Una de las razones que los que se oponen a los trabajadores indocumentados dicen tener es que los inmigrantes sin papeles son una sangría para la economía del país y de los gobiernos locales. Dicen que usan servicios o crean problemas que le cuesta a los contribuyentes porque los indocumentados no pagan impuestos. Aunque los antiinmigrantes no quieran creerlo estudios encuentran que esto no es verdad.

Los indocumentados contribuyen $7 mil millones al Seguro Social y mil millón y medio para Medicare de lo que reciben en beneficios, según las investigaciones de la Academia Nacional de Ciencias. Una mayoría abrumadora de los indocumentados no va a recibir ni un centavo de lo que contribuyen, al contrario del ciudadano o residente permanente que casi todos reciben beneficios.

Además contribuyen a los negocios al ser pagado menos que un ciudadano o inmigrantes con papeles. Y al ser despedidos, muchos no colectan beneficios de desempleo.

Pero eso no es todo.

Aunque muchos indocumentados envían de sus salarios miserables fondos a sus familiares en su país de origen, el resto lo gastan localmente. De esta manera también ellos contribuyen al bienestar de todos, proveyendo ganancias a los negocios locales que también pagan sus impuestos a los municipios, condados y estados.

Este aporte a la economía local es una lección que está aprendiendo el pueblo de Riverside, Nueva Jersey.

El gobierno de Riverside siguió a Hazleton, Pennsylvania, (que perdió el caso en el tribunal federal) en promulgar una ordenanza contra los indocumentados el año pasado. Esto resultó en que muchos indocumentados brasileños y de otros países, se fueran del pueblo. En turno muchos negocios donde compraban los indocumentados y sus familiares, entre estos gente con papeles y hasta ciudadanos, o cerraron o tuvieron que darle de baja a muchos empleados debido a la falta de ingreso. Claro está que al no tener trabajo estos empleados tendrán menos que gastar en Riverside, aumentando la baja económica.

Los gobernantes de Riverside cambiaron de idea y anularon la ordenanza. El alcalde actual, que apoyaba la ley, dijo, “No creo que la gente aquí dieron cuenta que iba haber tal carga económica”. El alcalde previo, que perdió las elecciones, admitió que “el distrito comercial está vació”.

Que Hazleton gastó cientos de miles de dólares y todavía perdió el caso también causó a que Riverside lo pensara dos veces antes de gastar dinero en una defensa legal cuando tiene menos ingresos por el cierre de negocios.

La única solución, y a la que deben ser partidario estos municipios, es una reforma migratoria integral amplia con protección a los derechos laborales, civiles y humanos, incluyendo la unificación familiar, de los indocumentados.