Los asesinatos de sindicalistas colombianos sigue con impunidad fue el mensaje que recibieron los congresistas en .a Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes en las vistas públicas celebradas el 12 de febrero en Washington.

George Miller, demócrata por y presidente de la comisión, dijo antes de los testimonios que tenía la esperanza de que “podamos empezar a buscar soluciones para asegurar que estos asesinatos se lleven a la justicia y que los trabajadores colombianos tengan los derechos laborales básicos que todos los trabajadores merecen”.

Miller notó que el ex director de espionaje del presidente álvaro Uribe le entregó a los grupos paramilitares derechistas los nombres de dirigentes sindicales “bajo protección gubernamental” para ser asesinados y que estos paramilitares reciben dinero de corporaciones colombianas y multinacionales.

El testimonio más triste vino de Yessika Hoyos Morales, hija del dirigente sindical Jorge Darío Hoyos Franco, asesinado en la noche de marzo 3, 2001. Hoyos Morles dijo que su padre había recibido muchas amenazas debido a su lucha sindical por los obreros mineros. Contó que ambos, su padre y los elementos de la derecha y las corporaciones cumplieron con sus palabras. Los sicarios mataron a su padre y él jamás dejó de luchar por el pueblo.

Hoyos contó que hubieron dos asesinatos, el primero él de su padre y el segundo, las amenazas que buscan crear la impunidad y el olvido.

Subrayando las palabras de Hoyos Morales estaba un ex juez criminal colombiano, José Nirio Sánchez. Él dijo que tenía jurisdicción nacional sobre los crímenes cometidos en contra de los sindicalistas. Él falló contra ocho culpables.

Sánchez dijo que hay un patrón cuando matan a un sindicalista. Primero, el fiscal ordena una investigación pero no hace nada. Después mal clasifican al delito como otra cosa y se niegan a buscar quien ordenó el asesinato.

El juez dijo que por fin acusaron a un tal Monroy, teniente de la policía. Monroy fue juzgado sin estar en el tribunal por ser “fugitivo” y fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber ordenado el delito de matar a sindicalista Hoyos. No obstante, nadie le dijo al juez que Monroy había muerto el año anterior.

Además, dijo Hoyos Morales, a Monroy lo “despidieron” de la policía retroactivamente a febrero del 2001 para que el gobierno pueda decir que no era agente. Sin embargo, las investigaciones mostraron que el crimen fue planeado en diciembre del 2000.

José Luciano Sanin Vásquez, de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, dijo que 2.694 sindicalistas fueron asesinados desde enero 1986 hasta 31 de diciembre 2008. Eso es un promedio de uno cada tres días. Más de 60 por ciento de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos, dijo él.

Él habló de que no solo son víctimas de asesinatos sino también de otros tipos de violencia. En esos 23 años, se sabe de 9.911, un promedio de uno cada día, actos de violencia en contra de estos luchadores por la clase trabajadora. Esto incluye allanamientos ilegales y arrestos arbitrarios.

Sanin Vásquez dijo que 3.470, eso es 35 por ciento, de estos han sido durante el mandato del presidente actual, Álvaro Uribe. De los asesinatos, 18 por ciento también fueron durante este gobierno derechista. Esto van en contra de las declaraciones del gobierno colombiano y sus partidarios en el extranjero de que bajo Uribe las muertes de activistas laborales se ha rebajado.