Ciudadanos estadounidenses como Héctor Veloz, residente de Los Ángeles, se encuentran entre decenas de miles que están pudriéndose en las cárceles de inmigración sin ni tener una vista para determinar se merecen estar detenidos.

“Mi caso fue tan irónico”, dijo Veloz. “Soy un ciudadano de Estados Unidos, pero me detuvieron por 13 meses y empezaron el proceso de deportación. Porque la prisión está en Arizona y mi familia vive en California, no pude ver a mi hijo Jerónimo ni una vez durante los 13 meses”.

Los horribles detalles de lo que le pasó se pueden encontrar en el informe publicado el mes pasado por Amnistía Internacional.

El padre de Veloz es un ciudadano estadounidense, un veterano de la guerra en Vietnam que fue herido. Su madre, una inmigrante mexicana, conoció a su padre en EEUU antes de que desplegaran a su padre a la guerra.

Veloz fue detenido en Los Ángeles por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y se lo llevaron directamente por avión al Centro de Detención Eloy en Arizona, donde estuvo desde junio 2007 hasta julio 2008. Este centro de detención privado es uno de varios de la Corrections Corporation of America, la compañía de cárceles privadas más grande del país.

“Yo le enseñé mi certificado de nacimiento y él de mi padre y el acta de matrimonio de mis padres. Pero ellos querían más pruebas y seguían procesando mi deportación, aunque no dudaron de ningunos de mis documentos”, dijo Veloz.

“Fue una prisión terrible”, dijo él de la cárcel donde fue encerrado con otros trabajadores, ambos con papeles y sin, igualmente que con gente buscando asilo, víctimas del tráfico de gente, niños y otros ciudadanos estadounidenses. Estuvieron detenidos por una corporación privada aunque no fueron ni acusados ni encontrado culpable de ningún delito, y se le negaba el derecho a ver un abogado o que los tribunales examinen sus caso. Después de estar encerrado por 13 meses, por fin soltaron a Veloz.

El reporte de Amnistía Internacional dice que el número de gente detenidos en circunstancias similares ha aumentado durante los ocho años de la administración Bush a como 300.000 cada año. El reporte lo tilda de “un escándalo de derechos humanos”.

Si las dos federaciones sindicales en Estados Unidos tuvieran el poder, lo que le pasó a Velos jamás pasaría.

La federación Cambiar para Ganar (Change to Win, en inglés) y la AFL-CIO publicaron la semana pasada lo que llaman un “mapa” hacia la reforma migratoria que, entre otras cosas, limitaría el poder de agentes gubernamentales a detener a trabajadores y enviarlos a un centro de detención sin por lo menos tener una audiencia justa. El abril 17, el ex secretario del Trabajo, Ray Marshall, reveló el “marco” de reforma migratoria del movimiento sindical en el Congreso donde esperan conseguir apoyo.

Una parte clave del “marco” es el llamado a favor de la creación de un proceso efectivo para autorizar que inmigrantes tengan permiso para trabajar. Los sindicatos apelan por botar el sistema actual “E-verify” que ha sido desacreditado. “E-verify” usa la información del sistema de Seguro Social para “verificar” la identidad. Marshall notó que los “sindicatos han retando este sistema en los tribunales por los muchos errores de identidad y documentos y por estar preocupados por la privacidad y el proceso debido”. Él dijo que la idea es la de crear un sistema en el cual los trabajadores controlan su información personal y le de a profesionales federales bien adiestrados, y no a los patronos, la responsabilidad de verificar el estado migratorio del solicitante.

Otra parte fortalecería el hacer cumplir con las leyes laborales y derechos de negociar colectivamente para todos los trabajadores. Marshall dijo que el no cumplir con las leyes laborales y la debilidad de los derechos de negociar colectivamente lo hace difícil para que los trabajadores se protejan, “una precondición necesaria para cumplir con las leyes laborales”.

El plan prohibiría que las autoridades de inmigración entre en los sitios de trabajo donde hay una disputa laboral. Está muy claro que muchas de las redadas más grande durante los años de la presidencia Bush tomaron lugar para o debilitar o destruir campañas de sindicalización en plantas grandes.

El “mapa” sindical apela por una vía a la legalización para los 12 millones de inmigrantes indocumentados que ya están en el país y en contra de los abusos que son parte de los programas de “trabajadores huéspedes”.

El plan se opone a las prácticas actuales en la cual un trabajador “huésped” es no más que un esclavo para una compañía particular. Teniendo un problema con un supervisor puede ser razón suficiente para expulsarlo del país. El plan busca poner fin a esta práctica y severamente limitar el crecimiento de tales programas para el futuro.

Tres sindicatos, Trabajadores de Alimentos y Comerciales (UFCW – siglas en inglés), Trabajadores Agrícolas Unidos, y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, estaban muy envueltos en elaborar este plan debido a que una alta proporción de sus miembros son inmigrantes.

Joe Hansen, presidente del UFCW, dijo, “El sistema de inmigración de nuestra nación no está trabajando para nadie – ni para los trabajadores inmigrantes que son a diario explotados por las compañías, ni para los trabajadores nacidos en EEUU cuyas normas de vida son minadas por la creación de una nueva subclase”.

“La elaboración de una posición fija unida sindical, una posición basada en los derechos de los trabajadores, nos pone en la vía a una solución legislativa”, dijo John Sweeney, presidente de la AFL-CIO. “El movimiento sindical está hablando con una sola voz, para presionar al Congreso y a la Casa Blanca a crear un sistema que protege a todos los trabajadores – a los que trabajando en la economía clandestina y a los que tienen todos los derechos”.