Nuevos reportajes de tortura de detenidos por personal de Estados Unidos parece mostrar un sistema global policiaco descontrolado bajo la administración Bush. Esta semana el grupo Human Rights Watch acusó que agentes del FBI estadounidense operando en Paquistán repetidamente interrogaron y amenazaron a dos ciudadanos estadounidenses de origen paquistaní que fueron detenido ilegalmente y sujetos a torturas por los servicios de seguridad de Paquistán. Los dos fueron secuestrados de sus hogares en Karachi durante la noche el pasado agosto y puesto en libertad este abril sin tener ningunos cargos formulados en su contra. Durante ocho meses de interrogaciones y torturas, ellos fueron cuestionados por agentes del FBI seis veces. Estos agentes no hicieron nada para parar las torturas o proveer ayuda del consulado. En vez, de acuerdo al grupo de derechos humanos, los agentes amenazaron con enviar a los dos a Guantánamo si no confesaban que estaban envueltos en grupos terroristas.

El diario The New York Times publicó la semana pasado un informe alarmante sobre tortura y abusos en el centro estadounidense de detención en Bagram, Afganistán. Ese informe fue basado en documentos divulgados de una investigación por el Ejército sobre la muerte de dos detenidos afganos en el 2002. Los macabros detalles incluyen:

• una interrogadora femenina que le gustaba humillar se paró sobre el pescuezo de un detenido y le dio patadas a otro en los genitales;

• un preso encadenado fue forzado a mecerse en el piso y besar las botas de sus dos interrogadores mientras mecía;

• forzaron a un prisionero sacar tapas plásticas de botellas de un bidón con una mezcla de excremento y agua como parte de una estrategia para ablandarlo para interrogarlo;

• le pegaban a muchos al lado de la pierna, poco más arriba de la rodilla – golpe que puede incapacitar a uno. Un policía envuelto en entrenamiento en el Fuerte Dix de Nueva Jersey, le dijo a un soldado que él jamás usaría tal golpe porque puede romperle las piernas a los presos, pero, según el diario The New York Times, en Afganistán las reglas usuales no aplicaban;

• un interrogador del Ejército, conocido por sus colegas como “el Rey de la Tortura” sacó su pene y lo puso en la cara de un prisionero y lo amenazó con violarlo.

La autopsia de los dos detenidos muestran que las muertes se debieron a traumas causadas por golpes a las piernas, y varios soldados le dijeron a los investigadores que se le pegó a los dos repetidamente mientras estaban esposados y endadenados. No obstante, inicialmente los investigadores recomendaron cerrar el caso sin formular ningunos cargos criminales.

Con el tiempo el Ejército encontró que hubo “causa probable” para acusar a 27 oficiales y soldados, pero en dos años solo han acusado a dos, y nadie ha sido convicto.

Muchos de los interrogadores de Bagram y su oficial de operaciones, la capitán Carolyn Wood, fueron desplegados a Irak en el 2003 y “se encargaron de las interrogaciones en la prisión Abu Graib”, reportó el New York Times. “De acuerdo a la investigación de alto nivel del Ejército el año pasado, la capitán Wood aplicó técnicas ahí que fueron ‘notablemente similar’ a las que se usaron en Bagram”, dice el informe.

Nuevos documentos del Ejército que salieron a la luz pública por una orden judicial la semana pasada están llenos de instantes de torturas y abuso por las fuerzas estadounidense. En Ramadi, Irak, en el 2003, un capitán del Ejército tomo un soldador iraquí al desierto donde lo hizo excavar su propia fosa, lo amenazaron con la muerte e hizo que otros soldados disparar. Un sargento del Ejército tumbó a un detenido iraquí al suelo y lo pateó varias veces en la ingle, el vientre y la cabeza y animó a soldados hacer lo mismo. Otro sargento aguantó abierta las piernas de un detenido mientras otro soldado lo pateaba en la ingle, el vientre y la cabeza. A dos hombres iraquíes detenidos en Samarra los llevaron a un puente donde un líder de un escuadrón ordenó que los lanzara al río. Uno de los iraquíes no podía nadar y se ahogó. Un soldado le dijo a los investigadores que el mando instruyeron a los soldados a no cooperar con la investigación, y que nieguen que lanzaron a los hombres al río.

Los documentos de cais 2.000 páginas salieron a la luz pública después que un tribunal federal ordenó al departamento de Defensa cumplir con la petición bajo la Ley de Libertad de Información que hizo la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), el Centro para los Derechos Constitucionales, Médicos por los Derechos Humanos, Veteranos por el Sentido Común y los Veteranos por la Paz.

En marzo de este año la ACLU y varios otros grupos hicieron una demanda contra el secretario de Defensa Donald Rumsfeld actuando de parte de ocho detenidos que fueron “sujetos a la tortura y otro tratamiento cruel, inhumano o degradante”. Uno fue detenido en Kandajar y Bagram, Afganistán, en julio y agosto del 2003. Su tratamiento incluía “palizas, poniéndolo en posiciones calculadas a causar dolor, abuso verbal de naturaleza sexual, humillándolo a través de fotografiándolo desnudo, negándole agua, privándolo a propósito de medicamentos necesario agravado por el abuso físico, exponiéndolo a propósito a temperaturas extremas peligrosas y privándolo del sueño”.

Otro demandante, detenido por los militares estadounidenses en varios sitios en Irak desde julio del 2003 hasta junio del 2004, fue sujeto a “palizas severas hasta llegar a perder el conocimiento, puñaladas y mutilaciones, aislamiento mientras desnudo y encapuchado en una caja parecida a un ataúd, privación prolongada del sueño a través de palizas, privación de alimento y agua adecuada, haciendo que lo estaban ejecutando y amenazas de muerte”. Un detenido iraquí dijo que los soldados se burlaban de él haciendo que un

perro coja el Corán con su boca.

“Mientras la Casa Blanca le echa la culpa a la revista Newsweek por causar daño a la reputación de América en el mundo musulmán, la investigaciones del mismo Ejército muestran que hubo abuso y humillación sistemática de los hombres musulmanes por las fuerzas estadounidenses en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU. Él dijo que “alto oficiales que permitieron la continuación de los abusos y las torturas tienen que ser considerados responsables”.