El periodista puertorriqueño Jesús Dávila publicó que “El informe final del gobierno de Puerto Rico que exoneró a los agentes de Estados Unidos que mataron en 2005 al comandante del Ejército Popular Boricua-Macheteros, Filiberto Ojeda, fue alterado y se eliminó... la conclusión... que encontró prueba de asesinato”.

Ojeda desangró en una casa en el pueblo de Hormigueros el 23 de septiembre, 2005 después de que el FBI rodeara el hogar que compartía con su esposa y un francotirador disparara contra él. A pesar de que Ojeda trató de negociar y rendirse, el FBI le negó esa oportunidad.

Escribe Dávila que el secretario de Justicia de Puerto Rico, Roberto José Sánchez Ramos, junto con José Figueroa Sancha, el hombre número dos en la oficina del FBI en Puerto Rico alteraron el informe del fiscal encargado de la investigación, José Frank Nazario. Figueroa Sancha ha sido nombrado por el gobernador colonial Luis Fortuño para el puesto de la policía nacional puertorriqueña.

Dávila descubrió la diferencia, comparando el informe provisional de Nazario que se le fue entregado al periodista por Luis Abreu Elías, abogado del fallecido dirigente independentista, con el reporte final.

“Al comparar ambos documentos, se encontró que mientras lo que había planteado el fiscal Nazario era que todavía no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones porque faltaba evidencia en poder del FBI, el informe final decretó su ‘cierre y archivo’. Pero las diferencias entre los dos textos resultaron todavía mucho más graves”, escribe Dávila.

El documento original dice, “la prueba tiende a demostrar que, las circunstancias que mediaron al causar la muerte de Filiberto Ojeda Ríos, puede configurar el delito de asesinato”, mientras que el producto final concluye con “a pesar de todas las irregularidades, la prueba recopilada por este Departamento es insuficiente para establecer… que uno o más de los oficiales federales concernidos incurrieron en conducta criminal al efectuar el operativo”.