Activistas de derechos civiles dicen que la orden del 2 de agosto de la juez de la Corte de Distrito, Gladys Kessler, que el departamento de Justicia tiene que hacer público los nombres de los detenidos desde el 11 de septiembre es un importante rechazo a la política de la administración Bush de detención secreta.

Kessler llamó a los arrestos secretos “odiosos para una sociedad democrática,” y dijo que “la primera prioridad de la rama de lo judicial tiene que ser asegurar que nuestro gobierno siempre opere dentro de las limitaciones constitucionales y establecidas por ley que distinguen una democracia de una dictadura.” Su decisión fue tomada por una demanda bajo la ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés) que fue hecha por 23 organizaciones de derechos y libertades civiles.

Lucas Guttentag, director del Proyecto de Derechos del Inmigrante de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles (ACLU por siglas en inglés) nacional, llamó la decisión “un rechazo significante a los intentos continuos del secretario de Justicia de tratar de ocultar las acciones del gobierno, haciendo cosas en secreto contrario a los valores fundamentales norteamericanos.”

Ed Yohnka, director de comunicaciones de la ACLU de Illinois, le dijo a esta periodista que la decisión de Kessler “hace dos cosas que son increíblemente importante: Una, restablece la idea de que la rama judicial tiene un papel importante que jugar en evaluar las acciones de la rama ejecutiva. Dos, establece límites para que la administración no pueda envolverse en procedimientos secretos.”

Él llamó las actividades secretas de la administración “antitético a nuestro sistema de gobierno, a la Primera Enmienda, y a los requisitos de la FOIA,” y dijo que el papel independiente de las cortes que es “absolutamente crítico a gobierno constitucional” ha sido “minado” por la administración Bush desde el 11 de septiembre.

El senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, dijo que la decisión de Kessler “pone a la ley más alto que el unilateralismo del departamento de Justicia.”

Elliot Mincberg, director legal de la Fundación Gente para la Manera Norteamericana (PFAWF por sus siglas en inglés) dijo que la decisión de Kessler “demuestra que el gobierno no puede detener gente con indiferencia – muchas veces por violaciones rutinaria por inmigración o como testigo – mientras el pueblo norteamericano no sabe nada de las detenciones.”

“El pueblo norteamericano tiene el derecho de saber qué el gobierno está haciendo en su nombre,” dijo Mincberg. Él siguió diciendo que por detener un número desconocido de gente sin formularles cargos y “sin ni dejar saber sus nombres, el gobierno minimiza el papel de [las cortes] para proteger los derechos” del pueblo en Estados Unidos.

Abogados y grupos trabajando con las familias de los detenidos dicen que hay mucha incertidumbre sobre el número de gente detenidos por el gobierno, donde están y su status.

Llamando la atención a las historias de familias de los desaparecidos bajo las dictaduras en Argentina y Chile, Monami Maulik de Desis Rising Up and Moving (DRUM), una organización de sur asiáticos de bajo ingreso viviendo en la Ciudad de Nueva York nos dijo que los familiares de los detenidos y grupos como el de ella han dedicado mucho tiempo y recursos para aprender el paradero y el status de los arrestados.

Los cambian de una cárcel a otra casi semanal, ella dijo, y han habido deportaciones masivas. La más reciente de un grupo de Pakistán. Estos detenidos han vivido en EEUU de por varios meses a 20 o 25 años dijo ella. Con pocas excepciones, no se le han formulado cargos de estar envueltos o tener información sobre el terrorismo o grupos terroristas. La mayoría están acusado de violaciones de reglas de inmigración, muchas veces insignificantes. Estas son violaciones civiles que no merecen encarcelamiento.

Yohnka dijo que él espera ver más demandas en las cortes como esta, notando que un número de casos están ya en las cortes. También, él dijo, “uno empieza a ver un sentido real de dudas con estar de acuerdo con cualquier cosa [de la administración Bush] de parte de los miembros del Congreso.” Él citó desacuerdos de parte de republicanos a la propuesta TIPS de la administración, que pondría a estadounidenses a espiarse una al otro.”

Yohnka le dijo a esta escritora que él ve tres áreas amplias en los ataques de la administración Bush contra las libertades civiles. Una es “hacer cumplir las leyes sin la revisión tradicional de una corte independiente.”

La segunda es “una autoridad más y más intrusa,” como demuestra el Acta Patriota, aflojar las restricciones contra el espionaje de parte del FBI, y la movidas del secretario de Justicia Ashcroft de escuchar y ver las comunicaciones entre abogado y cliente. “No hay ninguna evidencia de que el 11 de septiembre se pudo haber evitado de cualquier forma con más formas de recoger información,” él dijo. “Sin embargo, todo se está moviendo en esa dirección.”

El tercer área de la administración Bush es la de “secretos continuos” que quepa en la agenda de la Casa Blanca, él dijo. Es “fundamental a la Primera Enmienda que tengamos un gobierno abierto,” él comentó. “Nosotros no podemos tener un debate pleno sobre las acciones del gobierno si no sabemos lo que está haciendo.”

Maulik dijo que una prioridad ahora es poner presión pública para asegurar que los detenidos reciban procedimientos judiciales, acceso a servicios legales, y, citando reportes de abuso físico y verbal de los detenidos en el área de Nueva York, trato adecuado.

Las organizaciones en la demanda incluyen la ACLU, Comité Árabe Norteamericano Contra la Discriminación, Centro para Estudios de Seguridad Nacional, PFAWF, y el Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa.

La corte de dio al departamento de Justicia 15 días para producir los nombres. Se espera que el gobierno apele la decisión.

Se puede comunicar con la escritora al suewebb@pww.org