que se introduzca una versión del proyecto en el Senado pronto.

Estas leyes harían más fácil a los estados ofrecer la matrícula más baja a los jóvenes inmigrantes indocumentados que se han criado en EEUU y son graduados de escuela superior del país. La ley también ofrece un proceso para que estos estudiantes puedan normalizar su condición de inmigrante para que puedan estudiar y trabajar legalmente.

Estos proyectos de ley tienen el respaldo de un número de organizaciones de derechos civiles, laborales y de inmigrantes que están cabildeando activamente a los congresistas en busca de apoyo. Conseguir el apoyo de republicanos, que supone un reto, es importante, visto que hay un intento por algunos republicanos de la extrema derecha de limitar la inmigración legal a EEUU.

Tom Tancredo, republicano por Colorado, con otros congresistas del mismo partido, han introducido un proyecto de ley que limitaría a 300 mil el número de inmigrantes que se permitan entrar al país. Cuando el diario Denver Post tuvo un artículo en primera plana, el año pasado, sobre los problemas de la juventud inmigrante indocumentada y la educación. Tancredo exigió que el Servicio de Inmigración y Naturalización arreste y deporte la familia que figuró en el artículo. Organizaciones y gente de la comunidad salieron en defensa de la familia. Poco después Tancredo recibió unas críticas cuando unos cuantos inmigrantes indocumentados le dijeron al Denver Post que ellos habían trabajado remodelando la casa del congresista.

Entre las organizaciones que están apoyando estos proyectos activamente están el Concilio de la Raza, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, el Fondo Méjicoamericano para la Defensa Legal y la Educación, los Estudiantes Unidos contra Talleres Explotadores, la Asociación Nacional de Padres y Maestros, la AFL-CIO, la Alianza Laboral Asiática Pacífico y la Fundación “Tengo un Sueño”.