En un insulto al presidente Obama, el gobernador republicano de Texas, Rick Perry, permitió en la noche de este jueves la ejecución de un ciudadano mexicano, aunque tal acción queda en violación a las obligaciones contratadas por EEUU bajo la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares con los estados de la unión norteamericana.
La Convención de Viena estipula, entre otras provisiones, que los ciudadanos de un país detenidos en otro tienen el derecho de consultar "sin tardanza" con el consulado de su propio país, y a ser informado de tal derecho por las autoridades que lo mantengan detenido. Si se lo pide el detenido, la policía tiene que tomar la iniciativa con, por ejemplo, el envío por fax de información pertinente al consulado del país del detenido.
A pesar de esto, los gobiernos estatales y en especial el de Texas, han desconocido sin más a la Convención de Viena y ni permiten a los extranjeros detenidos ningún contacto con sus consulados respectivos ni les hace informar sobre sus derechos de pedirlo. Según reportes, hay algunos 11.400 ciudadanos de la República de México actualmente detenidos en las prisiones estatales de Texas, presos a los cuales se les han negado sus derechos bajo esta Convención. Uno de ellos fue Humberto Leal García, él que fue ejecutado por inyección letal este jueves. Leal, que fue llevado a EEUU como niño sin papeles, fue hallado culpable de haber asaltado y asesinado a una jovencita de 16 años, Adria Sauceda, en 1994 cuando él estaba bajo la influencia de drogas y alcohol. Por medio de sus abogados, él argumentaba que no hubiera sido hallado culpable, ni mucho menos condenado a la muerte, si hubiera sido informado de sus derechos y si hubiera podido coordinar su defensa legal con el consulado mexicano. Sin embargo, antes de ser ejecutado, reconoció su responsabilidad por el asesinado y pidió a la familia de la víctima su perdón.
Esto todo lo hemos visto antes. Durante la década de los 1990, Texas argumentó similarmente que la Convención de Viena no se aplica a los ciudadanos extranjeros condenados a muerte en Texas, porque aunque el Congreso federal haya aprobado la Convención de Viena, que por eso llegó a ser parte íntegra del corpus legal norteamericano, el Congreso nunca ha pasado legislación específica ordenándoles a los estados a cumplir con el tratado. Sin embargo, varios comentarios de Perry y sus partidarios han provocado dudas sobre si en Texas reconocen la misma aplicación a su entidad de los tratados internacionales firmados por EEUU. La ultraderecha ha reclamado que la misma existencia de tales tratados constituye una injerencia extranjera a los procedimientos judiciales norteamericanos. Y también puede tiene cierta relevancia el hecho de que Perry está pensando en ofrecerse como candidato republicano a la presidencia en 2011 sobre una plataforma fiera de "ley y orden".
Hasta el ex presidente George W. Bush, luego de cierto tiempo, trató de empujar a Texas a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de Viena, llegando a entender que la Convención protege no solamente a los ciudadanos extranjeros detenidos en EEUU, pero también a los ciudadanos norteamericanos arrestados en el extranjero. Es de notar la rapidez con que gritan los norteamericanos detenidos en México y en otras partes que "Exijo hablar con el Consulado Norteamericano." Y generalmente se les concede este derecho, un derecho que Perry busca negar a los arrestados en su estado.
Durante la administración Bush llegó el caso a la Suprema Corte de EEUU, que, reflejando su mayoría ultraderechista, dictaminó en 2008 a favor de Texas, que las autoridades tejanas no tienen que acatarse a la Convención de Viena porque el Congreso nunca ha aprobado legislación obligándolo a hacerlo. De igual manera, evidencias obtenidas en casos en los cuales contacto consular fue negado no pueden ser desconocidas debido a la contravención de la provisiones de la Convención. Bajo esta lógica, solo los presos federales tienen que ser concedidos sus derechos bajo Viena, pero son solamente una pequeña minoría de todos los extranjeros arrestados en EEUU cada año. Los demás países signatarios del tratado no hacen reclamos similares.
El presidente Obama pidió a la Suprema Corte prorrogar la ejecución mientras que estaba bajo consideración en el Congreso una propuesta de ley ofrecida por el senador Patrick Leahy, Demócrata por Vermont, que les ordenaría de manera positiva a los estados a cumplir con las provisiones de la Convención de Viena.
Numerosas figuras públicas, incluyendo a oficiales militares, pedían a Perry que se prorrogara la ejecución, estos últimos porque los activos militares norteamericanos desplegados en otros países bien pudieran ser sujetados a una prosecución injusta si se reconociera que EEUU haya renunciado su participación en el pacto. Sin embargo, la Suprema Corte, por un voto de 5 a 4, se negó a prorrogar la ejecución del preso, y Perry la dejó proceder, la última de algunas 200 ejecuciones realizadas en Texas bajo su mando.
