CHICAGO – Están creciendo las preocupaciones sobre la detención por el gobierno de José Padilla sin formularle ningunos cargos criminales. En una reunión cerrada de la Comisión Judicial del Senado el 13 de junio, oficiales del departamento de Justicia dijeron que iban a tener a Padilla encerrado hasta que la administración Bush decida que ha terminado la “guerra contra el terrorismo”. El gobierno dice que no le va a formular cargos.

Padilla fue arrestado el 8 de mayo pero no fue hasta el 10 de junio que el secretario de Justicia, John Ashcroft, lo dijo que era sospechoso de terrorismo, diciendo que el gobierno había descubierto “un complot terrorista par atacar a Estados Unidos usando una ‘bomba sucia.’“ No se presentó ninguna evidencia concreta.

Sin embargo, la administración Bush ha declarado a Padilla, un ciudadano estadounidense nacido en Brooklyn, Nueva York, un “combatiente enemigo.” El gobierno lo puso bajo custodia militar el 10 de junio, y así evitando el requisito de tener que formularle cargos o soltarlo.

El tratamiento de Padilla por la administración Bush señala algo nuevo y peligroso dicen defensores de libertades civiles. Hasta ahora, el gobierno ha aplicado las medidas represivas del Acta Patriota en contra de los que no con ciudadanos. El caso Padilla demuestra que esta distinción “fácilmente se le escapa” a la administración Bush, le dijo David Cole, profesor de derechos de la Universidad Georgetown, le dijo a esta periodista.

Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Americana por Libertades Civiles (ACLU por sus siglas in inglés), dijo “Si a uno que no es ciudadano como Zacarias Moussaoui puede ser juzgado en una corte de derechos normal, seguramente a un ciudadano de EEUU se le puede dar el mismo acceso a la justicia. El gobierno ha fallado en justificar porqué nuestro sistema tradicional de justicia norteamericana no se debe aplicar al caso de José Padilla.”

Donna Newman, abogada de Padilla, dice que la condición de combatiente enemigo no aplica a Padilla porque el Congreso no ha declarado la guerra. Newman le dijo a CNN que ella no tiene ninguna idea de cuando o si ella será permitida a ver su cliente. Ella dice que se le está negando el derecho a una abogada, el derecho de un proceso debido, y el derecho de que un jurado lo acuse. “La última vez que yo miré a la Constitución, él todavía tenía derechos constitucionales,” dijo Newman a la prensa. Este caso debe ser “una preocupación constitucional para todos,” ella dijo.

El caso Padilla es uno de muchos que está causando preocupaciones por cuestiones de libertades civiles. El Centro de Derechos Constitucionales (CDC) hizo una demanda el 17 de abril de parte de más de 80 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización desde el 11 de septiembre, sin cargos criminales ni evidencia de estar envueltos en terrorismo. La demanda acusa que los arrestados son sujetos a palizas, abuso verbal, confinados incomunicados y que se le ha negado practicar su religión.

Bill Goodman, director legal del CDC, dijo que el FBI y la Inmigración “están envueltos en un asalto de escala mayor en contra de la Carta de Derechos ... Lo que hacen [el departamento de Justicia, el FBI y la Inmigración] es usar las leyes de inmigración como pretexto para burlarse de los derechos constitucionales y, en hacerlo, han violados esos derechos en una escala masiva.”

La administración está “sacrificando los derechos de algunos, supuestamente en favor de la seguridad para el resto de nosotros,” nos dijo el experto sobre derechos civiles Cole.

Cole dijo que estos caso se alejan de la culpabilidad individual por delincuencia y nos conlleva a la “culpabilidad por asociación”. La administración Bush está haciendo que sea un delito apoyar a organizaciones legales, “encerrando a gente, no por su conducta, sino por unas vagas asociaciones,” dijo él.

En Defensa de la Libertad, una coalición de más de 30 grupos de libertades civiles, enviaron una carta a los comités judiciales de ambas cámaras del Congreso, oponiéndose a los cambios de Ashcroft que permite al FBI vigilar a organizaciones religiosas y políticas legales.