En 1985, diez años después de la muerte del dictador fascista Francisco Franco, el gobierno español aprobó una ley que permitía abortos en los casos de violación, malformación del feto y cuando la salud mental o física de la mujer embarazada se considera en riesgo.

En ese momento, esto fue un gran paso hacia delante, dado los casi 50 años de yugo fascista y de dominio de la sociedad española por la jerarquía católica de extrema derecha.

Ahora se esta considerando una nueva ronda de reformas, iniciada por el gobierno socialista del Primer Ministro José Luis Zapatero entre una serie de medidas que están aprobando desde su llegada al poder en 2004, que incluye la legalización de bodas entre personas del mismo sexo, permitir divorcios rápidos y incrementar los derechos de las personas transexuales.

Bajo la reforma propuesta, se permitiría practicar abortos libres en mujeres desde los 16 años hasta la semana 14 del embarazo, y hasta las 22 semanas si hay riesgo para la salud de la madre o si se da malformación del feto. Las mujeres también pueden someterse al procedimiento después de 22 semanas si el feto tiene una enfermedad seria o incurable.

El 28 de septiembre, una concentración convocada por la "Campanya Pel Dret a l'avortament Liure i Gratuït" señaló el Día Internacional para la Despenalización del Aborto. La manifestación pedía al gobierno de Catalunya que aprobara una "buena ley", con un número de componentes esenciales: despenalización del aborto, que la ley extienda el periodo para un aborto por decisión de la mujer como mínimo de 14 a 24 semanas, y que el sistema público de salud sexual y reproductiva sea reformado y mejorado para proporcionar un cuidado uniforme y de alta calidad.

Una portavoz del grupo dijo, "En realidad, lo que pedimos es que el aborto sea realizado en la sanidad pública, con calidad y en todas las comunidades autónomas." (España es dividido en 17 "comunidades," cuyas gobiernos controlan la sanidad pública, educación, cultura, servicios sociales y otras cosas.)

Zapatero ha afirmado que el gobierno no debería "intervenir en la decisión libre y privada de la mujer, quien tiene que asumir la responsabilidad del embarazo para su vida entera".